Primicia. El daño patrimonial por la fallida remodelación de la tribuna occidental fue fijado en $15.086 millones. Responderán ex alcaldes, contratistas y el equipo interventor.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Exclusivo. La Contraloría General de la República fijó finalmente en 15.086 millones de pesos, el daño patrimonial ocasionado por la fallida remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción actualizó el detrimento patrimonial, depuró las cifras e incorporó recursos propios que inicialmente no habían sido cuantificados.
La contralora delegada intersectorial Bibiana Catalina Domínguez Velandia le imputó responsabilidad título de culpa grave al ex alcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez, al jefe de Contratación, Carlos Alberto Puentes y al ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací.
Igualmente mantuvo la imputación a los integrantes del consorcio Estadio 2014 encargado de la ejecución de la fallida remodelación y al equipo de interventoría.
También vinculó al ex alcalde Rodrigo Lara Sánchez y a su jefe de Contratación, Mauricio Fernando Iglesias por avalar, sin objeciones, una adición presupuestal que sirvió para cancelar parte del anticipo y pagos parciales a los contratistas.
La decisión conocida en primicia por LA NACIÓN está contenida en el Auto No. 1520 proferido en diciembre pasado y notificado ayer oficialmente.
La funcionaria adicionó la imputación de responsabilidad fiscal proferida mediante Auto 938 del 12 de noviembre de 2019 con un nuevo cálculo del valor del daño patrimonial por la fallida remodelación de la tribuna occidental.
En esa fecha, el organismo fiscalizador absolvió al ingeniero Armando Albarracín Palomino, quien estuvo inicialmente como supervisor del contrato de interventoría. En su caso ordenó en su caso el archivo definitivo de la investigación fiscal ya que demostró que durante su ejercicio advirtió las falencias que se venían registrando. Además, no se evidenció que hubiese ordenado pago alguno al consorcio. Por lo tanto, la Contraloría estimó que no era procedente ninguna imputación y dispuso el archivo definitivo de su expediente.
Detrimento patrimonial
De acuerdo con el nuevo cálculo, la cuantía del daño patrimonial fue fijada en 15.086 millones de pesos, distribuidos así: 10.760 millones de pesos correspondiente a los pagos efectuados al contratista por obras ejecutadas en las primeras siete actas; 3.579 millones por obras relacionadas en las actas 8 al 13 de 2014, pagados con una adición durante la pasada administración.
Además, 624,23 millones pagados por el contrato de interventoría y finalmente, 122,46 millones de pesos cancelados contrato de peritaje 490 de 2017 cancelado con recursos aportados por Coldeportes.
El daño patrimonial fue estimado inicialmente en $22.837 millones de pesos. Sin embargo, se descontaron los recursos invertidos en la cancha de fútbol y los dineros cancelados por las aseguradoras.
Además, incluye 1.315 millones de pesos por los pagos realizados con recursos propios del Municipio de Neiva al contratista en razón labores ejecutadas en virtud del contrato 1758 de 2014 según se evidencia en las actas parciales de entrega 6, 7 y 13.
Los últimos tres pagos al contratista fueron realizados por el alcalde Rodrigo Lara comenzando su administración. El primero se realizó el 15 de febrero de 2016, el segundo el 26 de febrero y un tercer pago el 26 de agosto, lo que originó su vinculación al proceso de responsabilidad fiscal.
“Esos recursos hacen parte del daño consecuencia del hecho generador consistente en “la pérdida de recursos originada en el ejercicio de una gestión fiscal ineficiente e ineficaz que se materializó con la celebración y ejecución del contrato de obra pública N° 1758 de 2014”, explicó la contralora delegada.
El ingeniero Diego Fernando Jaime Escobar interpuso recurso de nulidad por haber remitido a la Contraloría de Neiva la investigación por los recursos propios cancelados. La nulidad fue rechazada en septiembre de 2020.
“El hecho generador del daño, las conductas y nexos causales de las personas naturales y jurídicas investigadas no serán objeto de un nuevo análisis anterior al fallo, por cuanto la razón de esta adición es entera y únicamente complementar el análisis de la cuantificación del daño”, precisó la contralora delegada.
Pese a que se realizó un análisis jurídico y probatorio integral, no sé incluyó en la cuantificación del daño los recursos endógenos del Municipio de Neiva dado que, como se ha dicho reiteradamente, no sé contaba a la fecha con la competencia para conocer de esos recursos propios aun habiendo sido identificados como parte del daño.
Adicionalmente excluyó el valor de las obras asociadas a la cancha de futbol, en plena operación y sin observaciones en su construcción y calidad. Las obras ascendieron a 1.973 millones de pesos.
También se descontó los recursos que pagaron las compañías de seguros en virtud de la caducidad de los contratos de obra pública e interventoría, que ascienden a 5.776 millones de pesos.
Nueva imputación
En estas condiciones les imputó responsabilidad fiscal, en forma solidaria en cuantía de 10.706 millones de pesos sin indexar, por el daño determinado respecto del contrato de obra pública, a título de culpa grave.
La imputación fiscal cobija a Pedro Hernán Suárez, en su calidad de alcalde de Neiva; a Carlos Alberto Ramos Parrací, ex director de Deportes de Neiva y al jefe de la Oficina de Contratación Carlos Fernando Puentes Ramírez.
Además, les imputó responsabilidad fiscal a todos los integrantes del consorcio Estadio 2014, en calidad de contratistas.
La imputación cobija al ingeniero caqueteño Jarlinton Hurtado Salas, principal accionista con el 50% de la participación en el consorcio.
Igualmente al ingeniero Luis Alejandro Lozano Arbeláez, en calidad de gerente General de la empresa LA Constructores y Luis Alejandro Lozano Arbeláez, gerente de la firma ML Ingenieros Constructores, socios minoritarios del consorcio.
Por este valor también responderán solidariamente el consorcio interventor integrado por el ingeniero Diego Fernando Jaime Escobar; Luis Alfonso Trujillo Bríñez, representante legal de la firma Diseños y Construcciones Ingeniería (Dicon) y Pedro José Serrano Carrasquilla.
Polémica adición
La Contraloría también el imputó responsabilidad fiscal, en forma solidaria en cuantía de 3.579,51 millones de pesos sin indexar, al ex alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez y a su jefe de Contratación Fernando Mauricio Iglesias por haber cancelado, al inicio de su administración, las actas del anticipo y pagos parciales supuestamente por obra ejecutada, sin ninguna objeción. Según Lara, esos pagos habían sido avalados por el Ocad, tenían el visto bueno de Planeación Nacional y estaba presupuestada desde la vigencia anterior.
Por estos pagos también fueron imputados los integrantes del consorcio constructor y los interventores.
Los interventores
La Contraloría General también le imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave al consorcio Interventoría Estadio 2014 en cuantía de 624,23 millones de pesos, sin indexar, por el daño determinado respecto del contrato de interventoría 1760 de 2014.
El grupo empresarial a cargo de la interventoría estaba integrado por el gerente de la empresa Diseños y Construcciones Ingeniería (Dicon) Luis Alfonso Trujillo Briñez quien reportaba el 70% de la participación accionaria.
Además, responderán solidariamente los socios minoritarios, Diego Fernando Jaime Escobar con una participación accionaria del 25% y Pedro José Serrano Carrasquilla con un 5%.
Por este cargo también responderán solidariamente el ex alcalde Pedro Hernán Suárez; el jefe de la Oficina de Contratación Carlos Fernando Puentes Ramírez y el supervisor del contrato de interventoría Gerardo Alberto González Charry.
Finalmente la Contraloría Delegada les imputó responsabilidad fiscal, en forma solidaria en cuantía de 122, 46 millones de pesos, sin indexar, al ex alcalde Pedro Suárez, Carlos Fernando Puentes, Gerardo Alberto González Charry, a los contratistas y al equipo interventor, por el contrato de prestación de servicios 490 de 2017 con los recursos girados por Coldeportes. Contra esta providencia no procede ningún recurso.
