La liquidación de la EPS Comfamiliar, le quitará a la Caja de Compensación Familiar del Huila, el mayor dolor de cabeza, y la enrutará hacia la recuperación de su fortaleza patrimonial. El objetivo será salvarla de la crisis.
RICARDO AREIZA
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Un mes y tres días después de la intempestiva intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar del Huila, la toma de posesión total ordenada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, comenzó a dar los primeros resultados.
La nueva fase arrancó con amortiguadores de marca para controlar los factores que venían interfiriendo en la buena marcha de la institución.
La primera y causa primigenia de la debacle financiera, sin duda, era los críticos niveles de insolvencia que venía registrando desde el 2012, el programa de salud, ajeno a los fines esenciales de la parafiscalidad.
“Por esta razón, la intervención forzosa de la EPS con fines de liquidación, era parte de esa solución, de ese componente de salvamento que dispusieron los organismos de control y vigilancia”, afirmó el contador público Juan Carlos Varela Morales, quien asumió temporalmente la dirección administrativa de la entidad.
“Decretada la liquidación de la EPS, definitivamente inviable, la caja se quitó un dolor de cabeza, que amenazaba la salud de la entidad”, afirmó Varela, quien asumió nada menos que otra responsabilidad adicional como gerente liquidador.
Primeros efectos
“Para comenzar, los despachos judiciales y las autoridades administrativas ya fueron notificados de la intervención forzosa, ordenando de inmediato la suspensión de todos los embargos y los cobros por jurisdicción coactiva, lo que nos permitirá de entrada frenar uno de los primeros escollos”, apuntó Varela al presentar su primer balance.
Los dos procesos de intervención administrativa también fueron notificados a los bancos y a las instituciones financieras, lo que nos representará otro alivio, una menor presión, especialmente a los indicadores financieros.
Con los embargos de bienes y congelamiento de recursos que venían afectando los activos de Comfamiliar por más de 39.000 millones de pesos, los cuales podrán liberarse con estas medidas. Este será el primer efecto de la intervención forzosa.
En adelante, no podrán iniciarse ni continuar procesos o actuación alguna contra la EPS intervenida. Ese será el segundo efecto.
Al no tener la EPS personería jurídica, por ser otra unidad de negocios, no contemplados en el sistema del subsidio familiar, los procesos jurídicos se direccionaban contra la Caja, con medidas cautelares sobre sus activos de la Caja, originados en su mayoría por las demandas instauradas por los proveedores o prestadores de servicios de salud.
También se libraron las comunicaciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y a todos los registradores de instrumentos públicos para que dispongan el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la institución financiera intervenida; cancelen los embargos decretados y gravámenes con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida que afecten los bienes de la EPS intervenida.
En sintonía
Las dos intervenciones administrativas, aunque independientes, se complementan y coinciden en un mismo propósito: colocarla en condiciones para que la Caja de Compensación pueda desarrollar adecuadamente su objeto social.
“Esto quiere decir que el propósito común es el salvamento de la Caja, no su liquidación. En esto debo ser claro: Comfamiliar no está en liquidación ni será liquidada. La entidad, como parte importante del sistema de subsidio familiar no solo debe permanecer sino que debe fortalecerse”, aseguró Varela Morales.
“La intervención administrativa total, ordenada por Supersubsidio, es una medida de salvamento. Es una toma de control administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila por un año, con fines de salvamento, no de liquidación. Durante estos 12 meses tendrá que sanearse la entidad y estas medidas deberán quedar plasmadas en un plan de mejoramiento. Terminado el plazo, se hará una asamblea general para elegir nuevos consejeros y nuevo director en propiedad”, explicó Varela Morales.
Normalidad
“Las demás unidades de negocios están funcionando y seguirán funcionando normalmente. Los recursos de la parafiscalidad están asegurados. La Caja de Compensación sigue operando sin interrupción”, precisó Varela Morales.
“Las inversiones previstas se van a ejecutar. El parque tecnológico para Pitalito debe ejecutarse. Esta semana tuvimos una reunión con el Gobernador para apalancar este proyecto. Lo mismo con los proyectos de vivienda no solo en Neiva. También en La Plata y en Garzón, porque los subsidios se están perdiendo porque no hay proyectos”, recalcó.
El modelo PRI
Según el director administrativo la proyección de la Superintendencia de Subsidio en principio, era reformular el Proyecto de Reorganización Institucional, presentado desde el 2017, para facilitar la escisión que estuvo congelada durante este tiempo.
Sin embargo, ante la debacle financiera que se advertía, la entidad competente, en este caso, Supersalud, decidió abortarlo.
“El modelo financiero no era el más óptimo. El modelo financiero no garantizaba el éxito de una nueva EPS. La Superintendencia de Subsidio Familiar consideró que este modelo debía revisarse y la idea era agilizar la escisión. Aunque ese era el propósito, la situación era ya inmanejable”.
Las nuevas condiciones que exigía Supersalud para volverlo a presentar, con nuevos términos en el tiempo, no dieron espera.
“Estábamos a días de colapsar, la quejas por la falta de servicios era insostenible, un alto funcionario estuvo en arresto varios días por incumplir una orden judicial, la entrega de medicamentos era otra barrera. Todos estos hechos, sumados a los problemas técnicos y financieros precipitaron la intervención”, afirmó.
Adicionalmente, había evidentes dificultades en el acceso a servicios de alto costo especialmente en quimioterapia y radioterapia y diagnóstico y manejo de pacientes con VIH.
Como lo reportó la Superintendencia de Salud, el pasivo registrado al 31 de mayo de 2022 alcanza la suma de 412.299 millones de pesos, un 76.8% superior al valor reportado a diciembre de 2018.
“Pero otro dato alarmante: la tendencia negativa en los indicadores de índice de siniestralidad total y rentabilidad margen operacional, cuyo resultado acumulado es de 119,2% y -24.2%, lo que deja ver que aún la EPS no logró equilibrar su operación corriente, lo que colocó en riesgo la garantía de prestación de servicios oportuna y con calidad a sus afiliados”, explicó Varela.
Enredos judiciales
Los procesos judiciales notificados en contra de Comfamiliar Huila EPS evidenciaron nada menos que la falta de gestión efectiva en el cumplimiento de sus fines primordiales. En particular, según el organismo de vigilancia y control, no brindaba las garantías para el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud de sus afiliados, toda vez que la mayoría de los procesos corresponden a reparaciones directas, tanto que del segundo semestre de 2021 a mayo de 2022 aumentado considerablemente.
Con corte a 31 de diciembre de 2021 la Caja reportó sanciones administrativas por vulneraciones a las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud que también fue agravando la situación financiera.
“La información y situaciones evidenciadas en el marco de la inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud advertían una violación persistente de la ley y las normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, acotó Varela Morales, en diálogo con LA NACIÓN.
Prueba ácida
Tanto la razón corriente como la prueba ácida que mide la liquidez y la capacidad de pago, registraban preocupantes indicadores similares a los observados hace tres años. La Caja contaba solo disponía de 70 pesos por cada 100 pesos de obligaciones de corto plazo y de 71 pesos descontando los inventarios, lo que evidenciaba la continuidad del estado crítico de las finanzas y confirmaba reitera el riesgo latente, de cesaciones de pagos.
“En estas condicione, -dijo- la intervención administrativa total resulta adecuada, indispensable, conveniente y ajustada a derecho, atendiendo la gravedad de la situación financiera que la entidad registraba por las pérdidas acumuladas, pasivos y patrimonio negativo, sin respaldo financiero cierto para cubrir la totalidad de obligaciones generadas por su operación.
Mercadeo
Pero además, reportaba otros hechos igualmente representativos, según lo reportó la Superintendencia Delegada para la Gestión.
La supresión del Supermercado, como unidad de negocio, no fue una decisión acertada según el organismo de control.
“El programa no debió suprimirse, considerando la rentabilidad social que representaba para los trabajadores”, afirmó el agente interventor, Raúl Núñez. El valor de la negociación final fue apenas de 3.000 millones de pesos.
La dinámica del servicio de mercadeo registró una caída en los ingresos, producto de las decisiones ‘estratégicas’ tomadas por la corporación a finales del 2021 que derivó en el cierre del servicio y la venta de los activos del mismo, así como el arrendamiento de los locales y traslado de la dispensación de medicamentos a la IPS.
Al mes de diciembre de 2021, esta unidad de negocio registró una disminución en las utilidades, que se colocaron en 671,5 millones comparadas con las de 2020 que fueron de 2.767,1 millones.
El efecto real e inmediato del cierre del Supermercado solo se visualizará en el estado de resultados al cierre de la vigencia 2022.
Menos afiliados
La dinámica de la afiliación, aunque no lo crean, también decayó. Las afiliaciones se percibían crecientes entre 2017 y 2018, la cual se detuvo en 2019.
En éste periodo la Caja de Compensación Familiar del Huila experimento una pérdida de más de 27.000 afiliados al pasar de 164.816 afiliados en 2018 a 137.552 afiliados en 2019.
En los dos años siguientes (2020-2021) registró una actividad de afiliaciones cíclicas, que en los últimos tres años se ha mantenido en un promedio de 137.000 trabajadores afiliados, sin que haya podido recuperar los niveles alcanzados en 2018.
Traslado
El funcionario aseguró que a partir de mañana el Ministerio de Salud comenzará a rediseñar el traslado de los 541 mil afiliados en Huila y Boyacá.
Extraoficialmente, se comentó que el mayor porcentaje será trasladado a Famisanar EPS.
“Le puedo confirmar que tenemos un reunión programada para este jueves primero de septiembre donde se iniciará el proceso. Este proceso de trasladado demorará alrededor de cinco días. A partir de esa fecha, los afiliados serán atendidos en otras EPS”, aseguró Varela.
El servicio está garantizado, se viene prestando en Comfamiliar hasta cuando se haga efectivo el traslado. Estamos garantizando el pago de los servicios a todos los prestadores. Todos los servicios como los costos que genere la hospitalización serán asumidos por Comfamiliar Huila, hasta el momento del traslado.
Personal
Estamos generando estrategias para que ese personal no quede desamparado. La idea es asegurarles la estabilidad laboral dependiendo de la caracterización que tenga cada uno de los funcionarios que venían laborando con la EPS.
“En el caso de la Caja, estamos haciendo una reingeniería con todo el equipo. En este tiempo hemos encontrado un equipo sólido, técnico que hay que fortalecer pero también hemos encontrado muchas ‘corbatas’ que seguramente tendrán que salir, porque no se adoptan a la misionalidad”, precisó el director administrativo.
En este proceso tendremos que tomar medidas de austeridad que necesariamente no significarán recorte de personal, pero que seguramente habrá focalización en ciertos programas donde la Caja puede tener un mayor impacto y también un mejor manejo de los recursos. Estamos evaluando los contratos de prestación de servicios para determinar si se requieren o deben suprimirse, en algunos casos, no se requieren.
La ruta de atención
Los afiliados de la EPS en liquidación serán trasladados automáticamente a las EPS receptoras. El Ministerio de Salud hará ese proceso, no los afiliados.
El Ministerio de Salud realizará a partir de mañana la asignación de los usuarios a las EPS receptoras que no se encuentren bajo medida de vigilancia especial o tengan alguna restricción para afiliar nuevos usuarios.
La asignación se hará entre el primero y el seis de septiembre. “La instrucción dice que hasta el seis de septiembre o hasta que terminar el proceso de reasignación”, acotó Varela.
La EPS Comfamiliar y las EPS receptoras, deberán publicar a través de sus canales de atención y sitios web la respectiva.
La EPS Comfamiliar prestará el servicio hasta cuando se notifique el traslado. Desde el día del traslado son las EPS receptoras serán las responsables de garantizar la atención integral de los afiliados EPS a la que pertenecerá en adelante.
Los afiliados podrán cambiarse de EPS si no está conforme con la asignada. Lo puede hacer pasados tres meses (90 días) contados a partir del momento de la asignación a la EPS receptora.
Desde ese momento podrá pasarse a la EPS que desee, siempre y cuando esta preste servicios en su municipio, no cuente con alguna restricción para afiliar y opere en el régimen al cual pertenece.