Desde este martes se inició el cese de actividades en las 195 oficinas que hay a nivel nacional de la Superintendencia de Notariado y Registro, liderado por todos los sindicatos.
Los funcionarios tomaron esta medida debido al incumplimiento en lo pactado con el Gobierno Nacional, que les había prometido realizar una serie de jornadas para consensuar las problemáticas que atraviesa este sector de la rama judicial.
“En el pliego nacional de peticiones que hicieron las Centrales Obreras, quedó pactado que se deberían crear unas jornadas de trabajo para acordar puntos fundamentales. En ese orden de ideas se realizaron algunas jornadas donde deberían estar funcionarios del estado, pero enviaban personas que no tenían mayor influencia y parecía una vacilación. Esto rebosó la copa”, comentó, Gerardo Ordoñez miembro del sindicato y funcionario de la dependencia en Neiva.
Las exigencias que le hacen al Gobierno Nacional, están relacionadas con la asignación presupuestal, nivelación salarial y ampliación de la planta de personal.
De acuerdo con lo expresado por el sindicato, del 100% del presupuesto destinado para el sector Justicia en el país, solo el 28% recibe la Superintendencia de Notariado y Registro, razón por la cual existen inconsistencias en el funcionamiento, deterioro en la infraestructura, falta de insumos y de personal.
“Esta es la oficina que recibe el dinero pero nosotros somos los más mal pagos de todos las dependencias”
Este cese de actividades ha perjudicado la realización de trámites como la expedición de certificados, recepción de documentos de venta, embargo y demás servicios; lo que afecta en promedio los ingresos de este sector en al menos 50 millones de pesos diarios. El único servicio que se está prestando es el derecho fundamental de la tutela.