Balance cuidadoso de los argumentos del gobierno colombiano frente al fallo de la Corte de La Haya, del alcance de las medidas que anunció el presidente Santos y de las opciones que existen para resolver las diferencias entre los dos países. ¿Se acata pero no se cumple?. Análisis.
ESPECIAL LA NACIÓN
Para el gobierno colombiano, el fallo de La Haya, que redelimitó la frontera entre Colombia marítima y Nicaragua, no es aplicable.
El presidente Santos argumenta que, según la Constitución, para modificar los límites del territorio nacional se necesita haber negociado un tratado, que el Congreso lo apruebe y el Presidente lo ratifique. Por eso el jueves 12 de septiembre recurrió a la Corte Constitucional para que “reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya”.
Esta tesis tuvo gran acogida en la opinión nacional, así como el apoyo de todos los poderes públicos y partidos políticos, incluso de aquellos sectores que, por razones muy diversas, han querido entender el pronunciamiento presidencial como un rechazo del fallo.
Sin embargo, poco después de la intervención del presidente, la canciller dejó en claro la otra cara del pronunciamiento: “En ningún momento estamos desconociendo la jurisdicción de la Corte de La Haya (…) Tampoco estamos desconociendo el fallo”. Y agregó: “quisiéramos conversar con Nicaragua y buscar un camino a un tratado que tenga por objetivo acordar temas como la pesca y seguridad. Estamos con las puertas abiertas".
En la misma serie de declaraciones, la gobernadora del departamento archipiélago, Aury Guerrero, le puso mojones al tratado: “El único tratado que aceptan los isleños es el respeto a sus derechos y la defensa integral del archipiélago”.
Uno de los abogados que participó en el diseño de esta estrategia, el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, precisó un poco más lo que significaría ese tratado: “El país debe ser compresivo, porque la consecuencia de este proceso es que Nicaragua y Colombia tienen que hacer concesiones; de lo contrario, no puede haber un tratado. (…) Obviamente cualquier tratado parte necesariamente de la premisa de que los dos Estados ceden porque buscan una solución que les convenga a ambos”.
Ante la pregunta de si Colombia tiene que olvidarse del meridiano 82, el jurista respondió: “Yo creo que sí. Pero es que la Corte de La Haya dijo en el 2007 que el meridiano 82 no es un límite. Los colombianos nos tenemos que preparar para que los límites de Colombia se establezcan mediante ese tratado”.
Un archipiélago articulado
Antes de 2001, Colombia podía haber reivindicado la unidad geográfica del archipiélago, pero nunca lo hizo pese a que se formularon propuestas en ese sentido. Los sucesivos gobiernos proyectaron los derechos marítimos del país a partir del meridiano 82 y trataron de ratificarlos mediante presencia militar y acuerdos de delimitación.
En 2007, cuando la Corte señaló que ese meridiano no es un límite, el gobierno de Uribe, que propuso una línea media entre las islas colombianas y la costa nicaragüense, pudo haber argumentado la importancia vital para los isleños de mantener la unidad el archipiélago. Pero ahora, cuando los pescadores denuncian que, pese a ser zona de libre movilidad, Nicaragua les quita la pesca cuando salen de los cayos, ¡Uribe llama a su recuperación militar!
Por su parte el presidente Santos aseguró que el de San Andrés “seguirá siendo un archipiélago completo e integrado”, y anunció un decreto donde se declare la existencia de una “zona contigua integral”, lo cual articularía a Quitasueño y a Serrana con el resto del archipiélago.
Ante esta declaración presidencial, la gobernadora dijo que “es de reconocerle al presidente el desconocimiento del fallo, interpretado así por nosotros en el momento en que determina la zona contigua de las 12 millas. También que vuelva a hablar de la integralidad de nuestro territorio, así lo concebimos y como archipiélago, así esperamos que se defienda”. También le pidió al presidente ir a las islas a explicar el alcance e implicaciones de esta decisión.
Aunque el fallo de la Corte amplió la zona económica de Nicaragua, esto no le permite ejercer soberanía; la deja sí explotar los recursos en esa zona y la obliga a conservar sus aguas, suelo y subsuelo. A su vez, a las islas colombianas les reconoció derecho a un mar territorial de 12 millas náuticas, donde Colombia podrá ejercer plena soberanía.
El decreto anunciado por el gobierno recogería las normas de la Convención del Mar sobre zonas contiguas, pero solo en lo que hace a las funciones allí establecidas para que los Estados costeros, en esas 12 millas anexas al mar territorial, ejerzan una soberanía limitada en asuntos aduaneros, fiscales, de inmigración, ambientales y sanitarios, a los que el presidente Santos agregó, además, asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia.
Este decreto no tendría efectos internacionales, a no ser que un acuerdo con Nicaragua encuentre alguna forma de manejo compartido de esas áreas –zona económica y zona contigua- que son de libre navegabilidad y donde los dos países tienen responsabilidades y oportunidades, pero donde no pueden ejercer plena soberanía.
En cierta medida, el decreto es una redefinición de los límites del archipiélago –distintos del mapa oficial y de los que estableció La Haya- cuya intención podría ser elevar la prioridad del tema de su fragmentación para tratar de resolverlo luego mediante una negociación con Nicaragua o una apelación a la Corte.
La reserva que está en peligro
Otro de los asuntos en juego en este proceso es la reserva Seaflower, la segunda en importancia en el mar Caribe, y declarada por la Unesco reserva mundial de la biosfera. Al respecto, el presidente anunció que el gobierno acudirá a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la reserva.
Al mismo tiempo proclamó su compromiso con la protección ambiental y social “con el fin de prevenir cualquier afectación o daño a nuestros pescadores y a las aguas vecinas al archipiélago”. Este es un tema crucial que tienen que resolver la Corte, Colombia y Nicaragua, para que el fallo se pueda aplicar.
Para dos conocedores del tema en San Andrés, Éric Castro, subdirector de Mares y Costas de Coralina, y María Matilde Rodríguez, ex secretaria de Agricultura y Pesca, la reserva:
“(…) está funcionando como si fuera un área de régimen común, es decir, que en esa área hay embarcaciones colombianas y nicaragüenses. Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental es sumamente grave, porque Colombia había hecho grandes esfuerzos como país y como región para trabajar armónicamente con la gobernación departamental y Coralina para lograr un manejo sostenible de esta pesquería. Hoy no tenemos ni idea de cuánto están pescando los nicaragüenses, pero ellos tienen un modelo de pesquería que es poco conservacionista (…) y que nos va a llevar en el corto plazo al colapso de los recursos con grandes efectos ambientales”.
Antes del fallo, Coralina trabajó durante años para que la reserva fuera reconocida como patrimonio de la humanidad, pero la Cancillería, en 2011, consideró que no era conveniente insistir en ello en medio del proceso en La Haya.
Tras el pronunciamiento de Santos, la nueva ministra de Ambiente volvió sobre el tema y señaló en su posesión: "Con lo de Seaflower vamos a buscar una figura para que esta zona sea declarada patrimonio de la humanidad, que la proteja y pare un poco las pretensiones expansionistas de algunos países. Que se mantenga libre de acciones de hidrocarburos".
Nicaragua solicitó a la Unesco que declarara como suya la parte de la reserva de biosfera que quedó en su zona económica, a lo cual se opuso Colombia afirmando que la reserva fue inscrita en la Unesco “mediante un acto soberano de Colombia y se encuentra sujeta a la legislación nacional”. A esta demanda la Unesco respondió que “no le corresponde intervenir en desacuerdos entre naciones”, una declaración que celebró el presidente Santos.
Por su parte, el mandatario de Nicaragua se ha comprometido públicamente a respetar la reserva. Y el científico nicaragüense Incer Barquero ha sugerido: "Lo ideal es que una vez que se calmen las aguas (políticas) trabajemos en conjunto con el gobierno de Colombia y ecologistas colombianos, para preservar esa gran extensión, que significa la conservación de la inmensa y rica biodiversidad que hay en Seaflower". ¿Se entreabre así una puerta para negociar un manejo común de la protección? Es de esperar que así sea.
¿Nicaragua expansionista y Colombia víctima?
El 23 de junio de 2013 el gobierno de Nicaragua solicitó a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de Naciones Unidas que se le reconociera una plataforma continental extendida hasta de 350 millas. El 13 de agosto, el parlamento de Nicaragua aprobó por unanimidad su apoyo al gobierno en esa pretensión y el presidente Ortega anunció que la reiteraría ante la Corte Internacional de Justicia.
En respuesta, el mandatario colombiano informó que expediría un decreto para reafirmar “que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana, que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas. Esto hace que tengamos una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos”.
La plataforma continental no se refiere a la superficie del mar ni al cuerpo de agua, y su definición no es un acto gubernamental sino multilateral que se hace con la aplicación de reglas científicas y jurídicas. Para fundamentar esa petición se deben comprobar la forma, profundidad y características geofísicas del lecho y el subsuelo marinos que se extienden a todo lo largo de la prolongación natural de un territorio hasta el borde exterior del margen continental, como lo destaca Antonio José Rengifo.
La plataforma no siempre coincide con la extensión de 200 millas de la zona económica exclusiva y bajo ciertos criterios, puede ir más allá como plataforma continental extendida.
El presidente Santos anunció, además, que para frenar esa pretensión de Nicaragua apelará ante todas las instancias internacionales que sea necesario con argumentos que, según dijo, “no puedo revelar”.
También anunció que junto con Panamá, Costa Rica y Jamaica -“que también están siendo afectados por sus ambiciones expansionistas”– suscribirá una carta de protesta que entregará al secretario general de Naciones Unidas cuando intervenga en su Asamblea General. Y mostró que el fallo de La Haya “desconoce por completo los tratados de límites que tenemos vigentes con estos países, los cuales estamos obligados a cumplir. Ese es otro motivo que no nos permite aplicarlo”.
Gabriel Silva Luján, quien es cercano al presidente, le ha sugerido en su columna de El Tiempo pasar de una actitud militarmente pasiva a una posición activamente defensiva porque supone que no es suficiente con el uso de recursos jurídicos si no se está dispuesto a usar la capacidad militar del país para frenar las aspiraciones de Ortega, a quien caricaturiza como “matón del barrio”.
Pero Colombia pierde capacidad de responder a las pretensiones de Nicaragua si no examina sus propias equivocaciones y, en cambio, se dedica a demonizar a Nicaragua y a la Corte. Como lo ha mostrado Arlene B. Tickner en El Espectador, en Colombia la conducta de Nicaragua suele ser descrita como agresiva, expansionista, depredadora y tramposa, mientras la del país se la suele representar como pacífica, transparente y víctima.
La negociación con Nicaragua no será fácil por sus demandas de plataforma continental extendida y la polarización colombiana que reparte culpas y busca votos en un año electoral. Pero es urgente poner fin al pleito y a las pretensiones marítimas adicionales, trazar los límites e iniciar la cooperación en las zonas fronterizas. (Razón Pública).
