Contraloría denuncia anomalías en la Alcaldía de Natalia Caviedes en Palermo

Natalia Caviedes, alcaldesa de Palermo durante el periodo 2019-2023, deberá responder por más de 14 hallazgos encontrados en un proceso de auditoría financiera y de gestión desarrollado por la Contraloría del Huila. Según el ente de control fiscal, aún existen cuentas por pagar, se utilizaron recursos que no respondían a las necesidades identificadas y se suscribieron contratos cuando ya el personal había prestado el servicio. La exmandataria, quien fue pareja del contralor Andrés Felipe Vanegas, no se ha pronunciado frente al informe.

Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co

La Contraloría del Huila realizó una auditoría a los estados financieros de Palermo, que dejó como resultado 14 hallazgos administrativos, disciplinarios, penales, sancionatorios y fiscales por un valor de cerca de dos mil millones de pesos ($1.729.218.758), cuando las arcas de la municipalidad eran manejadas por la exalcaldesa, Natalia Caviedes Chinchilla. Esta se enfocó en los años 2022-2023.

Lo primero que llama la atención es que, a 31 de julio de 2024, el Municipio aún presenta cuentas por pagar valoradas en $1.450 millones, tratándose de obligaciones adquiridas con terceros, como resultado de sus actividades y, por tanto, “deben ser canceladas”, dijo el ente de control fiscal, quien aclaró que no se evidencia la gestión adelantada para tal fin, lo cual demuestra una indebida gestión. Lo anterior fue calificado como un hallazgo administrativo; se espera que se realice la debida gestión para subsanar la falencia.

Por otra parte, un segundo hallazgo administrativo da cuenta de que es pertinente revisar y fortalecer los controles empleados para la gestión y recuperación de la cartera, que asciende a $37 millones ($37.047.111). “El equipo auditor considera que, a pesar de haberse llevado a cabo un proceso de reclasificación, también es cierto que el Municipio presuntamente sitúa en riesgo el ingreso de los recursos públicos a favor”, versa el documento.

Por la prescripción del impuesto predial generado por una gestión ineficiente e ineficaz en el cobro de ese tributo, además, se produce una posible lesión al patrimonio en cuantía de $48 millones ($48.315.438), cifra a la que se le suman intereses y otros conceptos determinados en las liquidaciones. En suma, se configura como un hallazgo fiscal con posible incidencia disciplinaria, toda vez que, en la respuesta entregada por la administración municipal, solo se limita a informar que se hace depuración contable y que, con el trabajo de campo realizado, se constató que “no se realiza una eficiente gestión del recaudo de los impuestos. El municipio incurrió en actos, acciones u operaciones y omisiones tendientes a la evasión de impuestos”.

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Se suscribió un contrato cuando ya había sido ejecutado

A lo anterior, se agrega un hallazgo con presunta incidencia fiscal, disciplinaria y penal, por legalización de hechos cumplidos con un valor de $12 millones ($12.933.712). A pesar de los argumentos presentados por el ente territorial, está claro que se celebró un contrato (174 de 2023) por prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada fija, con y sin arma, en las instalaciones de propiedad del municipio, por $752 millones ($752.390.790). Sin embargo, el personal prestó sus servicios con antelación a su real ejecución. En otras palabras, cuando se suscribió el acta de inicio (4 de marzo de 2023), dicho contrato ya se había ejecutado y/o consumido, generando un presunto detrimento patrimonial.

“Inobservancia e incumplimiento a las normas tanto de ejecución presupuestal como a las aplicables a la contratación, además de omisión en las labores de supervisión por parte del funcionario designado y carencia de controles en los procedimientos de revisión”, se indica dentro de las causas de dicho hallazgo.

En el informe se encontró que existe un nuevo hallazgo igualmente por la legalización de hechos cumplidos, relacionados con el mismo contrato de prestación de servicios. Al parecer, el valor pagado al contratista no coincide con el liquidado. Es decir, no es claro para la Contraloría Departamental por qué existe una diferencia entre el valor de los soportes presentados en las cuentas de cobro y la cifra girada. Esa “incoherencia” en los documentos genera un presunto detrimento patrimonial de $558 millones ($558.091.831).

Vuelve y juega

Un nuevo contrato (216 de 2023) celebrado por el Municipio, que tenía por objeto “suministro de combustible para los vehículos y equipos que componen el parque automotor”, cuya cifra ascendió a $235 millones ($235.750.000), fue objeto de un hallazgo administrativo, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, por haberse pagado sin el cumplimiento de requisitos de ejecución.

Supuestamente, cuando se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato (18 de abril de 2023), gran parte del mismo ya se había ejecutado y/o consumido, dado que el contratista ya había prestado el servicio de suministro de combustible a los vehículos.

Por las irregularidades encontradas, se configura un presunto detrimento patrimonial cuantificado en $9 mil millones ($9.901.500.000). Igualmente, llamó la atención las deficiencias en los informes de ejecución y supervisión de contratos.

Para su evaluación se tuvieron en cuenta seis contratos, los cuales se totalizan en cerca de $240 millones ($240.703.333). Allí se encontró que sus informes se limitan a expresar el cumplimiento del objeto contractual, sin indicar las actividades desarrolladas por el contratista y el grado de cumplimiento en términos de eficiencia, calidad y oportunidad, hecho que impide, según la Contraloría Departamental, determinar con certeza los pormenores y el beneficio obtenido por la entidad.

Esta existencia de debilidades en los informes de ejecución y supervisión puede generar la pérdida de recursos públicos, ante la existencia de contratos incumplidos o que no satisfagan o produzcan un impacto positivo para el territorio.

Inversiones que no cumplieron con el fin dispuesto

Pero, los hallazgos no culminaron ahí. Un contrato de prestación de servicios (522 de 2022) por la suma de $71 millones ($71.571.200) celebrado con el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila, que buscaba la “organización, ejecución y apoyo logístico de la implementación de la estrategia Alcaldía al Barrio en Palermo”, fue objeto de un hallazgo administrativo, con presunta connotación fiscal. Al parecer, este trámite se realizó sin que medie justificación, “como quiera que no se encontraron elementos probatorios que indiquen la correcta utilización de los recursos públicos”. Y es que no se evidencia qué capacitaciones se realizaron, ni quiénes fueron los beneficiarios, así como tampoco un diagnóstico o un cronograma a desarrollar durante la ejecución de este. Además, los estudios previos no evidencian una debida planeación y no hay evidencia del cumplimiento del fin que se buscaba con la contratación celebrada.

Por otra parte, de acuerdo con el informe de auditoría, se utilizaron recursos adicionales que no responden a necesidades debidamente identificadas. Los contratos 507 del 2022 ($22.610.000) y 466 del mismo año ($179.999.400) presuntamente no cumplieron con el fin propuesto, causando una posible lesión a las finanzas de la municipalidad. “Es posible concluir que se efectuó una erogación de recursos públicos que no repercutió en un beneficio para la comunidad, como consecuencia, al parecer, de la falta de planeación. Ambos contratos ascienden a la suma total de $200 millones ($202.609.400), cuantía que se determina como presunto detrimento patrimonial”, se lee en otro apartado del documento.

Sin embargo, el órgano de control fiscal insistió en que el reparo no está en los contratos en sí, sino en la gestión ineficiente e ineficaz que desplegó la administración al conocer los resultados de consultoría.

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Otros hallazgos

El municipio, liderado por Natalia Caviedes, durante las presuntas irregularidades descritas, celebró un convenio de $400 millones con Empresas Públicas de Palermo, que pretendía aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para “realizar el mantenimiento de aseo y descontaminación de parques, ejes ambientales viables y zonas verdes”. El ‘enredo’ está en que la entidad no evidencia la pertinencia de proyectar el presupuesto, incluyendo la Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), por un valor de $92 millones ($92.307.692). Lo que se pactó, dice la Contraloría, no se encontró, así como tampoco “obra documento alguno en el expediente contractual que demuestre la ejecución de estos gastos”.

Adicionalmente, los convenios 472 y 508 del 2022, así como el 479 del 2023, presuntamente no cumplieron con el fin propuesto. En ese entendido, los hechos posiblemente irregulares generan un detrimento patrimonial de $492 millones ($492.784.652), como consecuencia de una indebida, ineficiente y antieconómica gestión fiscal, al permitir que las entidades sin ánimo de lucro con quienes suscribieron contrato y convenios, realizaran sus aportes en forma distinta a lo determinado en la norma (Decreto 092 de 2027). Es decir, lo debieron hacer en dinero y no con bienes y servicios.

En Palermo, también hubo deficiencias en el área de control interno y posible falta de control y seguimiento a los compromisos adquiridos para la vigencia 2023, existiendo una alta posibilidad de incumplir con los objetivos y metas trazadas. Igualmente, hubo deficiencias en la aplicación de los controles necesarios para determinar y verificar su efectividad y los riesgos asociados a los diferentes procesos de la entidad. El municipio podría acarrear sanciones por incumplimiento del plan de mejoramiento.

La Contraloría del Huila es hoy liderada por Andrés Felipe Vanegas, quien sostuvo una relación sentimental con la entonces alcaldesa de Palermo, Natalia Caviedes, quien ahora deberá responder por estas presuntas anomalías. Caviedes, al parecer, promovió la elección de su entonces novio como jefe del órgano de control fiscal.

LA NACIÓN buscó a la exalcaldesa, pero no fue posible conseguir sus impresiones frente al informe.

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