El Tribunal Superior ratificó en segunda instancia una pena de 30 años de prisión. Además, pidió que se investigue a los miembros del Consejo de Ministros y eventualmente al presidente Belisario Betancourt. El Tribunal Superior ratificó en segunda instancia una pena de 30 años de prisión. Además, pidió que se investigue a los miembros del Consejo de Ministros y eventualmente al presidente Belisario Betancourt. LA NACIÓN, Bogotá 
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó ayer la condena a 30 años de prisión al coronel retirado Alfonso Plazas por la desaparición en 1985 de once civiles durante la recuperación de la sede del Palacio de Justicia, que había sido tomado por guerrilleros del M-19. Plazas era comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá en noviembre de 1985, durante el gobierno del conservador Belisario Betancur EL m-19 asaltó las instalaciones del Palacio de Justicia, secuestrando a los magistrados y otras personas que se encontraban allí. Tras la retoma de las instalaciones, Plazas ordenó el traslado de al menos once personas, algunos de ellos empleados de la cafetería, que habrían salido con vida del edificio de la Corte y que luego no fueron encontradas, según la Fiscalía. El coronel en retiro ya había sido condenado en 2010 en primera instancia. Aún puede apelar a una casación ante la Corte Suprema de Justicia. En la toma y recuperación del palacio de Justicia, entre los 6 y 7 de noviembre de 1985, murieron un centenar de personas, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema, y el edificio quedó en ruinas por el incendio que se desató y los disparos de los blindados que ingresaron. Sentencia Plazas Vega fue condenado como autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas la ex guerrillera Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia. Contra esta providencia procede el recurso de casación. En cuanto a las otras nueve personas desaparecidas, que no hacen parte de la condena, la corporación judicial decretó nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación. El Tribunal consideró que la investigación no reunía los requisitos de seriedad e integralidad, de donde resultaban lesionados los derechos del coronel Plazas y de las víctimas, motivo por el cual dispuso la nulidad de la actuación a partir del cierre de la investigación, para que se recolecte más evidencia y se establezca si dichas personas realmente se encuentran desaparecidas o sus cuerpos reposan entre los cadáveres encontrados y evacuados del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Reparación Con fines de reparación y con el propósito de satisfacer derechos de las víctimas, el Tribunal dispuso algunas medidas que honren la memoria de las víctimas directas. Dentro del concepto de proscripción de repetición de la ofensa ordenó la publicación dela sentencia por el término de un año en las páginas web del Ministerio de la Defensa y del Ejército Nacional, para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la Fuerza Pública. Asimismo dispuso que el Ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, el comandante de la Brigada 13 y el comandante de la Escuela de Caballería celebren, en los próximos tres meses, un acto público en la Plaza de Bolívar pidiendo perdón por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Ninguna unidad militar, comando, destacamento, patrulla o compañía, ni en el presente ni en el futuro, tengan el nombre del militar condenado por estos hechos. Como quiera que los centros carcelarios y penitenciarios dependen del poder ejecutivo, el Tribunal exhortó al Gobierno Nacional para que la ejecución de la pena que se impone se cumpla de un modo que no ofenda el dolor de las víctimas y de la comunidad a la que ellas pertenecían. Belisario también Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de las autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad en los hechos del ex presidente Belisario Betancourt, el Tribunal exhortó a Luis Moreno Ocampo, o a quien haga de Fiscal principal ante la Corte Penal Internacional, que considere la posibilidad de presentar el caso e “impida la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente en el ámbito interno colombiano”. Otros investigados En atención al papel que cumplió el Consejo de Ministros frente al asalto del grupo subversivo, así como la solidaridad de sus miembros frente a las medidas adoptadas, se ordenó compulsar copias para que la Fiscal General de la Nación, dentro de su competencia, determine la responsabilidad penal que eventualmente cada uno de los funcionarios que oficiaban como ministros frente a los delitos de lesa humanidad a que alude la presente decisión. Igualmente para que investigue la posible ocurrencia de otros hechos jurídicamente relevantes que pueden ser constitutivos de los delitos de secuestro, desaparición forzada y torturas. Otros militares En el fallo pide que se investigue al cabo Édgar Villamizar Espinel, testigo clave, así como la eventual participación de los miembros de la Brigada VII de Villavicencio (Comando Integrado Antiextorsión y Secuestro) en la ejecución de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio. Igualmente, como quiera que los hechos investigados se imputan a una estructura de poder organizada, acordes con lo expuesto en el fallo de primer grado, el Tribunal solicito a la Fiscalía General de la Nación, si a bien lo tiene, en el ámbito de su competencia, para que proceda a investigar por un concurso de delitos de desaparición forzada al general Víctor Alberto Delgado Mallarino, director de la Policía, y demás personal de oficiales, incluyendo las unidades de inteligencia que participaron en las acciones de recuperación del Palacio de Justicia que hayan podido tener intervención jurídicamente relevante en estos dos delitos. La misma solicitud se hace para directivos del DAS en la época de los hechos. Unidad especial Ante la cantidad de personas que aún falta por investigar y que pueden resultar señaladas como probables responsables del delito de desaparición forzada, el Tribunal exhortó al Gobierno Nacional para que asigne el presupuesto necesario, y a la Fiscal General de la Nación, para que cree una unidad especializada que se encargue exclusivamente de atender los procesos que surjan con motivo de estos hechos. Igualmente para que se sigan buscando a los desaparecidos, en cuanto a que a pesar de esta condena, los familiares de las víctimas aún no saben qué pasó con ellos.
