Congresistas privilegiados. Por Rodolfo Valderrama Díaz*

En reciente fallo del Consejo de Estado se confirmó la revisión y reducción proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, de la mesada pensional del ex congresista  Jesús Antonio García, debido  a irregularidades cuando se liquidó esta prestación , a la que se sumaron viáticos, pasajes y otros pagos que no constituyen salarios y sobre los que no se efectuaron aportes.  Según informaciones periodísticas, esta pensión de 31 millones de pesos debe rebajarse   al valor promedio de las pensiones más altas de los congresistas, que es del orden de 20 millones; es decir la liquidación se hizo en base a 150% del salario, cuando para el resto de empleados este monto ha fluctuando entre  75% y  85%.  La generosidad del Fondo Prestacional del  Congreso ha permitido un sobre-pago actualizado a valores actuales  del orden de 1.700 millones de pesos, pues el disfrute de este servicio se generó desde octubre de 1998. Han sido muchos los abusos cometidos por nuestros parlamentarios al legislar en provecho propio, en este caso al separarse de Cajanal hacia 1980 y crear su propio Fondo, los subordinados  de esta nueva entidad se sintieron más comprometidos con sus jefes políticos y se crearon condiciones propicias para la obtención de pensiones  de manera irregular, a lo anterior debemos agregar que cuando aprobaron la Ley 100 en 1994,  argumentaron que era algo “muy beneficioso”, sin embargo ellos se excluyeron y crearon un régimen privilegiado que permitió pensiones en base al sueldo vigente de congresista sin la exigencia del promedio de los últimos diez años, también se propició el corrupto carrusel de pensiones, además de lo anterior sus salarios o dietas las elevaron anualmente por encima del promedio nacional, en virtud del sistema especial que introdujeron. Todos nuestros grupos políticos, hasta los más conservadores admiten que la inequidad existente  es un problema grave, pero ni siquiera los que se consideran de izquierda o de avanzada y defensores  de las clases más desprotegidas, proponen ni se comprometen con soluciones efectivas, como limitar sueldos y pensiones en términos de salarios mínimos y así evitar que unos pocos privilegiados del Congreso y otras entidades absorban el presupuesto, lo mismo que para mejorar nuestra tardía y permisiva justicia.  Como si fuera poco este abuso de poder, la situación es más aberrante cuando la acción judicial no actúa o llega tarde y de manera incompleta, como ocurrió en el caso mencionado, pues es sensato que se exima de sanciones penales, pero incomprensible que no se establezcan responsabilidades fiscales, administrativas y civiles para recuperar esos pagos ilegales. *rodovaldi@hotmail.com