RICARDO AREIZA
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Por tramitar ilegalmente la concesión del servicio de alumbrado público a 20 años con particulares, sin cumplir con los requisitos legales, la ex alcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño Rojas y ocho de los 13 concejales que apoyaron su gestión, responderán hoy en un proceso penal que adelanta el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva.
Los nueve implicados fueron acusados por los delitos de prevaricato por acción, al proferir actos ilegales, en concurso con celebración indebida de contratos.
Los acusados concurrirán hoy en la segunda fase del juicio oral para controvertir la acusación que les formuló la Fiscalía. En la primera etapa, la ex tesorera Sandra Milena Burgos y el secretario General Ronald Polanía Perdomo, rindieron su versión sobre los hechos. Los dos funcionarios, explicaron las circunstancias en que se tramitó la concesión del servicio.
Polémico acuerdo
La corporación autorizó a la mandataria de Campoalegre para entregar en concesión la administración y operación del servicio de alumbrado público durante 20 años, sin las proyecciones y soportes financieros. Además, facultó a la mandataria para comprometer vigencias futuras excepcionales a partir del año 2013 y hasta el año 2032, sin agotar todos los requisitos.
El Acuerdo 012 fue aprobado en un corto periodo de sesiones extras, el 19 de junio de 2012 por el concejo, sin cumplir con todos los requisitos legales exigidos y recibió sanción ejecutiva el 22 de junio de 2012.
La iniciativa contemplaba la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio.
El proyecto no estaba inscrito ni viabilizado en el Plan de Desarrollo ni contemplaba las inversiones previstas en el marco fiscal de mediano plazo, de obligatorio cumplimiento.
La coalición mayoritaria, amparada en normas derogadas, facultó a la ejecutiva para comprometer vigencias futuras excepcionales, más allá de su mandato.
“Como la autorización para comprometer las vigencias futuras excedía el periodo de gobierno, era necesario demostrar la importancia estratégica del proyecto, cosa que no sucedió”, precisó la Fiscalía.
El marco fiscal de mediano plazo no contenía el informe de resultados fiscales de la vigencia anterior, ni la estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, ni la relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que puedan afectar la situación financiera del municipio, ni el costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia anterior.
El acuerdo 012 de 2012, según la acusación, soslayó el marco normativo. No se acreditó la existencia de esta iniciativa debidamente inscrita y viabilizada en los bancos de proyectos. Sin embargo el secretario General de la época, aclaró ayer en la audiencia oral que el proyecto se apoyó en el Plan de Desarrollo anterior (2008-2011) ya que el nuevo 2012-2015 estaba en estudio.
No obstante, solo aparecía relacionado el subprograma servicios públicos domiciliarios, cuya meta es iluminemos el municipio.
En la primera etapa, la ex tesorera Sandra Milena Burgos y el secretario General Ronald Polanía Perdomo, rindieron su versión sobre los hechos. Los dos funcionarios explicaron los pormenores de la iniciativa.
La acusación
La Fiscalía Séptima Seccional acusó a la alcaldesa Triviño Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, por adelantar el proceso de licitación para la concesión del alumbrado público sin tener en cuenta los sustentos técnicos, financieros y sociales que implicaba el comprometer vigencias futuras.
A pesar de no estar autorizada para ello, el 31 de octubre de 2012, la mandataria suscribió el contrato de prestación de servicios con un ingeniero eléctrico para desarrollar el acompañamiento del proceso licitatorio.
El contrato de “apoyo a la gestión” fue suscrito cinco días después de que el Tribunal Administrativo del Huila anuló por ilegal el citado acuerdo que autorizaba la concesión del servicio a particulares.
Además, antes de haber sido aprobada, como en el caso de Palermo, publicó los prepliegos de condiciones para el proceso de licitación, lo que también generó cuestionamientos.
“Sin ningún estudio financiero, el proyecto contemplaba la pignoración de las rentas por alumbrado público durante dos décadas, ascendiendo a 8.100 millones de pesos”, sostuvo la Fiscalía al formular la acusación.
“La decisión se sustentó en un simple estudio de conveniencia (suscrito con Dorian Yury Arias Duque) y no como lo exige la ley en un análisis financiero de fondo”, insistió la Fiscalía.
En estas condiciones estimó la que la funcionaria es “probable autora” de los delitos de prevaricato por acción, al expedir actos ilegales, en concurso con celebración indebida de contratos. Además con la coparticipación de los secretarios de Hacienda, General, Planeación e Infraestructura y Asuntos Sociales y de la tesorera, Sandra Milena Burgos, quien ayer rindió su versión, sobre los antecedentes del polémico acuerdo.
Según la Fiscalía, los concejales incurrieron en el delito de prevaricato por acción por haber proferido el acuerdo 012 de 2012 autorizando vigencias futuras excepcionales sin cumplir con los requisitos legales. Pero además, sin que se encontrara inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos.
Los concejales se apoyaron en una certificación del plan del cuatrienio anterior 2008-2012, como lo reiteró ayer el entonces Secretario General.
En el banquillo
Con estas consideraciones, la Fiscalía Séptima Seccional mantuvo la acusación contra los entonces concejales Henry Castillo Casas, Milton Gerardo Cortés Cuéllar, Henry Cuéllar Almario, Lady Nelcy Lizcano Quintero, Reinado Polanía Losada, Ligia Esperanza Quintero Polo, Mercedes Ramírez Montenegro y Hernando Rodríguez Polanía.
Los concejales insistieron en que el acto administrativo se tramitó con los soportes y las certificaciones que entregó la administración.
La denuncia
La investigación fue iniciada por una denuncia que formuló el 12 de diciembre de 2012 el veedor ciudadano Esaín Calderón. El proyecto se soportó en un estudio de conveniencia y no en un estudio financiero de fondo, como lo exige la normatividad. Un ingeniero electricista formuló sugerencias y recomendaciones relacionadas con la prestación del alumbrado público, pero nada más.
En su criterio, para cumplir con la meta que proponía el Plan de Desarrollo (gestionar e instalar 200 luminarias nuevas y renovar 100), se requería que el municipio realizara una inversión que no superaba los 300 millones de pesos. Adicionalmente, a pesar de las deficiencias, dejaba ganancias.
Según sus cuentas, aunque el servicio de alumbrado público alcanzaba en esa época el 45 por ciento de eficiencia, las actas del cruce de cuentas efectuadas durante el 2011 entre el municipio de Campoalegre y la Electrificadora del Huila encargada del recaudo de impuesto de alumbrado público, dejó ganancias para el municipio por 97 millones de pesos.
Por el mismo concepto de recaudo del impuesto de alumbrado público, en el mes de enero de 2012 hubo un saldo a favor del municipio de Campoalegre de $8,38 millones, en febrero $18,12 millones, marzo $7,61 millones y junio $14,10 millones, arrojando en cuatro de los ocho meses del presente año un saldo a favor del municipio por $48,22 millones.
El planteamiento fue respaldado por la Fiscalía, según la cual, no existe sustento alguno de carácter técnico que reforzara esa trascendencia.
Los reparos jurídicos
Las múltiples inconsistencias, argumentadas durante la discusión del polémico proyecto, fueron ratificadas por el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, al realizar el control de legalidad. Ahora sirven de insumo en el juicio oral.
El acuerdo autorizando la concesión no pasó la evaluación jurídica. La titular de ese despacho, Sandra Elizabeth Collazos lo objetó por razones de ilegalidad e inconveniencia, coincidiendo con los reparos que en su momento formularon los concejales Oscar Perdomo, Jorge Ávila y Jairo Quintero, Elkin Cerquera y Jackson Toledo, quienes se opusieron a la iniciativa.
El acuerdo, según el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación, no satisfacía la normativa consagrada en la Ley 1483 de 2011, comprometió vigencias futuras sin contar con un proyecto inscrito y viabilizado en el banco de proyectos del municipio; no consultaba las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo.
Además, no se demostró la importancia estratégica, no tenía la aprobación del Confis, ni reportaba una verdadera evaluación financiera, y por lo tanto no existía la certeza de la capacidad de endeudamiento del municipio.
Las observaciones fueron admitidas el 27 de agosto 2012. El acuerdo fue anulado el 26 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Huila por las mismas razones expuestas.
“En síntesis, ni en el anterior ni en el nuevo Plan de Desarrollo del Municipio de Campoalegre existió o existe un proyecto de inversión en materia de alumbrado público debidamente inscrito o viabilizado en el banco de proyectos del Municipio de Campoalegre, objeto de ser financiado con recurso de vigencias futuras excepcionales, desconociendo así además de las precedentes”, explicó.