Estamentos de la Universidad Surcolombiana pidieron por tutela la suspensión de las elecciones internas para escoger un rector en propiedad. Las amenazas a la participación y la ausencia de medidas de bioseguridad afectan la jornada.
RICARDO AREIZA
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Faltando menos de un mes para la realización de la consulta estamentaria, las elecciones interna en la Universidad Surcolombiana podrían registrar un nuevo escollo.
Una acción de tutela, solicitando la suspensión de la consulta fue instaurada por estudiantes, docentes y egresados hasta que la institución no garantice el retorno seguro de la comunidad universitaria a las actividades académico administrativas y se adopte un protocolo específico para el manejo del riesgo de contagio en el proceso electoral.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito admitió el recurso de amparo, pero negó la solicitud de suspensión provisional del acuerdo que revivió la consulta estamentaria.
“En el presente caso, solo se cuenta con los argumentos de la parte actora, sin que de ellos se pueda inferir, que los derechos fundamentales invocados, se pueden vulnerar de manera definitiva”, argumentó el juez Carlos Ortiz Vargas.
Entre los accionantes figuran los estudiantes, Alejandro Sepúlveda Lizcano; el egresado Juan Carlos Albarracín y los docentes Marco Ceballos, Yamile Peña Poveda, Zully Cuellar López, Miller Dussán y Aldemar Macías.
La consulta estamentaria prevista en forma presencial para el próximo 18 de marzo quedó de nuevo en el limbo hasta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito, decida de fondo su procedencia.
Sin debates
Antes de la pandemia, el Comité Electoral de la Usco había autorizado la participación en los debates programados de un representante del comité del voto en blanco (Acta No. 003 del 2 de marzo de 2020). Además, había establecido que el voto en blanco sería ponderado igual que los candidatos ternados. La iniciativa se quedó en el papel.
Los debates con los aspirantes se suspendieron por las medidas sanitarias, como ocurrió con todo el proceso.
La suspensión impidió la culminación del cronograma de socialización de las propuestas ante la comunidad universitaria tanto de los aspirantes ternados, como del comité promotor del voto en blanco, limitando de esta forma el derecho a la información de los electores de la Sede Central en Neiva.
El Consejo Superior en el nuevo cronograma no estableció, ni ordenó al comité electoral la creación de los nuevos espacios oficiales de debate, como foros, que garanticen la difusión de las propuestas programáticas en igualdad de condiciones tanto para los aspirantes al cargo de rector como del voto en blanco.
Tampoco ha creado las condiciones logísticas que garanticen el traslado de todos los estudiantes desde los lugares de residencia, especialmente, de los municipios o zonas rurales a los sitios de votación.
Con otro agravante. Faltando 26 días para la realización de la jornada presencial, aún no se conoce el listado definitivo de electores (estudiantes, egresados y docentes).
Según el renovado cronograma el listado de las personas habilitadas para votar será publicado el 12 de marzo de 2021 en el portal institucional, una semana antes de la jornada.
“Esa decisión afecta el derecho a la información y al voto informado de los estamentos, en particular de la sede Central en Neiva, pues allí no se pudo llevar a cabo la socialización de las propuestas, como en las otras sedes, antes de que se suspendiera por la pandemia el proceso de designación”, alegaron los tutelantes.
Sin protocolos
El Consejo Superior tampoco incluyó que revivió la consulta, una etapa de publicación de los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus durante la jornada. Tampoco, ha tramitado ante el Ministerio del Interior y ante el Ministerio de Salud y autoridades sanitarias, los permisos para la realización de estos eventos que pueden implicar aglomeraciones.
“Esta situación vulnera una vez más el derecho a la información y a su vez el derecho a la vida y a la salud de los electores -docentes, estudiantes y graduados- y de quienes deben cumplir funciones en la jornada electoral, como jurados y testigos electorales”, acotaron.
A pesar que el Ministerio de Salud adoptó desde el 16 de junio de 2020 la Resolución 958 las medidas para los procesos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en esta consulta, no existe claridad de parte del Comité Electoral de los protocolos de bioseguridad, ni los trámites que se hayan adelantado para la vigilancia y control por parte de las autoridades territoriales, en donde funcionarán puestos de votación presenciales.
Sin voto electrónico
Los autores de la tutela alegaron que el Consejo Superior levantó la suspensión y restableció el cronograma de la consulta sin avanzar en la estructuración del sistema tecnológico digital para garantizar el voto electrónico como alternativa en momentos en que las actividades académicas a la fecha continúan virtualmente.
“No existe ningún estudio que demuestre que la consulta presencial no vulnera el derecho al voto, ni a la participación de los diferentes estamentos”, afirmó el docente Miller Dussán.
“Es evidente que la decisión de adelantar de forma presencial la votación, sin el cumplimiento de la estructuración del sistema electrónico establecido en el Acuerdo 033/20, no garantiza la información, deliberación y el derecho al voto de un número indeterminado de integrantes de la comunidad universitaria”, precisa el docente.
“Esta situación afectaría en particular a los estudiantes, muchos dispersos fuera de las sedes de la sin posibilidades para desplazarse a votar, por cuenta de las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia”, afirmó Humberto Perdomo, representante de los estudiantes en el Consejo Superior.
“En consecuencia, se coloca en inminente riesgo la vulneración de los derechos a la participación, la información, la salud y al sufragio de estudiantes, docentes y graduados, cuando se había aprobado la implementación de un sistema virtual electrónico, el cual no fue tenido en cuenta al emitir el Acuerdo 01 de 2021”, precisa la acción judicial
En estas circunstancias, acotó, el organismo directivo, ha omitido hasta el momento el deber de adopción y publicación de protocolos específicos para el manejo del riesgo de contagio de covid 19 en elecciones presenciales al interior de la Universidad.
La expedición del Acuerdo 01 de 2021 que revivió el cronograma, tendría unos efectos concretos sobre la información, la salud y la participación de los estamentos, así como en la afectación del derecho al sufragio.
Otros Riesgos
De hecho, la consulta como se viene preparando, implicaría una eventual disminución en la participación electoral y por lo tanto, afectaría la legitimidad.
Adicionalmente, docentes y egresados, mayores de 60 años, podrían eventualmente quedar excluidos de participar en la consulta.
La pandemia también ha tenido otros efectos en el debate público en esta consulta estamentaria y terminó en manos de las maquinarias clientelistas que quieren imponer rector, contra viento y marea.
Las elecciones internas bajo el estrés de la pandemia, sin duda, han impactado principalmente los mecanismos de participación ciudadana.
No en vano, la Corte Constitucional, avaló la presencialidad de las corporaciones de elección popular, “por ser el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad, por lo cual no es posible impedir tal presencialidad en épocas de pandemia”.
Sin embargo, la Corte encontró́ que los órganos constitucionalmente autónomos están llamados determinar su propio reglamento para efectos de su funcionamiento interno.
Una muestra
La posibilidad de suspender por razones sanitarias la presencialidad de la consulta, está en el orden del día.
Aunque este no es un proceso propiamente para llenar vacantes de carrera, pero si sujeto a propiciar aglomeraciones, la Comisión Nacional del Servicio Civil, como medida preventiva, suspendió los procesos de selección hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
El organismo aplazó por esta razón todos los procesos de selección para proveer empleos de carrera del régimen general, especial, constitucional o específico, para garantizar la participación en los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el distanciamiento social.
Además, congeló hasta que se supere la Emergencia Sanitaria los cronogramas y términos en los procesos de selección, incluidos las reclamaciones, solicitudes de exclusión, expedición de listas y firmeza individual y general de listas.
Está previsto que las autoridades territoriales por razones sanitarias podrán ordenar la suspensión servicios presenciales, total o parcial y restringir la participación en reuniones y encuentros públicos.
De hecho, varios sectores universitarios estiman que la convergencia múltiple de electores en los puestos de votación físicos puede resultar difícil de controlar.
Limitaciones
Las restricciones impuestas para contener la propagación de la pandemia limitan de hecho la dimensión participativa la jornada estamentaria.
La consulta presencial en la práctica constituye un dilema inédito en la Usco en medio de la pandemia que no ha sido suficientemente examinado y que puede convertirse en otro escollo para superar la prolongada interinidad que completa dos años.
Legitimidad
Adicionalmente, a los temas centrales de la tutela, no existen o no han sido definidos por el comité electoral, mecanismos que garanticen niveles suficientes y fiables de participación estamentaria que aseguren la representatividad y legitimidad de la consulta.
Tampoco se han definido entornos seguros de votación para quienes estan habilitados para sufragar, lo mismo que acciones para minimizar los riesgos sanitarios en los jurados, testigos y personal electoral.
Aunque está aprobado el voto programático e incorporado en la reglamentación interna, no se han estimulado mecanismos institucionales para que los candidatos de la terna, y los promotores del voto en blanco, puedan debatir de cara a la comunidad universitaria las propuestas que los aspirantes presentaron para optar a la rectoría.
Y más aún, faltando menos de un mes para la consulta, el comité electoral y las directivas de la institución no han definido mecanismos de transparencia e integridad de la jornada, en medio de las restricciones sanitarias.
En este escenario de restricciones sanitarias y amenazas latentes a la participación democrática, no es descartable la suspensión del proceso como lo plantearon los autores de la tutela.
El proceso quedó ahora en manos del juez de tutela que tendrá que valorar las circunstancias especiales para determinar la viabilidad de la consulta bajo el estrés de la pandemia.
