El empresario huilense Orlando Rojas Bustos denunció graves anomalías de la administración seccional para entregarle nuevamente la concesión de Doble Anís a la Fábrica de Licores de Antioquia. El industrial interpuso una tutela solicitando que se invalide el proceso licitatorio.
RICARDO AREIZA
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Como hace seis años, la puja por la nueva concesión de licores, se debatirá ahora en los estrados judiciales.
La empresa regional Licorsa, denunció graves irregularidades en el proceso licitatorio, abierto el 2 de junio pasado para entregar en concesión durante los próximos cinco años la producción, distribución y comercialización de Doble Anís.
En su criterio, el gobernador Luis Enrique Dussán tiene un “interés indebido” en adjudicarle, contra viento y marea, el nuevo contrato de concesión a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
El empresario Orlando Rojas Bustos, el primer concesionario, denunció graves anomalías y claros propósitos para excluirlo del proceso de licitación, con “artimañas jurídicas” para sacarlo a sombrerazos.
El empresario, quien le otorgó poder al abogado Hugo Tovar Marroquín, le pidió ayer al Tribunal Administrativo del Huila, que invalide el proceso de licitación
Ante las “ostensibles las irregularidades” que pueden generan su invalidación; reclamó como medida cautelar la inmediata suspensión del proceso licitatorio.
Los pliegos definitivos fueron publicados el 2 de junio pasado. Licorsa formuló observaciones relevantes que no fueron satisfechas.
“Este proceso-dijo- presenta irregularidades que lesionan los principios de transparencia, debido proceso, igualdad de oferentes y libre concurrencia, estos dos últimos definidos por el Consejo de Estado como criterios funda-mentales del proceso de licitación”.
Licitación amarrada
Los pliegos fijaron como requisito de experiencia específica el haber producido y comercializado “licores destilados de mínimo 7,5 millones de unidades de botellas de 750 mililitros partir de agosto de 2012, es decir, durante los últimos siete años.
“Esta exigencia como requisito de experiencia específica, no previsto en el pliego oficial, como el de la capacidad organizacional, en las condiciones impuestas arbitrariamente por el gobierno departamental a Licorsa, de entrada la inhabilita para la libre concurrencia y lesiona además de manera ostensible los principios de buena fe y de igualdad de los oferentes”, explicó el empresario regional.
“Esa limitante fue creada e impuesta de manera abusiva y absurda, por el propio el gobierno departamental”, replicó.
“Además, como medida de sastre, las únicas que cumplen el requisito de experiencia específica de producción de 7,5 millones de unidades de botellas de 750 ml., durante los últimos siete años, son las industrias licoreras oficiales”, reiteró Rojas Bustos.
“En la actual licitación, la única interesada en continuar el contrato de concesión es la Fábrica de Licores de Antioquia, lo que de entrada excluye a cualesquier empresa del sector privado productora de destilados, entre las cuales, la única interesada en la licitación, por sus observaciones a los pliegos, es Licorsa, certificada con BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) por el Invima, lo que equivale a productos seguros para el consumo humano”, explicó Tovar Marroquín.
Interés indebido
“Con estos hechos, debidamente acreditados, queda en evidencia que el Gobierno Departamental tiene interés indebido en que el contrato de concesión actualmente en trámite, le sea adjudicado a la Fábrica de Licores de Antioquia”, apuntó el jurista.
“Por una comprobada e injustificada persecución contra Licorsa que terminó con su exclusión en el 2014, demandó reclamando el resarcimiento de perjuicios ocasionados”, recordó Tovar Marroquín.
Lo mismo que antes
Aunque la anterior administración tenía la obligación de abrir una nueva licitación pública para escoger un nuevo operador al final se inclinó por adicionar el contrato.
El contrato inicial, adjudicado el 11 de marzo de 2014 por cuatro años a la licorera antioqueña expiró en abril de 2018.
El ex secretario de Hacienda, Carlos Eduardo Trujillo decidió prorrogarlo por dos años más, en las mismas condiciones en que fue pactado.
El contrato fue adicionado e por 20 meses y 27 días conservando las mismas condiciones del contrato. La concesión con la adición debía terminar el 31 de diciembre de 2019.
Por demoras injustificadas en la definición del nuevo proceso, el gobierno seccional decidió prorrogarlo por segunda vez, por cuatro meses más para evitar un desabastecimiento al terminar la vigencia.
Luego el 5 de diciembre de 2019, a pocos días de culminar el mandato, fue prorrogado por segunda vez mientras se adelantaba el nuevo proceso de licitación.
El contrato fue adicionado por cuatro meses (hasta abril de 2020) conservando las condiciones iniciales, pero dejado por fuera las prerrogativas adicionales del nuevo marco regulatorio de licores, entre otros, el incremento adicional en el impuesto al consumo. La FLA debía mantener una cuota mínima de 1,5 millones de unidades de 750 centímetros cúbicos, más una utilidad del 18 por ciento por cada botella de Doble Anís que se comercialice.
Vuelve y juega
Ahora, para sorpresa de todos, la historia vuelve a repetirse. Inesperadamente, las condiciones se mantienen y los pliegos, según Licorsa, están diseñados para que la factoría paisa, se quede nuevamente con la producción, distribución y comercialización del destilado regional, frenando la posibilidad para que empresarios regionales puedan participar en esta licitación.
La cuantía del contrato de concesión indeterminada pero determinable fue calculada en 142.861 millones de pesos, como proyección mínima que el Departamento estima recaudar por utilidad, más la participación porcentual, durante su vigencia del contrato.
Cifra escandalosa
En estas condiciones, como otra medida de sastre, sólo se habilita a proponentes que demuestren una capacidad financiera mayor o igual al 50% del valor estimado y que, según el balance a 31 de diciembre de 2019, correspondería a 71.431 millones de pesos. (En el 2014, curiosamente fue superior: 73.403 millones de pesos, 17.545 millones anuales)
“Esta cifra es escandalosa y desproporcionada si se compara con las principales licoreras del país, que no tienen un capital de trabajo y menos un patrimonio tan alto para garantizar el giro normal de sus operaciones por cada botella producida, lo que a todas luces viola los principios transparencia, libre concurrencia, igualdad de oferentes y de selección objetiva”, apuntó Tovar Marroquín.
Además, la Gobernación exige en el pliego de condiciones una demostrada capacidad financiera que desborda la proporcionalidad de acuerdo con el valor del contrato a suscribir, en clara violación a la ley de transparencia en materia de contratación.
“Tal como estaba redactado el pliego de condiciones nuestra empresa Licorsa estaba habilitada para participar en el proceso de selección. Sin embargo, ante las observaciones que formulamos observamos un interés para excluirnos del proceso”, afirmó Bibiana Perdomo, gerente suplente de la firma.
“En el poco tiempo, a la carrera, se introdujeron injustificados requerimientos con el único interés de excluirnos, de sacarnos a sombrerazos del proceso”, complementó Rojas Bustos.
En su criterio, las observaciones que formuló no fueron tenidas en cuenta. “Por el contrario, dijo, se impusieron condicionamientos irregulares que inhabilitaron de facto a la empresa Licorsa para participar en el proceso, despejándole el camino para que la factoría antiqueña se quede nuevamente con el contrato e imponga, su propio comercializador foráneo, como lo ha hecho en los últimos seis años”.
“Resulta contradictorio, que mientras lidera la campaña para preferir a la empresa regional, estimule irregularmente para que empresas foráneas sigan explotando un producto regional”, afirmó.
Exigencias
Curiosamente el gobierno seccional fijó en el cronograma como fecha límite para la expedición de adendas, el 3 de junio de 2020 a las 7: 00 p.m.
Ese mismo día a las 7:16 p.m. fue publicada una adenda que modificó sustancialmente el pliego de condiciones como producto de las observaciones formuladas al pliego de condiciones y las audiencias de asignación de riesgos y de aclaración de pliegos.
“Así las cosas, solo se habilitan los proponentes que puedan demostrar, según el balance a 31 de diciembre de 2019, un patrimonio y un capital de trabajo de $71.431 millones de pesos, cifra que resulta escandalosa y desproporcionada violando claramente los principios de la contratación estatal, en especial el de la transparencia y de la selección objetiva, y demuestra el interés denodado por parte del Departamento por excluir proponentes y no de garantizar la pluralidad de participantes”, anotó Rojas Bustos.
Tampoco han garantizado a los posibles proponentes la adecuada discusión de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
“Adicionalmente, la audiencia de aclaración de pliegos se realizó a la carrera, donde solo nos concedieron cuatro minutos para realizar las observaciones a un extenso pliego, lo que demuestra un interés marcado para favorecer al concesionario y evitar la participación de otros oferentes”, anotó Rojas Bustos.
“En solo cuatro minutos no es posible manifestar a la administración las inquietudes relevantes en relación con un pliego de condiciones, contenido en un documento de 140 páginas, y donde se decide la suerte de 142 mil millones en recursos para salud y educación de los huilenses en los próximos cinco años” recalcó Tovar Marroquín.
Además, “la administración departamental ocultó información relevante para los interesados en participar en el proceso de licitación”.
La tutela
“En consecuencia, como se trata de un hecho notorio tanto la pandemia que originó el cierre de los despachos, del comercio y la industria en general, lo mismo que la prolongada cuarentena a que hemos estado sometidos los colombianos, Licorsa se encuentra en absoluta imposibilidad de detener el proceso licitatorio sin recurrir a la acción extraordinaria de la tutela”, explicó Tovar Marroquín.
El perjuicio se originaría por “la inminente exclusión arbitraria, abusiva y contra derecho de Licorsa, del proceso licitatorio”.
“Este daño -añadió- se produciría indefectiblemente si no opera la protección constitucional transitoria, considerando que este martes se realizará la audiencia para la presentación de las ofertas por los eventuales participantes, y el 19 de junio, según el cronograma se haría la audiencia de adjudicación del contrato de concesión y el 23 se firmaría para operar la concesión por otros cinco años”.
Por estas razones, los accionantes solicitaron al Tribunal Administrativo del Huilla que se decrete como medida cautelar la suspensión de la licitación, mientras se resuelve de fondo la petición de dejar sin efectos el actual proceso licitatorio.
La administración hasta el momento no se ha pronunciado sobre la nueva controversia jurídica. El debate queda ‘prendido’.