Choque de derechos

Dos medidas tomadas por el gobierno nacional han generado un choque de derechos.

La primera, es la presentación del certificado de vacunación contra el Covid -19 para asistir a algunos sitios públicos, que ha dado buenos resultados en países como Francia, donde se han logrado incrementos en las tasas de vacunación y descensos en las de mortalidad, morbilidad y ocupación de UCI.

En consecuencia, a las personas solo les queda vacunarse y obtener el certificado o deben abstenerse de ir a ciertos lugares donde hay aglomeraciones, convirtiendo en la práctica a la vacunación en una obligación. De lo contrario, habrá un confinamiento personal, diferente al general que padecimos hace varios meses.

La segunda, es la obtención de permisos para portar las denominadas armas traumáticas. Para algunos es una decisión necesaria porque se estaban usando para múltiples delitos, para otros, es un derecho defenderse y las armas de los delincuentes no van a ser legalizadas, por lo que la estrategia terminará siendo inocua,

Ambas decisiones son controversiales, por un lado, están los derechos individuales de quienes se niegan a vacunarse o exigen que les permitan defenderse. Por el otro, están los derechos colectivos, que deberían primar sobre los individuales, los cuales se invocan para aminorar el riesgo de contagio proveniente de quien no este vacunado y restringir el porte de cualquier tipo de arma

La discusión planteada no es nueva, ni tampoco va a terminar por estas dos medidas, simplemente es consecuencia de una sociedad democrática donde los derechos son reales, y para el caso de nuestro país, estos se encuentran suficientemente respaldados en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia expedida sobre el tema.

No es fácil entonces resolver cualquiera de las dos situaciones y seguramente vendrán todo tipo de demandas y tutelas en contra de las medidas, cada quien pretenderá defender sus propios derechos invocando sus convicciones, pero mientras los decretos estén vigentes deben acatarse, así no nos gusten o los consideremos inapropiados, es antidemocrático justificar el incumplimiento de una norma por el solo hecho de estar en desacuerdo con ella.

Esperemos que las medidas no terminen generando abusos de autoridad o interpretaciones amañadas, ni mucho menos se presten para la creación de una industria de falsificación de certificados de vacunación o de trafico de permisos para portar armas, cualquiera de estas acabaría por completo con la intención de poner orden en un país que no se caracteriza por respetar los derechos de los demás y que en la pandemia demostró que la solidaridad es un asunto secundario.

 

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