Aunque inacabado y pleno desarrollo, el modelo de sociedad diseñado por la Constitución de 1991, sigue siendo hoy la carta de navegación para orientar en la borrasca a un país sin timonel. Logros y desaciertos.
RICARDO AREIZA
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Colombia conmemora hoy 4 de julio los primeros 30 años de la expedición de la Constitución de 1991 con grandes aciertos y desaciertos.
A pesar de las 56 reformas impulsadas en tres décadas, la esencia, los pilares fundamentales de la nueva carta política democrática, participativa y pluralista, se han preservado.
Los textos constitucionales siguen siendo los más modernos del mundo y uno de los más garantistas.
El Estado Social de Derecho como principio medular de nuestra organización política aunque intacto no ha logrado desarrollarse para establecer un orden justo, incluyente, equitativo.
La generosa Carta de Derechos– no solo se ha mantenido sino que se ha profundizado a lo largo de estos seis lustros.
El diseño institucional de los principios básicos en materia de derechos y lo que significa un Estado multiétnico, multicultural y diversos se mantiene pero aún siguen nadando en el limbo y no logran plasmarse en leyes sustanciales.
La nueva Carta redefinió el marco de las relaciones entre Estado y la sociedad y por esa vía replanteó las discusiones sobre gobernanza en el país, consagrando a Colombia como un Estado Social de Derecho.
La Carta Fundamental relegitimó la democracia como sistema político, impuso la elección popular de alcaldes, revalidó la descentralización; acogió la diversidad cultural de la Nación, acercó el gobierno a los ciudadanos mediante gobiernos locales autónomos; impuso el control social: rompió la excesiva concentración de poder presidencial y estableció la separación de poderes, como sistema de pesos y contrapesos.
No obstante, marcando un rompimiento los gobiernos de turno con la anuencia de un congreso ‘enmermelado’, extienden ahora su poder sobre la Rama Judicial, la Procuraduría y los demás organismos de control, convertidos en un apéndice.
Ruptura
La Constitución de 1991 acabó con el Estado confesional y el Concordato, estableció el Estado laico, impuso la libertad de profesar o no cualquier credo, y por lo tanto la neutralidad de las autoridades en materia religiosa.
En términos de legitimidad, la joven Constitución, transformó la cultura política del país y comenzó a generar una nueva ciudadanía, más participativa y más deliberante.
La Constitución de 1991 frenó el bipartidismo y abrió nuevas opciones de participación política, estableciendo un sistema de partidos en proceso de consolidación.
La tutela
Uno de los logros más significativos fue la creación de la tutela como uno de los mecanismos de mayor calado en la protección de los derechos, al lado de las acciones populares y las acciones de cumplimiento, poderosos instrumentos de control social. La tutela ha sido una de las principales innovaciones de la Constitución de 1991 fue la introducción de la tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales
Con la tutela, como decía el ex magistrado Carlos Gaviria, el derecho y la Rama Judicial se democratizaron.
Medio ambiente
La Constitución Política de 1991 reconoció el Derecho al Medio Ambiente Sano y lo catalogó como como un derecho colectivo (título II capítulo 3 artículo 79), un gran avance en política ambiental y el desarrollo sostenible. Sin embargo, no ha sido fácil su efectiva salvaguarda y los grandes intereses han terminado congelando su efectivo desarrollo.
“Las esperanzas generadas por los avances en materia de derechos y garantías encontraron un formidable obstáculo para su realización plena en las medidas y la reorientación del modelo económico de corte “neoliberal” aplicado con mayor o menor énfasis por los sucesivos gobiernos de turno”, apuntó Teófilo Vásquez.
Sombras
Son muchos los logros obtenidos en este corto tiempo. Pero también muchas las sombras.
La más oscura, fue la extradición. Bajo su esquema original, Constitución de 1991, prohibía la aplicación de esta figura.
Sin embargo, a partir del Acto Legislativo 01 de 1997, se reformó dicha disposición, dando vía libre a la extradición de nacionales por delitos no políticos. Modificó el artículo 35 de la Constitución y dispone la extradición por delitos no políticos de colombianos por nacimiento que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales por la legislación colombiana. La Sentencia C-543 de 1998 declaró inexequible la expresión “la ley reglamentará la materia” contenida en la norma.
Embeleco
El constituyente de 1991 estableció la prohibición de la reelección. Sin embargo, este embeleco fue aprobado en mayo de 2005 por el Congreso para alimentar intereses particularísimos del presidente de la época y no obedeciendo al interés general, origen de una aguda polarización que vive el país.
Por fortuna este adefesio fue erradicado del ordenamiento constitucional en el 2015, luego de diez años de haberse aplicado.
Regalías
El pago de regalías petroleras como una contraprestación económica para compensar a las zonas productoras por los daños que causa la explotación de un recurso natural no renovable fue eliminado de un solo plumazo. Esa garantía constitucional contemplada en el artículo 360 de la Constitución original fue reformada, afectando a las regiones productoras, como el Huila, sensiblemente afectada por la actividad petrolera.
El nuevo esquema de redistribución de regalías entró en vigencia a partir del primero de enero de 2012. Un desafortunado desacierto que no logró cumplir con dos objetivos: eliminar la corrupción y fortalecer la descentralización.
Por el contrario, el nuevo sistema recentralizó el manejo de regalías y las concentró en el Gobierno Nacional. Los Ocad, creados para el manejo de las regalías, han sido trabas burocráticas para la inversión local y fortalecimiento de una tecnocracia centralista encargada de priorizar los recursos de las regiones.
Reformas
Cinco reformas naufragaron. La Corte Constitucional las declaró inexequibles, entre ellas el Estatuto Antiterrorista, la inscripción automática de provisionales al sistema de carrera, administrativa, uno sobre conflictos de interés en las reformas constitucionales y juzgamiento penal a militares.
El Acto Legislativo 02 del 2015, sobre equilibrio de poderes, ha sido la reforma de mayor alcance a la Carta Política Modificó 22 artículos.
La enmienda estableció disposiciones sobre la nueva comisión de aforados, funciones del Consejo Superior de la Judicatura y acerca de faltas absolutas en altos cargos de elección popular y transición hacía nuevos órganos de gobierno y administración judicial. También eliminó la figura de la reelección presidencial y de otros altos cargos.
Acuerdo de paz
El Acuerdo Final que permitió el desarme de las Farc, la guerrilla más vieja del mundo, tuvo un tratamiento de Acuerdo Especial, en los términos del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que rigen en materia del Derecho Internacional Humanitario.
El Acuerdo fue integrado al bloque de constitucionalidad en sentido estricto y con carácter transitorio. El sometimiento del Acuerdo Especial conforme a las normas del derecho internacional representa una garantía especial para las víctimas, y para las garantías del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Aunque inconcluso, como dijo el ex magistrado Armando Novoa, el modelo de sociedad, está en desarrollo.
La estructura sustancial, la arquitectura del modelo constitucional con una generosa Carta de Derechos, sigue siendo hoy después de 30 años, una carta de navegación en desarrollo para superar, como ahora, una aterradora crisis de legitimidad, frente a una ciudadanía deliberante que comienza a despertar.