Desde todo punto de vista son dolorosas e inquietantes las cifras relacionadas con homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio colombiano.
Según la Defensoría del Pueblo, durante los tres primeros meses de este año se presentaron 52 asesinatos. En el mes de enero se registraron 13 casos de homicidios, en febrero la cifra fue de 18 casos y en marzo alcanzó 21 casos adicionales. Los departamentos en los que más se ha presentado este tipo de crímenes son: Cauca (8 casos), Putumayo (7) y Nariño, Arauca y Norte de Santander con 4 casos cada uno.
Sobre estos hechos, el defensor del Pueblo Carlos Camargo aseguró: “Los homicidios contra los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos constituyen una grave afectación a las bases de la democracia porque son ellos quienes consagran sus vidas para defender los derechos de sus comunidades. Por eso el Estado no puede bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas que faciliten su admirable labor”.
Estas palabras del defensor fueron hechas en la presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, que busca implantar un sistema de información estadística sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y un seguimiento a las políticas públicas con enfoque de derechos.
En primer lugar, es necesario que las autoridades dirijan todos sus esfuerzos a evitar que los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos caigan en la impunidad. El primer paso para detener esta ola de crímenes es investigarlos uno a uno, esclarecer los móviles y capturar a los responsables. Esto es clave.
Es necesario además que el Estado le haga seguimiento de manera permanente a las medidas para garantizar la vida de los líderes sociales.