Rodolfo Valderrama
Treinta años está cumpliendo nuestra Constitución Nacional; recordemos que fueron muchas las expectativas creadas por el advenimiento de un país más justo, especialmente para quienes somos de tendencia socialdemócrata. Si revisamos detenidamente el original, pues el Congreso ha introducido varias modificaciones, observamos que aborda muchísimos aspectos de la vida nacional con avances en los derechos y la justicia social, aspecto que implicó varios meses, leerla, re-leerla y asimilarla, pues no se podía creer tanta “belleza”. Sin desconocer aspectos positivos que permanecen con ciertas limitaciones, como la tutela, revocatoria del mandato, referendo, consulta popular, silencio administrativo etc., estos logros no compensan los desastrosos resultados en materia socio-económica, no por la Carta Magna sino a pesar de sus buenos propósitos; lo anterior se debió en parte a la ingenuidad de los constituyentes por dar autonomía para su aplicación (Art. 374) a un Congreso revanchista por haber sido revocado, además neoliberal.
La Constitución de inspiración centro-izquierda o socialdemócrata, implicaba una fuerte intervención y gasto estatal para concretar el sinnúmero de derechos, pero al mismo tiempo quedó escrito que el Congreso la reglamentaría mediante leyes y podría modificarla (art. 374 ); entonces las leyes anularon el espíritu social original; veamos algunos casos, los artículos 13 y 25 expresan que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y el Estado garantiza igualdad de oportunidades, “muy bonito”, pero las leyes y decretos desvirtuaron lo anterior al exigir certificados de Hacienda sobre disponibilidad presupuestal, asunto que siempre se negó; lo mismo ocurrió con la salud pues la Ley 100 invirtió el propósito constitucional, además se perdió el carácter vitalicio de las pensiones al crear fondos privados (Art. 48 y 49). La Constitución previó democratizar la propiedad, (Art. 60) y favorecer al campesino (Art. 64, 65, 66) la Ley invirtió el objetivo es decir se produjo mayor concentración además eliminó la Caja Agraria que prestaba un servicio social mediante insumos y créditos subsidiados, se reemplazó por el Banco Agrario de carácter comercial.
La Constitución posibilita ejercer derechos y deberes aunque no es garantía, pues su aplicación depende de leyes, decretos y otras disposiciones; desde 1990 hemos tenido gobiernos y Congreso que han priorizado medidas represivas, monetaristas, desarrollistas y asistencialistas que aumentaron el sub-empleo, la informalidad y la concentración de ingresos en una minoría, especialmente mediante reformas laborales y la privatización; un caso de cómo esto último incide en la inequidad es el de aguardiente y loterías, antes monopolio del departamento, que al privatizarse se convirtieron en grandes conglomerados, propiedad de potentados, que reciben millones de humildes e ingenuos apostadores, desesperados por salir de la “olla”, no saben que de esos millones solamente devuelven en premios menos del 30%. rovaldi.5319@yahoo.com