Yilber Leandro Saavedra
Acaba de ser publicado el más reciente informe de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción durante el año 2017, en el que Colombia cayó seis puestos más de las ya deshonrosas ubicaciones obtenidas en los últimos cuatro años.
Ahora, nuestro país se ubica en el puesto 96 entre 180 naciones con una calificación de apenas 37 puntos sobre 100, lo que significa, que cada vez es peor la imagen que grupos de expertos nacionales e internacionales tienen sobre el sector público colombiano, y más específicamente sobre el manejo eficiente y honesto de los recursos. Países como Uruguay y Chile continúan sacando la cara por Latinoamérica con 70 y 67 puntos respectivamente, mientras que Venezuela y Haití se encuentran en la parte baja de la tabla con apenas 22 y 18 puntos.
La desconfianza en las instituciones, la pérdida de principios éticos, las investigaciones que casi nunca producen condenas ejemplarizantes a los corruptos y un aparato judicial colapsado, agravan la situación del país que sucumbe lentamente mientras los saqueadores encuentran vías para legitimar sus fechorías, quedándose con parte del botín, a cambio de acuerdos con la Fiscalía.
A propósito del oscuro panorama, la Corporación Transparencia por Colombia ha planteado algunos compromisos básicos que desde la ciudadanía deberíamos exigirles a todos los candidatos aspirantes a la Presidencia de la República, buscando romper el ciclo de saqueo sistemático al erario.
La primera exigencia es que asuman el compromiso de “transformar el Sistema Político y el ejercicio del poder”; Colombia requiere financiamiento equitativo y controlado de las campañas políticas, replantear la configuración y funcionamiento de los movimientos y partidos, procesos claros de rendición de cuentas y establecer un órgano electoral independiente que tenga verdadera capacidad de sanción.
La segunda exigencia es la “recuperación de la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas”. El cinismo de los corruptos va de la mano con la impunidad de la que gozan; se debe garantizar la meritocracia en la nominación de quienes imparten justicia, fortalecimiento de las capacidades de investigación y sanción de los actores judiciales y órganos de control, las Superintendencias y sistemas de control interno, así como los mecanismos de denuncia y protección a denunciantes de corrupción. Finalmente, a través de procesos de méritos, se debe romper con el clientelismo en el empleo público y en la contratación, acaparados por inversionistas de campañas políticas.