El empresario Rened Cantillo y el ex diputado Oscar Urueña, pasarán hoy al banquillo, en una nueva fase de la acusación por la ‘torcida’ elección de contralor y personera de Neiva. Después de casi dos años de aplazamientos, el juez de conocimiento, le puso el acelerador.
RICARDO AREIZA
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La fiscal 12 seccional, Susana Lozano, adscrita a la unidad anticorrupción, reanudará hoy la acusación formal a diez concejales, un particular y cuatro servidores públicos, investigados por la ‘torcida’ elección de contralor y personera de Neiva.
Aunque el escrito acusatorio fue radicado el 20 de diciembre de 2018, cuatro meses después de las capturas, la formulación oral de la acusación, se dilató durante casi dos años.
Los implicados, todos en libertad, fueron imputados en agosto de 2018 como probables coautores de los delitos de cohecho por dar u ofrecer; cohecho propio; celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Otros por interés indebido en la celebración de contratos; obtención de documento público falso y destrucción, supresión y ocultamiento de documentos públicos, entre otros. Desde entonces el proceso se desarrolló a ‘cuenta gotas’.
La audiencia de acusación se programó inicialmente para el 5 de mayo de 2019. Finalmente, la diligencia se reanudó el 28 de septiembre de 2020, virtualmente, originada por la pandemia.
Segunda parte
A pesar de la extensa jornada que se extendió durante ocho horas no fue posible concluir con la sustentación de la acusación. Desde esa fecha se reprogramó para este miércoles y mañana jueves.
Durante la primera fase de la diligencia fueron acusados con probabilidad de verdad, a título de coautores, la ex personera Heidy Lorena Sánchez y el ex contralor José Hildebrand Perdomo, “porque de común acuerdo ofrecieron dinero y otras utilidades representadas en nombramientos y contratos en entidades públicas y privadas para amigos y recomendados de los concejales”.
En esta primera fase, se develaron los orígenes del escandaloso concurso. Las maniobras, según la propia Fiscalía, arrancaron el 17 de noviembre de 2015, con encuentros secretos con los concejales más experimentados.
Por las conversaciones telefónicas interceptadas legalmente se comprobó que las reuniones se programaron separadamente en distintos grupos a los que invitaban a los concejales cuyas credenciales habían sido refrendadas y en otras a los concejales recién elegidos.
Durante estos encuentros, con whisky incluido, se definía el monto del soborno, la entrega de dinero en efectivo y se definían otras prebendas como puestos y contratos.
Cuando cuadraron los votos que requerían para asegurar la elección Heidy Lorena Sánchez Castillo anunció su decisión de participar en el concurso y se inscribió a finales de noviembre de 2015.
“La elección de personero y contralor eran actos legítimos en cabeza de los concejales según los postulados constitucionales y legales”, explicó el ente acusador.
“No obstante, los concejales (recién posesionados) en lugar de obrar conforme a la ley, vulneraron los principios de objetividad y transparencia en la convocatoria para proveer esos cargos a cambio de recibir el dinero y nombramientos para los recomendados que éste comprometió”, aseguró la Fiscalía. Los detalles fueron revelados en septiembre pasado.
Al banquillo
La Fiscalía acusará hoy verbalmente al ex concejal Oscar Eduardo Urueña, quien participó activamente en el proceso, en enero de 2016, siendo ya, diputado en ejercicio en la Asamblea Departamental y a otros actores, entre ellos al comerciante Rened Cantillo Álvarez, quien prestó el dinero que se requería.
“Urueña Medina, actuando de común acuerdo, también ofreció a los concejales el pago de dinero y nombramientos para sus recomendados a cambio de que estos votaran por Perdomo y Sánchez, a la Contraloría y a la Personería de Neiva”, recordó la fiscal.
“Si bien no participó en la elección para Contralor toda vez que para enero de 2016 ya no era concejal; en una de las llamadas intervenidas se evidencia que entregó dinero a varios miembros del nuevo concejo”, afirmó la funcionaria judicial.
“La Fiscalía cuenta con varios registros de llamadas intervenidas que revelan no solo el acuerdo previo sino los ofrecimientos de prebendas y otras utilidades a cambio de la elección”, precisó.
El garante
“En las conversaciones legalmente intervenidas revelan con claridad que una vez elegidos los dos funcionarios, Urueña realizó actividades encaminadas a cumplir los pagos prometidos, ya fuera en dinero en efectivo o a través de favores, así como los compromisos laborales a varios concejales, ya fuera en la Personería o Contraloría, siempre guiado por José Hildebrand Perdomo, bajo un acuerdo común con Rened Cantillo y Lorena Sánchez”, reseñó la fiscal.
Urueña, según la Fiscalía, contribuyó desde su cargo como segundo Vicepresidente del Concejo de Neiva a finales de 2015, cuando intervino ante los cuestionamientos públicos que se hacían sobre una posible ilegalidad y falta de transparencia en el concurso para la provisión del cargo de Personero.
En alerta
El ente acusador reseñó que el 19 de noviembre, los concejales Ingrid Tatiana Jiménez y Hernán Motta, llamaron la atención sobre los cuestionamientos que hacían docentes y decanos sobre el concurso. Sin embargo, Urueña le bajó el tono con informaciones que no eran ciertas.
“La información suministrada fue errónea y acomodada, para hacer creer a los demás miembros de la corporación que la convocatoria transcurría con absoluta normalidad y dentro de los parámetros legales”, anotó la Fiscalía.
De antemano sabía que el supervisor del convenio, direccionado por el contralor, y amigo personal de Urueña, realizaba múltiples maniobras para favorecer la elección de la Personera.
“Por lo anterior, lo acusa con probabilidad de verdad, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, a título de partícipe en grado de cómplice”, reconociéndole en su favor la ausencia de antecedentes.
El financista
En el mismo orden, la Fiscalía, sustentará oralmente la acusación en contra del empresario Rened Cantillo Álvarez, quien facilitó el dinero para el pago de los sobornos a los concejales comprometidos en la elección irregular de los dos dignatarios de los organismos de control local.
Cantillo Álvarez, ‘El hombre del maletín’, quedó en libertad en septiembre de 2019 por vencimiento de términos.
Por esta misma razón, podrá quedar exonerado, ya que el probable delito de cohecho por dar u ofrecer, está a punto de prescribir.
El comerciante de café anunció que espera el inicio del juicio para esclarecer el papel que desempeñó en este sonado caso y explicar lo que pasó. “Aquí se habla mucho pero no se ha dicho toda la verdad”, apuntó.
Llamadas explosivas
En este caso, las explosivas conversaciones en poder de la Fiscalía, revelarán su papel protagónico que desempeñó en este episodio.
La Fiscalía tiene en su poder 33.000 interceptaciones telefónicas realizadas a través de la plataforma Esperanza, y abundante evidencia material y probatoria que hará valer en el juicio.
De las interceptaciones telefónicas, realizadas entre enero y abril de 2016, 14.000 resultaron relevantes para imputarle cargos a los 15 implicados entre ellos concejales, servidores públicos y particulares.
Además, desglosó otras 6.000 llamadas legalmente interceptadas en la misma época que pueden inferir posibles irregularidades, gestiones interesadas o un posible tráfico de influencias que se adelantaban con conocidos empresarios interesados como hoy en los contratos de alumbrado público, foto-multas y obras civiles.
Curiosamente, aparecieron varias conversaciones con un empresario costeño, quien aparece actualmente como uno de los interesados en los contratos de alumbrado público en Neiva, Timaná y otros municipios.
Esas llamadas, originaron otras líneas de investigación, cuyo desarrollo no se conoce.
En suspenso
Sin embargo, por la complejidad del proceso y por el alto número de involucrados la diligencia no podrá terminarse en lo que resta del año. La verbalización de la acusación seguirá en suspenso.
A pesar de la congestionada agenda, la juez de conocimiento, deberá reprogramar la continuación de la audiencia para el próximo año, con carácter prioritario, ante la posible prescripción de algunos delitos.
