Suárez, además psicólogo e integrante del Comité Técnico de la Política Pública del Ministerio del Interior para la Población Lgbti en Colombia, visitó la ciudad y en conjunto con miembros de esta comunidad de Neiva discutió respecto su actualidad, necesidades y proyecciones.
“La intención de este ejercicio con la población Lgbti de Neiva es aterrizar el tema de la caracterización de la población frente a tópicos muy puntuales. Se quiere indagar en el tema de Derechos Humanos y participación en diferentes espacios o escenarios que la población ha venido resistiendo para efectos del respeto de esos derechos y sus garantías”.
“Hay un grupo muy bueno con el cual estamos trabajando este diagnóstico que se quiere hacer y queremos se pueda aterrizar en términos cualitativos frente al tema de percepciones, cómo ven ellos el tema de Derechos Humanos en Neiva, la participación y con estos insumos empezar a pensar ya en políticas públicas tanto de Neiva como del Huila”.
“Estamos aplicando una encuesta conformada por diferentes variables socio-demográficas, de accesos a servicios, salud, educación, vivienda, participación, la vulneración de Derechos Humanos. Estas nos permitirán hacer un diagnóstico mucho más puntual de la situación real de esta población en Neiva”, expresó Suárez.
Panorama
El especialista hizo un breve panorama de la situación actual de la población Lgbti no sólo en Neiva, sino también a nivel nacional.
“Cabe informar que el Departamento del Huila ya reportó en 2013 a la base nacional que recolecta la información sobre vulneración y homicidios a personas de la población, dos homicidios fuertes. Con esto quiero amarrar la situación de los derechos de la población a nivel Colombia. Y es que a pesar que tenemos sentencias, jurisprudencias y un marco normativo que ha permitido el avance de la población, aún siguen habiendo homicidios, desplazamiento, lesiones, discriminación y demás hacia la población Lgbti”.
“Así que el panorama sigue siendo muy preocupante, puesto que la voluntad política y además la percepción de la comunidad en los municipios y departamentos tiende a convertirse en un elemento que frena y que no permite avanzar en el tema de derechos de la población. Los asesinatos definitivamente deben mencionarse como crímenes. No podemos seguir pretendiendo creer como lo hace la Fiscalía u otras entidades, que son asuntos pasionales”.
“Hay crímenes de odio, asesinatos hacia la población, toda vez que siguen siendo vistos como anormales o personas que no hacen parte de la sociedad y que deben ser eliminados o discriminados o desparecidos. Esto obviamente con base en la desinformación, la ignorancia del resto de comunidad hacia la población”, agregó Suárez.
Doble moral
Aparte especial designó el psicólogo Andrés Suárez para mencionar un elemento que considera determinante en la vulneración de derechos a esta población en Colombia: la doble moral.
Andres Suárez.
“Colombia siempre va a ser un país con doble moral e intención respecto a asuntos de Lgbti, porque si bien es cierto, es un país con un Estado Social de Derecho que tiene que garantizar la inclusión y los derechos de esta población, en la práctica la comunidad, los colombianos aún siguen discriminando y matando a esta población simplemente por la orientación sexual”.
“La mayor necesidad de país es tener la política pública que pueda equiparar y garantizar los derechos universales de la población Lgbti. La estamos construyendo en este momento a través del Ministerio del Interior; esta propuesta va a traer unas recomendaciones bastantes buenas para que los entes territoriales las tengan en cuenta, para que puedan construirse a nivel de municipios y departamentos las políticas que garanticen los derechos humanos de esta población”, comentó Suarez.
Urgencia
Por último, el especialista se refirió a la urgencia de que en regiones como el Huila y ciudades capitales como Neiva, se dé la construcción e implementación de políticas públicas para garantizar los derechos de la población Lgbti.
“En este momento políticas públicas en este ámbito las tienen Medellín, Bogotá, Cundinamarca, Valle, Cali y Nariño. La vulneración de esta población es igual en todo el país, es generalizada. En algunos lugares es más visible que otras, dependiendo del reporte que se hace, porque hay activistas, líderes o lideresas que hacen reportes o denuncias a las entidades como Fiscalía, Personería, Policía, entre otras”.
“Y cuando las cosas se empiezan a nombrar se empiezan a cuantificar. Pero en muchas oportunidades hay violencia o agresión pero no hay reporte, porque, o no hay celeridad o no hay efectividad. Esto porque no hay esa política pública que respalde a esta población. Por medio de este ejercicio queremos llegar a construir incluso elementos para poder denunciar y reportar estos tipos de violencia y que las autoridades no puedan hacerse los de la vista gorda”, finalizó Andrés Suárez.
