En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe Veléz, por presunto soborno y manipulación de testigos. El alto tribunal aclaró que esta medida se tomó por posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos.
La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un hecho sin precedentes en la historia reciente colombiana, al ser el primer exmandatario en enfrentar una medida de aseguramiento de la justicia, en este caso, por supuesta manipulación de testigos.
La enorme expectativa por la decisión que tomaría esta semana la Corte Suprema de Justicia en el caso del jefe máximo del Centro Democrático, concluyó sobre la 1:12 p.m. cuando el propio expresidente comunicó a través de su cuenta de Twitter la determinación: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, publicó.
Ya al cierre del día, la Corte Suprema de Justicia confirmó la orden de privación de libertad a través de Héctor Alarcón, presidente de la Sala Especial de Instrucción.
“La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia”, dijo el jurista.
“La medida tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recabado y analizado por la Sala –añadió- el cual incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos e interceptaciones telefónicas que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal”.
Se trata, según el comunicado de la Corte, de una medida preventiva que no indica que el investigado es responsable del delito imputado, sino que el investigador considera que hay méritos para restringir la libertad mientras se adelanta el proceso.
Esta histórica jornada para Colombia fue antecedida por un comunicado conjunto firmado por los presidentes de las altas cortes y publicado el día lunes, en el cual los máximos tribunales del país hicieron un llamado para que se respete la autonomía de los jueces y rechazaron las presiones de diferentes sectores.
La génesis del caso
El inicio del caso, que hoy tiene al controvertido exmandatario colombiano enredado, se remonta al 23 de febrero de 2012 cuando el senador Iván Cepeda realizó un debate de control político contra el expresidente Uribe Vélez, donde lo acusó de tener conexiones con paramilitares y narcotraficantes usando como pruebas los testimonios de varios ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Tras el debate promovido por el senador del Polo Democrático Alternativo, el expresidente pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara al dirigente izquierdista por haber sobornado y manipulado a dichos testigos.
Sin embargo, el jefe máximo del Centro Democrático fue ‘presa’ de un giro inesperado de la justicia. Pues la Corte, no solo absolvió a Cepeda, sino que incluyó a Uribe en su investigación por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.
Uno de los 42 testigos que declararon en este caso es Juan Guillermo Monsalve, exintegrante de las AUC, quien primero acusó a Uribe, después se retractó y luego dijo que su cambio de postura se había dado por presión del abogado de Uribe Vélez, Diego Cadena.
Las razones de la Corte
En el comunicado de la noche anterior, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que la decisión se tomó de manera unánime el día lunes en la Sala Especial de Instrucción, y que se ordenó la medida de aseguramiento preventiva de Uribe “como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
En el documento difundido por el alto tribunal también se aclara que esta medida se tomó por “posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga”.
Así las cosas, precisan que el senador Uribe Vélez “cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso.”
La Corte Suprema de Justicia, además, explicó que las conductas por las que es investigado Uribe se dieron después del 16 de febrero del 2018, fecha en la que la Sala de Casación Penal archivó la denuncia contra Iván Cepeda y compulsó copias contra el expresidente.
El 24 de julio del 2018 la Corte abrió la investigación formal contra Uribe y lo llamó a indagatoria, sin dar a conocer la fecha. “Al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”, dijo la Corte.
Tras la indagatoria al expresidente y a Álvaro Hernán Prada, en octubre del año anterior, y luego de escuchar sus explicaciones, practicar pruebas, el alto tribunal determinó que “la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción”.
La Corte Suprema también aseguró que dentro de las pruebas hay testimonios, inspecciones judiciales, videos, grabaciones e interceptaciones telefónicas. Todo ese material probatorio, dice la corporación judicial, “al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos” por los que es investigado.
Respecto a la situación del representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien también aparece en este expediente, la Corte aseguró mediante su comunicado que algunos de los comportamientos investigados en el caso de soborno a testigos lo involucran, por lo cual la Sala de Instrucción “le imputa el delito de soborno en calidad de cómplice”. Aunque la Corte no ordenó su detención, Prada seguirá vinculado en el caso.
¿Qué sigue en el proceso?
Referente a la situación jurídica actual del exmandatario, varios abogados explicaron que la detención domiciliaria no quiere decir que fue acusado o condenado sino el comienzo de una vinculación a la investigación.
Sobre qué opciones tiene el senador Uribe para apelar esta decisión, indicaron que el senador debe continuar su defensa ante la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
A pesar de la virtualidad en la que está el Congreso, el expresidente no podría ejercer su cargo como senador. La curul pasaría a ser ocupada por la primera persona de la lista del Centro Democrático que no pudo acceder al Senado.
Remezón en el uribismo
Tras conocerse la orden de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, la cascada de reacciones en el país político no se hicieron esperar.
El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, mediante un comunicado manifestó indignación por la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
“No ha habido vida más escrutada en Colombia que la del expresidente Uribe, quien ha demostrado a lo largo de su trayectoria ser un hombre íntegro y transparente”, indica la misiva.
El Centro Democrático complementa que continuará defendiendo su causa con decisión, de cara al país y con la absoluta seguridad de su inocencia.
En esta misma línea, durante una intervención en la Plenaria del Senado, la senadora Paloma Valencia defendió al expresidente Álvaro Uribe y planteó la necesidad de promover una constituyente para reformar la justicia.
La congresista señaló la necesidad de “recuperar la confianza” en la Rama Judicial y de materializar las propuestas que ha hecho el Centro Democrático.
Sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia el Consejo Gremial Nacional dijo que “es principio democrático respetar y acatar las decisiones proferidas por el sistema judicial de nuestro país. Sin embargo, consideramos que el expresidente tiene el derecho y la legitimidad para atender su proceso judicial en libertad”.
El impacto en el Centro Democrático
Según analistas, uno de los principales efectos de la medida de aseguramiento del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez se reflejará en su partido, el Centro Democrático.
Prevén que las prioridades del partido político cambien, principalmente la agenda legislativa del presidente Iván Duque, y se enfoquen en lo que será el caso de Uribe.
El liderazgo del Centro Democrático estará afectado, aseguran, al no tener otra figura con el peso del expresidente, considerado el político de mayor relevancia de los últimos 20 años en la política colombiana, por lo cual, aún es incierto quién puede tomar la batuta en el partido de Gobierno.
En este sentido, la senadora María del Rosario Guerra indicó que el Centro Democrático sigue en pie a pesar de esta decisión contra su líder principal. Pues desde que se creó el partido estableció que sería una bancada de permanencia más allá de las figuras personales.