El Estado debe enfrentar con toda entereza a los grupos ilegalmente armados que insisten en generar zozobra, a través de ataques sicariales y atentados terroristas en varias regiones del país.
Lo sucedido recientemente en Cali, en donde guerrilleros del Eln atacaron con explosivos un camión que transportaba miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, dejando como resultado 13 uniformados heridos, es condenable desde todo punto de vista, como lo es el ataque sicarial de esta semana contra dos policías en Lejanías, departamento del Meta, en un hecho atribuido a las disidencias de las Farc.
Se trata de episodios que merecen, sin titubeos, el repudio de toda la sociedad. Los colombianos no se pueden acostumbrar a esta clase de hechos que no solo atentan contra una institución como la Policía sino que ponen en jaque la tranquilidad ciudadana. Es claro además que este tipo de hechos de inseguridad espantan la inversión privada y detienen el progreso de una región.
Es urgente que las autoridades pongan en marcha toda su capacidad operativa y de inteligencia para localizar a los responsables de estas acciones violentas y desvertebrar las estructuras ilegales que están sembrando el terror en diversas zonas del territorio colombiano.
Los informes oficiales hablan de que el Eln, las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y ‘Los Pelusos’ representan una verdadera amenaza para la seguridad nacional, al tener en sus filas a cerca de 13.000 integrantes, más de 6.000 de ellos en armas. Estas son organizaciones delictivas responsables de asesinatos, tráfico de estupefacientes, secuestros, extorsiones, desplazamientos y toda clase de delitos. Las disidencias, por ejemplo, según los registros militares, tienen más de 2.500 individuos armados y sus jefes más representativos son ‘Iván Mordisco’, ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Márquez’. Por eso, es clave que con toda la determinación, las autoridades dispongan de las operaciones necesarias para neutralizarlas en este 2022.