Hemos planteado todo nuestro apoyo y consideración con la justicia, pertinencia y conveniencia de la protesta de nuestros cafeteros en todo el país, pero de ahí a compartir y justificar las acciones violentas y de saqueo presentadas en los dos primeros días del paro hay una enorme distancia. Hemos planteado todo nuestro apoyo y consideración con la justicia, pertinencia y conveniencia de la protesta de nuestros cafeteros en todo el país, pero de ahí a compartir y justificar las acciones violentas y de saqueo presentadas en los dos primeros días del paro hay una enorme distancia. Se trata de actos intolerables y que deslegitiman de fondo el movimiento que adelantan miles de nuestros campesinos, justamente aquellos que llevan sobre sus hombros el emblema nacional ante el mundo. Nadie en su sensatez y juicio razonable podrá aceptar que la violencia, el vandalismo y el saqueo se inmiscuyan y protagonicen lo que debe ser, en todo caso, una reclamación civilizada con miras a lograr los propósitos buscados por los cafeteros. El Gobierno Nacional, como garante de la vida, honra y bienes de los colombianos a través de la Fuerza Pública, protector de los derechos de todos los habitantes del país y supervisor de las obligaciones de los ciudadanos, tiene el inalterable deber de cumplir con esos postulados constitucionales y legales, y quien se oponga a ello lastimosamente tiene que asumir las consecuencias que prevé nuestro Estado de Derecho. No hay otra manera de manejar las relaciones entre las autoridades y los manifestantes; todos estamos sometidos al imperio de las leyes y sobre ello no cabe discusión ninguna. Otra cosa muy distinta es que cualquier paro, sean cuales sean sus orígenes, tiene el claro propósito de ejercer presión respecto de quienes tienen en sus manos las respuestas a los reclamos de los manifestantes. Empero, tales mecanismos no deben sobrepasar nunca el orden público y, como se ha dicho en justicia, los derechos de unos acaban donde empiezan los derechos de los demás; de esta forma no es factible permitir que se bloqueen las carreteras y que se impida la libre movilización, y mucho menos que se atente, como ocurrió en uno de los puntos de protesta, contra vehículos de emergencia y de la misión médica. Los campesinos huilenses, con una tradición de lucha, deben ser garantes de su protesta y evitar que sean infiltrados. Reiteramos, en esta línea, el vehemente llamado a los dirigentes de la protesta a mantener la cordura, sensatez y tolerancia frente a la Fuerza Pública y el resto de ciudadanos; a la mismas autoridades armadas a actuar con paciencia y contener cualquier provocación que pueda desencadenar consecuencias más graves que las ya ocurridas. Y, sobre todo, a que se exploren todos los mecanismos posibles de diálogo; de manera equivocada, creemos, los dirigentes eludieron las mesas de trabajo dispuestas la semana pasada con la participación de los más relevantes ministros del gabinete, por aquella pretensión de discutir solo con el presidente Santos la problemática. Y, a su vez, el Primer Mandatario plantea ahora una eventual negociación con la Fedecafé – que ni está en ella ni promueve la protesta – evadiendo a los dirigentes de la marcha. Retomar el diálogo y cero violencia. “Los campesinos huilenses, con una tradición de lucha, deben ser garantes de su protesta y evitar que sean infiltrados”. Editorialito Estaba en mora la Secretaría de Movilidad en emprender una campaña de prevención frente a los elevados niveles de accidentalidad. Lo importante es que se sostenga en el tiempo y se oriente, por ejemplo, a motociclistas, los principales afectados.