El jefe de Transparencia de la Contraloría Departamental, Luis Alfredo Gómez Clavijo le pondrá de nuevo el acelerador a los procesos de responsabilidad fiscal por anomalías en Empresas Públicas de Pitalito. El funcionario asumió como contralor ad hoc, solo para este caso.
RICARDO AREIZA
Como lo habíamos anticipado, la Asamblea Departamental designó ayer al abogado Luis Alfredo Gómez Clavijo, como contralor ad hoc, para conocer el desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan contra el gerente de las Empresas Públicas de Pitalito, Henry Liscano Parra.
El funcionario fue escogido por un amplio consenso de una terna que compartía con Roberto Carranza Rada, director de Participación Ciudadana y Sergio Ramírez Rodríguez, jefe de Control Interno.
La terna fue integrada por la mesa directiva, autorizada por la plenaria de un listado de 24 funcionarios que reunían el perfil técnico para ocupar ese cargo
Gómez Clavijo, exdirector de Tránsito del Huila, se desempeña como jefe de la Oficina de Trasparencia de la Contraloría del Huila. Además, fue candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de La Plata, su tierra natal.
El funcionario obtuvo diez de los once votos y Roberto Carranza obtuvo un solo voto. El diputado Carlos Ramiro Chávarro no asistió a la sesión.
La designación fue hecha por expresa solicitud del procurador regional Diego Alexis Tello Esquivel al acoger la recusación hecha al contralor titular Amaury Luis Flórez.
La recusación fue formulada el 21 de mayo de 2021 por el gerente de Empitalito alegando que el Contralor y el Jefe de Responsabilidad Fiscal estaban impedidos para tramitar los cinco procesos que le abrieron por la escandalosa contratación que inició desde que asumió el cargo en enero del año pasado.
Al no tener el agente fiscalizador un superior jerárquico le correspondió definir el impedimento al procurador regional quien aceptó la recusación. El funcionario fue apartado del conocimiento en segunda instancia de las actuaciones que se surtan por las investigaciones iniciadas.
Aunque el Contralor instauró una acción de tutela contra la Procuraduría, el medio de control no prosperó. Incluso, la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme la decisión del Tribunal Superior de Neiva que la declaró improcedente.
La misión
Gómez Clavijo, deberá asumir transitoriamente los procesos de responsabilidad fiscal y todas las actuaciones relacionadas con la auditoría exprés que puso al descubierto escandalosas anomalías en materia contractual.
La auditoría exprés, culminó con acta de cierre el 20 de mayo de 2020 con ocho hallazgos administrativos con incidencia fiscal por un presunto detrimento patrimonial en cuantía de1.782 millones de pesos de pesos.
Además, configuró otros tres hallazgos con posible incidencia penal por desviación de recursos públicos; seis con alcance disciplinario y un hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria por un carrusel de contratos adjudicados a dedo, en los primeros meses de la administración de Liscano Parra entre ellos numerosos contratos de publicidad otorgados a medios y portales afectos al funcionario.
Los procesos
Con la designación del contralor ad hoc, la Contraloría reactivará los cinco procesos fiscales que se abrieron producto de la auditoría exprés, por un presunto detrimento patrimonial cuantificado en la suma de 554.89 millones que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados en los contratos celebrados, sin el cumplimiento de los requisitos legales por un proyector de ornato.
Otro por el lanzamiento del proyecto por 14.86 millones que incluía suministro de refrigerios, pasabocas y comidas fue imputado ilegalmente al rubro de estímulos y bienestar social, pagos convención colectiva, para asistentes al evento y no para los empleados de la empresa. La misma situación ocurrió con un contrato de suministro de comida por 30 millones de pesos. Corresponde al proceso con radicado PRF-No.05 de 2021 por el contrato No.055/2020, abierto el primero de marzo.
Gómez Clavijo conocerá también otro proceso por la construcción del ‘edificio inteligente’ la sede administrativa de varios pisos.
Los diseños fueron contratados en agosto de 2018 durante la anterior administración. El contrato de obra No. 304 de 2019 fue celebrado el 26 de noviembre de 2019 con el consorcio Fachada Empitalito SAS por valor de 803.31 millones.
El contrato de interventoría por $53,67 millones de pesos con el ingeniero Juan Manuel Tobar Murcia. Los dos contratos sumaron $856,99 millones de pesos. El contrato fue suspendido por Henry Liscano el 3 de enero de 2020, dos días después de haberse posesionado.
El personero Hernando Reyes, denunció posibles irregularidades en este contrato de remodelación financiado con recursos de un crédito del Infihuila por 1.077 millones de pesos, con la pignoración de rentas, que la administración sigue pagando.
Pese a los hallazgos Liscano Parra no atendió las advertencias de la Contraloría y continuó adelantando los trámites para contratar un crédito interno para la construcción de la nueva sede. Eso precipitó la suspensión temporal del cargo, solicitada por el Contralor, la que se hizo efectiva a partir del 19 de abril según Resolución 097 de 2021 suscrita por el alcalde Edgar Muñoz.
El retorno
Liscano Parra fue separado del cargo de gerente de Empresas Públicas de Pitalito temporalmente, como una medida cautelar, por el término de seis meses.
La suspensión venció el 18 de octubre pasado. Una vez cumplido el plazo de la suspensión y ante la imposibilidad de extenderla por estar impedido el contralor, Liscano Parra regresó al cargo el jueves pasado.
Sin embargo, por encontrarse con una incapacidad médica, solamente oficiará presencialmente a partir del próximo martes 2 de noviembre.
Lo que sigue
El contralor departamental Amaury Luis Flórez fue separado del conocimiento de estos procesos el 8 de julio de 2021. Desde entonces los procesos quedaron congelados. Ahora, al haberse designado contralor ad hoc, el jefe de Responsabilidad Fiscal, la primera instancia, podrá seguir instruyendo los juicios de responsabilidad.
Gómez Clavijo, tendrá que entrar a resolver el posible impedimento del Jefe de Responsabilidad Fiscal, William Sánchez Hernández.
Mientras tanto, el contralor Flórez Reino, podrá seguir ejerciendo sus actividades en los demás procesos. El funcionario terminará su periodo de dos años, el próximo 31 de diciembre. Hasta esta fecha podrá actuar Gómez Clavijo. A partir de enero del próximo año, tendrá que asumir un nuevo contralor departamental que deberá elegir la Asamblea Departamental.