Marcos Silva Martínez
Los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y las FARC, sus resultados y efectos, hasta hoy, deben ser el referente relevante para el nuevo gobierno y la sociedad colombiana, para retomar las negociaciones con otras organizaciones al margen de la ley y para proyectar el desarrollo integral de la nación. La solución debe soportarse en el desarrollo socioeconómico, industrial, comercial y tecnológico, integrales.
El nuevo gobierno, dirigentes políticos y sociales, deben entender que en muchos casos, personales y colectivos, la decisión de alzarse en armas, tuvo y tiene, causas socioeconómicas y políticas, justificables en la mayoría de casos, incluida la retoma de armas, por parte de reinsertados.
Colombia debe superar esa fatalidad del conflicto socioeconómico-político. La vía fundamental es la inclusión socioeconómica y política, la depuración y reconstrucción de la institucionalidad, para lograr soportar efectivamente el desarrollo de todos los sectores económicos del país y construir convivencia.
Estos imperativos y realidades, deben someterse a un riguroso análisis crítico y de viabilidad, respecto al contexto histórico económico-social y político colombiano, de las relaciones internacionales, y el modelo económico-político dominante.
Deben valorarse las condiciones sistémicas y coyunturales presentes, propiciadas y explotadas por los usufructuarios del poder político, durante más de 200 años y los efectos del maniobrar de los enemigos de la construcción de equidad socioeconómica y mejoramiento real de condiciones de vida. Ese debe ser y es el mayor desafío del nuevo gobierno.
Es imperativo reconocer la posición y efectos de la doble moral del Presidente Iván Duque, sobre el proceso de implementación de los acuerdos con las FARC. Es un hecho que tenía que ocurrir, en su condición de representante incondicional de la extrema derecha y de los gremios económicos, usufructuarios del poder político e institucional, desde siempre.
Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el objetivo de mantener el régimen de impunidad que los beneficia y el poder económico y político que explotan.
Un hecho demostrativo que pasará a la historia, fue el liderado por Álvaro Uribe, opositor al Gobierno en 2016, cuando promovió el ‘no’ en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, con base en típicos engaños y falacias al elector. El resultado provocó varias modificaciones en el nuevo acuerdo pactado y firmado, conocido como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016.
Son hechos que no se deben olvidar, para no tener que repetirlos. Los politiqueros, clientelistas y secuaces, pura sangre, ya los vemos merodeando el reparto de poder, junto al atractivo del acuerdo nacional, que plantea el nuevo gobierno y que constituye un propósito al que deben racionalizar al máximo.
El gobierno liderado y ejercido por Uribe, a través de su secuaz empoderado, manifestó reiteradamente el propósito de hacer trizas los acuerdos. Ese propósito continua presente, en los acólitos y usufructuarios del diabólico uribismo. Es conveniente recordar las tesis del neurólogo C. Lombroso, consustanciadas e impulsadas por R. Lombroso, Enrico Ferri y en Colombia, por G. E. Gaitán, sobe el criminal nato.
Lo resultados de las elecciones presidenciales recientes, fácilmente permiten concluir, que hay atisbos de ascenso de la conciencia ciudadana, del elector y la sociedad en general.
El nuevo gobierno debe responderle a su electorado y a la sociedad colombiana sin poder, tomando las decisiones fundamentales para la implementación de la reconstrucción socioeconómica y política, ética y moral nacional, integrales.
De esa manera se puede fortificar y estimular la toma de conciencia social, que se empieza a evidenciar con los resultados electorales.
Lo sucedido en Colombia en estos casi seis años desde la firma del acuerdo de paz, es un ejemplo concreto de la posición del establecimiento, para sabotear la posibilidad de construcción de paz y equidad socioeconómica y para mantener la impunidad y el poder, pero eso no debe justificar el regreso o permanencia en armas.
La lucha armada no augura perspectivas de solución socioeconómicas y políticas en el siglo XXI. Máxime cuando generalmente las organizaciones al margen de la ley, han sido cooptados por organizaciones de delincuencia común y narcotraficantes.
Los resultados de los conflictos negociados e implementados en los últimos lustros, en el planeta, son referentes válidos que deben tenerse en cuenta en el caso colombiano.
Se requiere urgentemente desarrollo nacional integral, para generar empleo, potenciar los ingresos de los colombianos, sustituir importaciones, bajar los índices de criminalidad, la mediocridad en el poder, que son el caldo de cultivo de la corrupción y la impunidad.
Pensemos que Colombia, hasta hoy, ha padecido 118 gobernantes nacionales y ninguno quiso ocuparse del destino social y económico, positivos de la nación.
El gobierno, los órganos de poder, los empresarios sensatos y la sociedad en general, deben comprender y dimensionar las causas del conflicto colombiano y la conveniencia política y social de generar las condiciones para acelerar los procesos de reinserción y de superación de la inequidad socioeconómica integralmente.
Es la única alternativa cierta para superar las causas del conflicto, incluido el cáncer del narcotráfico y crear condiciones genuinamente favorables, para construir equidad socioeconómica y justica social.
Recordemos que Colombia, se mantiene desde hace años, entre las dos naciones más inequitativas de Latinoamérica y sexta en el planeta, con altísimos índices de criminalidad, de desempleo y subempleo, con aberrante concentración de la riqueza y vergonzosos niveles de pobreza.
La reconstrucción nacional, demanda depuración y reestructuración total del sistema de contratación pública, del régimen tributario y fiscal, del sistema de salud, reforma agraria integral.
La salud, de ninguna manera pueden justificar que se maneje como una mercancía. Bajo ningún pretexto se puede justificar que se maneje y utilice como fuente de enriquecimiento para unos pocos y pasto de corrupción y despilfarro.
El sistema educativo colombiano es pésimo y esta dirigido y explotado como mercancía para generar utilidades y acumular riqueza.
Reestructurarlo demanda responsabilidad social y política. El rescate de la educación del abismo de la mediocridad y la explotación económica al que ha sido sometida por el régimen imperante, es inaplazable.
Colapsó en calidad, en valores y en desarrollo de pensamiento crítico independiente. Se convirtió en un negocio sucio, que lo explotan económicamente, mientras producen mediocridad y precaria consciencia social.
Colombia clama por su reconstrucción. Es posible lograrlo en el mediano y largo plazo, si se toman las mediadas necesarias, siempre bajo el objetivo de resolver la grave problemática socioeconómica, institucional y de degradación social y moral. El nuevo gobierno puede comenzar tal reconstrucción, si no claudica ante los buitres de la politiquería, el clientelismo y la endémica corrupción e impunidad y el desorden e irresponsabilidad judicial, que ya acuciosamente, disfrazados de buenos propósitos, merodean la estructuración y posiciones en el nuevo gobierno, incluidos los más férreos enemigos declarados y agazapados del presidente electo.