El escándalo de la semana sin lugar a dudas se centró en el descubrimiento de un nuevo episodio de las denominadas “chuzadas” o interceptaciones ilegales, en esta oportunidad practicada a la ex niñera de la hasta ayer jefa de gabinete del presidente Petro Laura Sarabia, a quien le hurtaron una importante suma de dinero -aun sin precisar-, y cuyas sospechas recayeron en la nana de su pequeño hijo.
Lo que inició como un posible abuso del poder por utilizar el polígrafo del Palacio de Nariño para indagar un asunto particular, terminó en un grave episodio que enloda la imagen del Gobierno nacional, a pesar de que la orden de interceptación no vino desde Presidencia.
El tema de las chuzadas -que parecía ya superado-, surgió en la época de la presidencia de Álvaro Uribe (2009), cuando el desaparecido DAS ejecutaba operaciones ilegales de espionaje a las Altas Cortes, periodistas independientes, políticos de la oposición y defensores de derechos humanos. Dicha entidad, bajo el conocimiento de altos funcionarios, llevaron a cabo una serie de interceptaciones telefónicas y seguimientos sin autorización judicial.
Estas prácticas a todas luces violatorias de derechos fundamentales, reflejan un claro abuso del ejercicio del poder del Estado por parte de funcionarios que utilizan los medios tecnológicos y la autoridad de los agentes estatales para fines personales por fuera de la ley.
Como consecuencia de tales acciones ilegales, la justicia colombiana profirió varias sentencias en contra del Estado, por vulnerar derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre de los afectados, imponiendo reparaciones económicas que terminamos pagando todos los colombianos con nuestros impuestos.
Todo el país espera que se aclare plenamente quien dio la orden para la utilización indebida del polígrafo y la interceptación de comunicaciones privadas para objetivos completamente ajenos a los fines del Estado. Y ojalá que no tengamos que asumir una condena judicial por un posible abuso de poder.