En medio del escepticismo avanzan los diálogos entre el Gobierno nacional y las Farc en La Habana, acicateados por las vísperas electorales.
La mayoría de los colombianos tenemos la esperanza que a través de la vía política, dialogada y negociada, se ponga fin a la violencia que por lustros desangra al país y retrasa su desarrollo social y económico. Finalizados los diálogos, desmovilizadas las guerrillas, dejadas o entregadas las armas y clara la voluntad de reintegrarse a la sociedad civil y contribuir por la vía democrática a los cambios que reclama Colombia , tendrá que definirse como se irán a ratificar los acuerdos logrados, para lo cual se analizan varias alternativas: El de la imposición, sin consultar la opinión pública; la participación ciudadana mediante un referendo; o la convocatoria de una constituyente para que sea el pueblo como constituyente primario el que avoque el estudio y aprobación de los acuerdos de paz que se suscriban.
La convocatoria de una constituyente ha sido propuesta por quienes se consideran contradictores irreconciliables como representantes de dos tendencias ideológicas en plena confrontación sobre el proceso de paz: El centro democrático de tendencia derechista que lidera el expresidente Álvaro Uribe y las Farc quienes se declaran de izquierda.
La constituyente permitiría la participación de todas las ideologías y sectores que conforman la sociedad civil como sucedió en la asamblea constituyente de 1991 en la cual además de guerrilleros, líderes de los partidos tradicionales llegaron intelectuales, indígenas, dirigentes sindicales, deportivos, gremiales académicos y estudiantiles como Alfonzo Palacios Rudas, Angelino Garzón, Orlando Fals Borda, Alberto Zalamea, Juan Carlos Esguerra, Fernando Carrillo, entre otros. Se elegiría por el voto popular y les correspondería debatir los acuerdos propuestos desde La Habana en el marco de un nuevo modelo político, económico y social que reclama la Nación.
Los mismos argumentos que justificaron la convocatoria de la asamblea que aprobó la constitución de 1991, serian válidos para convocar la constituyente del 2014.
En el 91 se consideró que la Asamblea constituyente y los cambios eran necesarios para pactar la paz con los grupos insurgentes, que el Congreso no le interesaba la reforma porque ponía en riesgo sus privilegios e intereses y que la Corte Suprema terminaría declarando inconstitucional la proyectada reforma como lo había hecho con las propuestas por los gobiernos de López, Turbay y Barco.
La asamblea del 91 se convocó por un procedimiento irregular de la séptima papeleta que promovió el movimiento estudiantil donde impero la decisión política.
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