Juan David Huertas Ramos
Y sí que el soldado Domínguez tenía razón, las cosas han cambiado drástica y premeditadamente en Colombia. La razón, una guerra contra el Estado como respuesta a la lucha antisubversiva.
Resulta que hace no más de veinte años, el país rechazaba unilateralmente el terrorismo.
Sin embargo, muchas personas bien intencionadas apoyan inconscientemente la guerra que hoy se cierne contra el Estado colombiano, pues toman lo aparentemente ético que se ofrece en la opinión pública como verdad absoluta y no juzgan el trasfondo de tanta “pureza y bondad”.
En agosto de 2019, Márquez y Santrich anunciaron al mundo entero el inicio de la 2da Marquetalia y una “nueva modalidad operativa”, cosa que en medio de las manifestaciones de 2020 y 2021 ha quedado clara.
Tal como lo había vaticinado Juan Manuel Santos, “la guerra se trasladará a las ciudades”. Estas no han sido coincidencias, sino causalidades que explican, en parte, la exacerbada agitación.
Ahora bien, lo anterior no significa que la protesta social sea ilegítima. De hecho, esta es un pilar esencial de la democracia que debe protegerse. Y en ese sentido, es preciso revelar la retórica perversa detrás de la protesta en Colombia.
Ese discurso mezcla intencionalmente al manifestante y al vándalo, presentándolo como uno solo cuando les conviene. Hecho que de suyo es irrespetuoso e irresponsable.
Aclaremos que los delincuentes que operan organizadamente contra la fuerza pública se esconden cobardemente detrás de los ciudadanos honestos que hacen uso legítimo del derecho a la protesta. Modus operandi que coincide con el de las FARC y sus disidencias que usan a los niños reclutados como escudos humanos.
El asunto es que siempre que los delincuentes agreden a la fuerza pública con piedras, bombas incendiarias, armas de fuego (algunas hechizas), entre otras, se dice que esos vándalos no tienen nada que ver con los marchantes.
Sin embargo, cuando los Policías ejercen su derecho de legítima defensa al ver sus vidas en peligro, se afirma que el Estado reprime la protesta social y “claman” internacionalmente por la protección de los Derechos Humanos, generando desinformación y adoctrinamiento.
Como resultado, una parte del país mira con desprecio y desconfianza a sus soldados y policías que, abnegada y estoicamente, defienden la integridad, libertad y bienes de todos los colombianos.
La realidad es manifiesta, mientras los profesionales de la Fuerza Pública protegen la población, los guerrilleros, esos que han atacado al Estado con fiereza, hoy gozan de total legitimidad, como por ejemplo Gustavo Petro (M-19), Timochenko (FARC), León Valencia (ELN) y Tornillo (FARC), entre otros.
Lo anterior obedece, claro está, a la guerra sucia contra el Estado y, por ende, contra la población colombiana que será la gran víctima.
Pues los primeros hitos hacia el objetivo revolucionario han sido la polarización del país, por un lado, y la persecución judicial y el linchamiento mediático de la fuerza pública, por el otro.
La verdadera razón detrás del paro es la desestabilización del Estado Colombiano, su democracia y libertad. Incluso, lo han dicho de forma explícita; “Duque debe renunciar”.
Y entonces, ¿a quién favorece todo esto?