El mundo tiene los ojos puestos en la cumbre sobre el clima, la COP27. El excontralor delegado de Minas y Energía de la Contraloría General de la República, Leonardo Arbeláez, analiza el tema y el decálogo presentado por el gobierno colombiano.
Leonardo Arbeláez Lamus
Ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, Excontralor Delegado de Minas y Energía de la Contraloría General de la República. Docente, Esp. Gerencia de Recursos Energéticos. Director Ejecutivo de CALD SAS.
El mundo está en medio de la COP 27 que se desarrolla en Egipto. Varios gobernantes han expuesto sus posiciones sobre el cambio climático en sus territorios. Sus diferentes compromisos y propuestas puntuales para garantizar la mitigación, la adaptación y la resiliencia han formado parte de los discursos como aportes específicos a la gestión del clima en la Tierra.
Con la ausencia de tres de los cuatro mayores contaminantes del planeta (China, India y Rusia), quienes, junto con Estados Unidos, son los únicos países que producen por encima de 2 mil KT de CO2 equivalente por año en el globo, se vislumbra un trámite multilateral enfocado en los compromisos financieros de los países ricos, con un aumento significativo frente a los 100 mil millones de dólares de la COP 26 para el apoyo a la emisión cero en países en desarrollo y garantizando su descarbonización a partir del año 2050.
Sin embargo, Estados Unidos y los países europeos que lideran las emisiones de GEI en ese continente, lejos de distanciarse de las fuentes de energía convencionales de combustibles fósiles, han aumentado su consumo. Las razones asociadas principalmente son la guerra en Ucrania y la necesidad de estabilizar sus economías.
En Europa, Alemania ordenó abrir 27 plantas de energía a base de carbón y el Reino Unido está en negociaciones de importantes volúmenes de Gas Natural Licuado con Estados Unidos, como parte de un convenio de Seguridad Energética. Por su parte, Estados Unidos, según la Administración de Información Energética de ese país (EIA), espera que la producción de combustibles fósiles continúe aumentando en 2022 y superando la producción récord de 2019, para alcanzar un nuevo récord en 2023.
En ese escenario, el gobierno colombiano entra a proponer un decálogo como aporte a la política pública global en materia de gestión al Cambio Climático. Dentro de los ejes propuestos se destacan la búsqueda de recursos para la protección de la Amazonía, la reafirmación de la política de deuda pública de países: reconceptualización de la deuda para el clima y la búsqueda de una planificación pública, global y multilateral para la descarbonización de las economías.
La posición colombiana
Es ponderable que Colombia lance en la cumbre unas líneas específicas para aportar al debate sobre las acciones necesarias para abordar la gestión del cambio climático. Sin embargo, es imperativo que el país evalúe su capacidad de ser ejemplo en sus posiciones.
Fomentar la necesidad de recursos para la Amazonía, como parte de la estrategia para controlar la deforestación, es fundamental. Ofertar 200 millones de dólares anuales cuando recibe el aporte de apenas 25 millones por parte de Alemania y Noruega, de manera aislada y sin un respaldo multilateral es, por demás, irrisorio. Es importante recordar, además, que se cuenta con un fondo de más de 600 millones —BioEconomía para la Amazonía del Green Climate Fund (GCF)—, creado en 2021 por seis países de la cuenca (Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam).
Ahora, respecto a la planificación pública, global y multilateral para la descarbonización de las economías, Colombia amerita un enfoque diferencial en función del sostenimiento de sus finanzas públicas. Sería profundamente irresponsable salir al escenario mundial como ejemplo de línea dura hacia la descarbonización del planeta, cuando somos aportantes de apenas el 0,66% de los GEI mundiales y de ese porcentaje el 60% lo aporta el sector agropecuario.
Sostener la política de cero contratos futuros de exploración de hidrocarburos, va en contravía de la obtención de los recursos necesarios para fomentar una transición energética confiable y, por lo tanto, en detrimento de la seguridad energética del país.
Adalid climático
Es loable que se busquen los reflectores frente a la Amazonía y se tercie por recursos, tal y como se observan las acciones hacia África. Es inteligente incluir el tema deuda versus clima, sabiendo que era parte de la agenda de la Cumbre. Sin embargo, el riesgo de posar como adalid climático frente a la descarbonización nacional inmediata, cuando Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido —como países comprometidos en la COP 27— están en otro canal (como se ilustró anteriormente); cuando China, India y Rusia, siendo tres de los países más contaminantes del planeta, definitivamente optan por acciones unilaterales para enfrentar el cambio climático (aquí es importante resaltar que China en el primer trimestre del 2022 redujo 1,4% de sus emisiones de CO2), es, además de impertinente, poco viable en materia de reemplazo de la renta energética para la financiación de la agenda social y de pago de deuda del país.
Esperemos, pues, las conclusiones de la cumbre para evaluar el impacto de la solicitud del gobierno colombiano a las naciones presentes en la COP 27 en Egipto. Como se avizora el panorama, la cumbre se va a caracterizar más por las posiciones políticas que por acciones específicas. Las secuelas económicas de la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación acelerada y los riesgos de recesión global prevalecerán prioritariamente sobre la implementación de medidas fértiles para la descarbonización del planeta en el corto plazo. Amanecerá y veremos.
*Artículo publicado originalmente en el portal de noticias mascolombia.com.