Es incomprensible, desde cualquier punto de vista, que pasados 6 años, la construcción del estadio de fútbol en el municipio de Aipe siga a medias, erigiéndose como un gran monumento a la desidia estatal.
Tal como se divulgó en estas páginas el jueves pasado, el proyecto quedó ejecutado en un 67,82% y más de la mitad de los recursos desembolsados, 3.335 millones de pesos, siguen en poder del contratista. El escenario deportivo, según el diseño inicial, contemplaba cancha sintética, graderías y cubiertas, plazoleta de comidas e iluminación. Sólo se construyó la cancha. Además, contemplaba la instalación de la red contra incendio y tanque de almacenamiento.
El último informe técnico sobre este proyecto advierte que “la obra se encuentra a nivel de altura de columnas, en el sector sur (tribuna occidental) se armó la formaleta metálica y se instaló parte del refuerzo. Sin embargo, el trabajo no se continuó y la obra en esta parte está expuesta a la intemperie, sin protección, con riesgo a sufrir afectaciones”. En los demás elementos (sistema eléctricos e iluminación -instalaciones eléctricas, plazoleta de comidas y red contra incendio y tanque de almacenamiento) no hay avance.
Los reportes que ha entregado la Contraloría General de la República sobre el estadio de Aipe corroboran que en la obra hubo improvisación y mala planeación. El proyecto fue avalado sin tener un estudio técnico de suelos, sin los recursos suficientes, pero además, sin atender las prioridades y sin examinar hacia el futuro la sostenibilidad.
¿Cómo es posible que jueguen así con los dineros públicos? ¿Por qué tanto afán en contratar una obra de esta naturaleza sin garantizar su futuro? Muy seguramente, muchos tendrán la respuesta a este último interrogante.
Los aipunos deben sentirse avergonzados porque cada vez que se habla de ‘elefantes blancos’ se menciona a la otrora capital petrolera del Huila. Esto debería conducir a que la ciudadanía les exija a los organismos de control resultados en sus investigaciones para que los responsables de semejante despilfarro de los recursos públicos sean castigados.