La Nación
HUILA

Continúan amenazas contra indígenas del Huila

Continúan amenazas contra indígenas del Huila 1 7 abril, 2020

El Consejo Regional Indígena del Huila advirtió que continúan las amenazas contra la población indígena en el occidente del departamento. Reveló, que las denuncias han incrementado, tras el reciente asesinato del comunero Jairo Ortiz en el municipio de Íquira.

 

Lucía Sánchez

Temadeldìa@lanaciòn.com.co

 

Hay incertidumbre en la comunidad indígena del Huila por el recrudecimiento de las amenazas, luego del reciente ataque armado que se registró en el corregimiento de Río Negro – Íquira, y que dejó como saldo un comunero asesinado y dos heridos.

“Desde el 21 de diciembre que asesinaron a nuestro compañero e hirieron a dos más, han habido más amenazas a comuneros, y contra integrantes de la misma organización indígena, porque nosotros directamente no habíamos recibido advertencias”, expresó Beatriz Vivas, vicepresidenta del Crihu.

A pesar de que la Fuerza Pública hace presencia en la zona, en medio de las montañas algunos líderes indígenas dicen sentir miedo y abandono por parte del Estado, según lo manifestó Vivas.

“La Fuerza Pública hizo presencia en el momento del asesinato, pero el grupo que nos amenaza no se ha ido y las amenazas persisten, por lo que continúa en riesgo la vida de muchos comuneros. Nosotros seguimos responsabilizando a las autoridades competentes porque conocen de todos los hechos que han ocurrido, que vienen desde antes, nuestro trabajo es hacer las denuncias, poner en conocimiento el peligro en el que se encuentra la comunidad indígena, pero requerimos acciones”, precisó la líder.

Según el Consejo Regional Indígena del Huila, detrás del reciente crimen del comunero Jairo Ortiz, hay una represalia por el ejercicio de control territorial que realizaba. “Estamos siendo objetivo militar de grupos que quieren causar desarmonías en los territorios para ganar control, por eso también las amenazas. Hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas”, manifestó la vocera.

De su lado, Fabián Mera coordinador regional del Crihu, tras el homicidio del indígena, dijo que al cuidandero lo tenían “bajo la mira”.

“El compañero Jairo Ortiz adelantaba procesos de control del territorio. Ya le habían hecho dos llegadas a su sitio de residencia, hace pocos días nos habíamos sentado a hablar y él me explicó lo que venía pasando”, relató Mera.

El líder además advirtió, que se tiene conocimiento de una “lista negra” en la cual están escritos los nombres de otras posibles víctimas indígenas.

“Hacemos mención que estos hechos fueron denunciados anteriormente, y que hasta la fecha (asesinato del cuidandero) no se les había prestado atención, ya que con anterioridad el grupo armado disidencias de las Farc que se encuentran en dicho territorio, realizó amenazas en contra del compañero hoy fallecido, el señor Jairo Ortiz, en contra del coordinador de la guardia regional del Huila, y el señor Edwin Paya”, aseveró el Crihu tras el crimen del comunero.

 

Desplazamiento y deserción escolar

De acuerdo a la vicepresidenta del Consejo Regional indígena del Huila, “hay una familia completa que se está desplazando porque el peligro continúa en la zona. La situación más álgida está en Íquira y Nàtaga, y las amenazas más concretas son dirigidas a  cuidanderos.  Lógicamente si un cuidandero es advertido, todos los integrantes de su familia estarán afectados. Pero en el sector no solo hay comunidades indígenas sino también campesinas, por lo tanto, es un deber del Estado garantizar seguridad”, finalizó.

Por su parte, el secretario de Educación del Huila, Luis Alfredo Ortiz Tovar, mostró preocupación porque la grave situación de orden público que se está viviendo en esa zona del departamento, principalmente en Íquira, genere deserción escolar en el municipio. Por lo anterior, se refirió a la urgencia de pensar estrategias para que el flagelo impacte lo menos posible la dinámica académica que está próxima a comenzar.

A su turno, el coronel Johny Hernando Bautista Beltrán, comandante de la Novena Brigada del Ejército, aseguró que las tropas continúan prestando seguridad en la zona.

“Aún hay presencia de tropas en la zona, de hecho, el jueves entró al lugar una comisión del CTI, de la Unidad Nacional de Protección y la Policía, para hacer unas actividades judiciales y verificar el tema del homicidio del señor Jairo Ortiz”, aseveró.

 

En Colombia continúa el genocidio

La Defensoría del Pueblo denunció el pasado jueves el asesinato del guardia indígena Anuar Rojas Isaramá, por parte de hombres armados, en la zona turística del Chocó.

El crimen registrado en el municipio Nuquí, generó el desplazamiento forzado de alrededor de 80 miembros de la etnia Embera Jagua.

“Rechazamos asesinato del guardia indígena Anuar Rojas Isaramá en Agua Blanca, Nuquí, Chocó. Solicitamos su esclarecimiento”, exigió el titular de la Defensoría del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en un mensaje colocado en la red social de Twitter.

Y es que el mayor número de víctimas entre los líderes asesinados, se encuentra en la población indígena de diferentes regiones del país, seguido de campesinos y población afrodescendiente.

Óscar Montero, consejero de paz y derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), señala que las comunidades nativas están en riesgo de exterminio de continuar la misma dinámica de asesinatos en zonas de resguardo.

“Este incremento del asesinato de líderes indígenas en Colombia es una situación que se ha mantenido todo el tiempo de manera sistemática, pero en estos momentos representa para nosotros un genocidio que se está perpetrando contra los liderazgos indígenas en Colombia”, agrega el consejero.

El Consejo Regional Indígena del Cauca manifestó que los asesinatos son “represalias al ejercicio de control territorial que los indígenas están haciendo en el Norte del Cauca”. Los miembros del Consejo creen que hay actores específicos con intereses en las tierras que controlan los indígenas y que tienen que ver con el cultivo de ilícitos. El coordinador de la guardia indígena de Toribio explicó que la comunidad está en un territorio peligroso, y dijo: “hoy estamos siendo objetivo militar de los grupos que quieren causar discordancias en los territorios”.

 

Inicio de año violento en el país

Pese a la reunión el pasado miércoles de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en medio de la cual se lanzó un nuevo cartel de los más buscados por crímenes de ex-Farc y se presentaron estrategias para acabar con los grupos criminales que estarían matando a los líderes sociales e indígenas, esta semana cerró con los asesinatos de otros cuatro líderes.

Se trata de Gentil Hernández Jiménez, acribillado en la noche del pasado miércoles por sicarios en la vereda Caño Sábalo, de Puerto Guzmán, Putumayo.

La segunda víctima corresponde a Óscar Quintero Valencia, asesinado por sujetos desconocidos en la vereda Los Mangos, también en jurisdicción de Puerto Guzmán y casi que en simultánea con el otro crimen registrado en la localidad.

Las dos muertes violentas se suman a la de la lideresa Gloria Ocampo y la de su vecino sexagenario Heladio Moreno, baleados en la vereda La Estrella, igualmente en el municipio de Puerto Guzmán.

Asimismo, el líder social Arturo Tivar, en la vereda La Esperanza del mismo Puerto Guzmán, denunció amenazas contra su vida y puesto a salvo por parte de la fuerza pública, de acuerdo al comunicado del Batallón de Infantería 25 del Ejército: “Se realizó una misión humanitaria de acompañamiento y evacuación a un hombre identificado como Arturo Tovar y su núcleo familiar, en la vereda La Esperanza del municipio de Puerto Guzmán, quien manifestó que sujetos pretendieron atentar contra su vida en su domicilio, por lo cual se comunicó con la Unidad Táctica y solicitó compañía”.

El líder político, Mauricio Sánchez, rechazó lo sucedido en Algeciras: “Absolutamente indignado por el asesinato de Mireya Hernández en Algeciras. Volvió la horrible noche a mi pueblo. Algeciras merece atención inmediata”, expresó.

 

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