GABRIEL CALDERÓN MOLINA
La consulta popular programada para el mes de agosto no es la solución para acabar con la corrupción. Es más un acto de demagogia de una ex aspirante a la presidencia de la República. Varios columnistas de periódicos han señalado que cinco de los siete puntos que contiene, hacen parte de leyes vigentes y que por lo tanto no se justifica el gasto de $250.000 millones del presupuesto nacional en su realización.
La corrupción en una enfermedad social que va mucho más allá de lo que algunos piensan y le atribuyen a la clase política exclusivamente. La corrupción abarca la sociedad entera, de arriba hacia bajo y viceversa, por donde se le mire. Parece que hiciera parte del gen de los colombianos. Por eso está en los gobiernos, en el congreso, en la rama judicial, en las entidades públicas y privadas y en el diario accionar de la gran mayoría de la gente cuya ambición de tener más dinero, la lleva en busca del lucro ilícito y el robo, como lo vemos a diario en los centros comerciales. En 1967, varios de mis compañeros colombianos de estudios en París, iban a los supermercados a robar crema dental, cepillos de dientes o cualquier cosa que necesitaran y que pudieran esconder debajo de los abrigos. El presidente Alberto Lleras Camargo escribió en 1981 un tremenda columna en El Tiempo en la que señalaba cómo la corrupción estaba invadiendo todas las actividades de los colombianos, por la falta de formación ética y moral en los hogares, escuelas, colegios y universidades.
Inglaterra fue afectada por corrupción pasada la primera guerra mundial. La enfrentó a base de educación y campañas intensas en todos los niveles sociales y la aplicación de normas rígidas para sancionar a los corruptos. En la consulta que está programada nada se habla de la implementación de las cátedras de ética y educación cívica en el pensum educativo. Vamos a perder tiempo y dinero.