Los duros reparos del exvicepresidente Germán Vargas Lleras a la cesión de la concesión vial Neiva-Mocoa-Santana desataron una nueva ‘cascada’ de reacciones. Unos lo apoyan y otros le devuelven las pullas. La controversia no para.
Una nueva oleada de reacciones desató los fuertes reparos que lanzó el exvicepresidente de la República y jefe del partido político Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, a la cesión de la concesión vial Neiva-Mocoa-Santana, que a juicio de él, representa un “premio” para la firma privada que se le adjudicó el proyecto.
Según Vargas Lleras, resulta “increíble” que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, no haya decretado la caducidad del contrato y procedido a licitar nuevamente la obra. “Ahora resulta que el grupo Solarte quiere ceder el contrato. Vaya, vaya. Un premio para una firma que no solo ha incumplido ostensiblemente sus compromisos en este contrato, sino también en el de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, Bucaramanga-Pamplona y Neiva-Girardot, que también presenta demoras en el cronograma de entrega”.
Si bien el mismo Gobierno Nacional, a través del presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, y senadores como Ernesto Macías Tovar y Rodrigo Villalba Mosquera, le salieron al paso a Vargas Lleras, otros dirigentes huilenses se sumaron ayer a la controversia.
La diputada de la Asamblea del Huila, Sandra Hernández, fue contundente a la hora de devolverle las pullas al exvicepresidente y soltó la siguiente pregunta: “¿Dónde estaba Vargas Lleras hace tres años cuando colapsó el sur del país con el cierre de Pericongo?”. Hernández recordó así la crisis que vivió el Huila durante el primer semestre del año 2018 por cuenta de los problemas viales a la altura de Pericongo, en la vía Neiva-Pitalito.
Y ‘cargó’ de nuevo: “Hace tres años venimos solicitando al Gobierno Nacional atención oportuna a este nefasto contrato. El Dr. Vargas Lleras fue protagonista de la adjudicación y también permisivo cuando arrancó Aliadas para el Progreso con su continuo incumplimiento”.
La diputada Hernández recordó además que la caducidad del contrato se pidió en 2018, en el marco de una protesta que protagonizaron los diputados en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
En esa misma línea, se expresó el exdiputado José Eustacio Rivera, quien fue uno de los protagonistas de esa toma a la capital del país en aquella oportunidad. “Sinvergüenza el contratista, pero también sinvergüenza el exvicepresidente al rasgarse ahora las vestiduras frente a un proyecto en el que él tuvo que ver muchísimo”, declaró.
“Lo menos traumático”
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Huila, Ariel Rincón, acudió a una misiva dirigida al propio Vargas Lleras para dejar plasmada su reacción frente a la postura del exvicepresidente.
Rincón Machado le reconoce que cuando el concesionario comenzó a quedar mal en las obras, se debió decretar inmediatamente la caducidad, pero que no se hizo. “Hoy, se puso en cintura al concesionario, coincidiendo todos que lo menos traumático es permitir la cesión del contrato a un inversionista con músculo financiero para que se efectúen las obras de una vez por todas mirando hacia adelante”.
El dirigente gremial le insiste a Vargas Lleras que “declarar la caducidad actualmente sería entrar en un proceso de liquidación del contrato, de reclamaciones y eso fácilmente podría tomar de dos a tres años, tiempo durante el cual se deberían generar nuevos pliegos de condiciones para poder volver a convocar a otro concesionario”.
“Definitivamente, lo mejor en estos momentos es la cesión. Lo que sí hemos dicho siempre en todos los escenarios es que se deben honrar las deudas de Aliadas con los acreedores, como también hacer efectivas las multas al concesionario, las cuales a propósito, fueron impuestas por el actual Gobierno”, subraya el presidente de la Cámara de Comercio.
El empresario de la construcción, Diego Ospina Duque, coincidió con Rincón Machado en que la mejor salida en estos momentos es la cesión del contrato. “Nosotros como huilenses no podemos permitir la caducidad del contrato porque eso sería perder, por lo menos, dos años más, y corremos el gran riesgo de que las obras no se hagan realidad”, sostuvo el también representante del presidente Iván Duque en la junta directiva de la Cámara de Comercio.
Y sentenció: “No vamos a mirar hacia atrás. Apoyamos totalmente las decisiones que tomó la ANI”.
Cesión definitiva
El diputado, Jorge Andrés Géchem, fue más allá de la controversia planteada por Vargas Lleras y pidió que la cesión de la concesión vial se haga de manera definitiva. “El año pasado la ANI se comprometió a adelantarla con un plazo a 31 de diciembre de 2020. Llegó esa fecha y se hizo fue una cesión de manera parcial. Hace 15 días, en la tercera audiencia pública en Neiva, la ANI mencionó que creía que iba a completar la cesión en el mes de marzo o principios de abril. Esperamos que así sea y que con la cesión definitiva y completa de la concesión se pueda avanzar en la intervención de los puntos críticos y en la ejecución de los $87.000 millones anunciados para una etapa inicial”, agregó Géchem Artunduaga.
El proyecto
Según la Contraloría General de la República, el desarrollo de las obras contempladas en el marco de la concesión vial Neiva-Mocoa-Santana no cumplió con el cronograma del plan de los trabajos ni con las actividades de operación y mantenimiento del corredor concesionado.
La ANI estimó que el porcentaje de avance ejecutado del proyecto, hasta el 6 de septiembre de 2019, fecha de finalización de la etapa pre-operativa, es apenas del 2.21%.
En 2015, cuando se formalizó el proyecto, se anunció que la obra iba a arrancar con “un intercambiador en Neiva a la altura de la avenida Surabastos, la construcción de la doble calzada entre Neiva y Campoalegre, las variantes de los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante y Timaná, un tercer carril en Los Altares de Gigante, un túnel en Pericongo y la rehabilitación, repavimentación y mantenimiento durante los 25 años de la concesión del tramo entre Pitalito y el Parque Arqueológico de San Agustín”. Todo hasta ahora han sido solo palabras.
Sinvergüenzas
Germán Vargas Lleras*
Preocupado por las alarmas que nos llegan del sur del país, especialmente de los departamentos del Putumayo y del Huila, me di a la tarea de averiguar la suerte de uno de los proyectos de infraestructura vial más emblemáticos por su impacto económico y, sobre, todo social. Me refiero a la conexión vial Santa Ana-Mocoa-Neiva. Este proyecto, como se recordará, se adjudicó al llamado grupo Solarte, y el acta de inicio de la construcción se firmó en septiembre del 2016.
La obra, por un valor de 3,8 billones de pesos, actualizados a 2019, tiene una longitud de 456 kilómetros e incluye 4 puentes, dos viaductos y tres túneles. Su valor estratégico está en que conecta a Ecuador con Bogotá, a través del valle del Magdalena, sin remontar la cordillera Central. Como ya existe la conexión desde el paso fronterizo de San Miguel hasta Santa Ana, que se construyó en el gobierno anterior y cuyo costo fue de 580.000 millones, este proyecto permitirá empatar los tramos, reduciendo la duración del viaje a Bogotá, de las actuales 23 horas (Rumichaca-Cali-Bogotá) a menos de 11. Además, integrará al país vastísimas y muy ricas áreas para desarrollos agroindustriales, fomentará el comercio binacional y permitirá llevar inversión y la mano del Estado a zonas tradicionalmente olvidadas.
Pero la famosa obra tiene hoy un avance del 2,2 %. Prácticamente nada se ha hecho. El concesionario ha alegado que perdió el financiamiento de la obra y, claro, no podía ser de otra manera después de las imputaciones de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos en el proyecto Tunjuelo-Canoas durante la alcaldía de Samuel Moreno.
El contrato Santa Ana-Mocoa-Neiva no ha podido tener un peor desarrollo: en agosto de 2018 se declaró el incumplimiento grave; en septiembre de 2019 se hace efectiva la cláusula de caducidad; en abril se confirmó la caducidad, pero luego se le acepta al concesionario, creo yo ilegalmente, presentar planes remediales, todos incumplidos, hasta aquel que preveía el mantenimiento del corredor. Se le impusieron, además, dos multas por 24 .000millones, pero increíblemente la ANI no le ha decretado hasta ahora la caducidad del contrato y procedido a licitar nuevamente la obra, como le correspondería en todo rigor.
Ahora resulta que el grupo Solarte quiere ceder el contrato. Vaya, vaya. Un premio para una firma que no solo ha incumplido ostensiblemente sus compromisos en este contrato, sino también en el de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao, cuyo avance después de 5 años es 0, óigase bien, 0, y donde ya acumulan 14 procesos sancionatorios. Y el de Bucaramanga-Pamplona, donde el avance es del 10 %, muy por debajo del 40 % que deberían tener a la fecha y cuyo incumplimiento seguramente se decretará próximamente, o el de la vía Neiva-Girardot, que también presenta demoras en el cronograma de entrega.
Después del escándalo de corrupción en el proyecto Tunjuelo-Canoas se ha debido declarar la caducidad de todos los contratos del grupo Solarte, lo cual debería hacerse de inmediato. Pero lo que de ninguna manera es admisible es que ahora se pretenda autorizar la cesión del contrato Santa Ana-Mocoa-Neiva. Y con este propósito, exigir que se autoricen 4 nuevos peajes en la ruta, lo cual ya ha desatado la ira de la comunidad, o la reducción del alcance del proyecto que comprometería algunas variantes y los dos viaductos de Altamira y Pericongo. Pero nada sería más irónico que el cobro de una prima al nuevo concesionario, una firma de origen chino (China State Construction) con la que ya se tendría todo este genial operativo organizado.
El Estado no puede permitir esta burla. Debe actuar con todo rigor, y en especial los organismos de control que tienen a su disposición el vigente y aplicable control preventivo.
*Columna publicada por el exvicepresidente el domingo pasado en el diario El Tiempo.