La Nación
Contraloría devela sobrecostos en distrito Tesalia - Paicol 3 21 septiembre, 2021
INVESTIGACIÓN

Contraloría devela sobrecostos en distrito Tesalia – Paicol

Primicia. El organismo de control cuantificó en $62.826 millones el daño patrimonial causado durante la construcción de la segunda fase del paquidérmico proyecto, iniciado hace 12 años. A pesar de la alta inversión ($223.994 millones) sigue inconcluso.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Lo que faltaba. La Contraloría General de la República puso al descubierto nuevos sobrecostos en la segunda fase del distrito de riego Tesalia-Paicol, el elefante blanco, más caro del planeta.

A los 23.234 millones de pesos determinados inicialmente como detrimento patrimonial en otras anomalías, ahora se suman supuestos sobrecostos en excavaciones, explanación y transporte de material en cuantía de 39.591 millones de pesos.

El contralor Delegado Intersectorial No. 03 Eduardo José Pineda Arrieta, estimó finalmente en 62.826 millones de pesos, el daño patrimonial causado durante la construcción de la segunda fase del distrito, aun inconcluso después de 12 años de traumática ejecución.

Estos hechos fueron declarados de impacto nacional por el Contralor General de la República el 19 de enero de 2021. El funcionario lo remitió por competencia a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

El 26 de enero de 2021, la Jefe de la Unidad asignó el caso al contralor Delegado Intersectorial Eduardo José Pineda Arrieta, quien adicionó las dos investigaciones y unificó los dos procesos de responsabilidad fiscal.

Anomalías

Inicialmente el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario encontró pagos inmerecidos por reconocimiento de mayores cantidades de obra, transporte y doble pago de actividades (Ataguía, cerca y ramales), así como erogaciones para revisar y corregir obras y suministros producto de la ejecución del primer contrato de obra No. 0695 de 2009, adjudicado al consorcio Interriego (asociado al grupo Nule) por un valor de 78.652 millones de pesos

También develó pagos por adquisición de tubería, válvulas, compuertas y estructura metálica del paso elevado del río Negro de Narváez, adquiridas con recursos del primer contrato y no instaladas, ni utilizadas en la ejecución de las obras del distrito. Además de esto, por pagos por concepto de permisos ambientales, mayores cantidades de obra y sobrecostos en transporte, explanación y excavación en roca.

Por estos hechos, la Contraloría General de la República abrió el 20 de diciembre de 2019 el proceso de responsabilidad fiscal (Auto N° 1215 de 2019) por 23.235 millones de pesos por anomalías en la segunda fase iniciada hace siete años. El contrato de obra 0939 de 2014 adjudicado a la Unión Temporal Tesalia 2014 tuvo un valor inicial de 81.553 millones de pesos y un plazo de ejecución de12 meses.

“Sumados los totales tenemos, según la auditoría, un presunto mayor valor total pagado por los ítems descritos del orden de $36.617.319.403”, concluyó el contralor delegado Eduardo José Pineda Arrieta como posibles sobrecostos en explanación y excavación en roca en la llamada ‘zona del infierno’.

En estas actividades se detectó un incremento injustificado en cantidades de obra del 307% y 86.117% respectivamente, que supera ampliamente la cantidad inicialmente prevista en la fase de planeación, hechos que configuran un presunto detrimento patrimonial.

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Interriego, socio del Grupo Nule, adquirió tubería que nunca instaló.

Sobrecostos

Según el equipo auditor hubo exagerados sobrecostos y mayores cantidades de obra en dos ítem del contrato; excavación en roca, (ítem que aumentó en un 307% más allá de la cantidad inicialmente prevista) y el transporte de material, actividad que alcanzó una cantidad final del 86.117% por encima de lo previsto en la planeación.

La cantidad de obra programada para el ítem “explanación y excavación en roca, mediante voladuras controladas, usando explosivos convencionales debidamente autorizados por el Ministerio de Defensa fue inicialmente de 95.006.75 metros cúbicos y terminó con un total ejecutado de 291.427.56 metros cúbicos. La cantidad de obra con la que se comenzó el ítem “Transporte m3-km,” fue de 10.000 metros cúbicos-km para terminar ejecutándose 8.876.076.25 metros cúbicos-kilómetro lo que evidenció un aumento desproporcionado.

En transporte por kilómetro se estableció un mayor valor pagado en el contrato respecto de los valores de referencia de $9.280 millones de pesos y en voladura controlada (ítem no previsto en los estudios previos), se pagó un mayor valor de 1.506 millones de pesos, comparativamente con valores de referencia pagados por otras entidades.

Detrimento

“Al realizar el comparativo del precio unitario propuesto por el contratista de las dos actividades o ítems, con precios de mercado de las mismas actividades que se vienen desarrollando en obras de infraestructura en la zona del proyecto, se evidencia que hay un presunto detrimento al erario en cuantía de $36.617.319.403…”

Sin embargo, en el informe de apoyo técnico no se contempló el ítem “voladura controlada, para diferentes frentes por lo tanto será adicionando.

“Con este ejercicio llegamos a la determinación de un presunto daño patrimonial a la Agencia de Desarrollo Rural en cuantía de 39.590 millones de pesos originado en mayores cantidades de obra ejecutadas y el pago realizado por las mismas respecto de los ítems”, preció el contralor Pineda Arrieta.

Teniendo en cuenta que los hechos materia de investigación serán adicionados al proceso de responsabilidad fiscal el monto del presunto daño establecido en esta nueva evaluación se sumará a la cuantía del presunto daño determinado inicialmente por otras anomalías en cuantía de 23.234 millones de pesos.

“En estas condiciones la cuantía final estimada del presunto daño en el proceso de responsabilidad fiscal quedaría en 62.825 millones de pesos”, explicó el funcionario.

Dobles pagos

Durante la ejecución del segundo contrato se pagó el transporte del material proveniente de las excavaciones de la conducción principal con distancias mayores a las reales, lo que implicó el pago de un mayor valor.

Además, se pagó el doble del material granular para conformar la ataguía principal para desviar el río Negro de Narváez y ejecutar las obras en la margen izquierda de la captación del distrito. Igualmente se duplicó las cercas de alambre y estantillos en la bocatoma.

Se canceló tubería en PVC en sitios en donde no se hizo excavación ni rellenos. En otros casos se pagó la tubería que ya había sido instalada y pagada con el anterior contrato.

El contratista incurrió en mayores gastos en actividades para corregir, rehabilitar y arreglar los materiales suministrados durante la ejecución de la primera etapa.

Las inversiones ejecutadas en virtud del nuevo contrato se destinaron a corregir las irregularidades tanto de obra como suministro de materiales que generaron mayores gastos por 2.071 millones de pesos, que afectaron los recursos asignados para las nuevas obras.

Los mayores pagos se originaron por las modificaciones en la forma de pago, situación que además de conllevar a la desnaturalización del contrato de obra, lo convirtió, sorpresivamente, en un contrato de suministro, según lo advirtió el organismo de control.

Está confirmado que el consorcio Interriego (socio del Grupo Nule) encargado del contrato, ejecutó los recursos en la adquisición de tubería de diferentes diámetros, compuertas, infraestructura para viaductos, válvulas y accesorios, que nunca no instaló.

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A responder

Por el presunto detrimento patrimonial deberán responder los contratistas, interventores y supervisores.

La Contraloría vinculó como presuntos responsables a los representantes legales de las empresas españolas Marco Obra Publica SA, sucursal Colombia, Guido Cadelo Raimondi y al gerente de la Constructora de Obras Municipales (Comsa SA), Andrés Sanmiguel Castaño, en calidad de miembros del consorcio Tesalia 2014.

Además, tendrán que comparecer Alirio Giovanny Cárdenas Rico, representante legal de la firma Edivial, integrante del consorcio; Arturo Mogollón Zuluaga, gerente de la empresa Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción (Aidcon Ltda) de Barranquilla;  Angelito Caez Pérez, gerente de las empresa Caez Ingeniería y Arquitectura, también de Barranquilla; Carlos Caez Turizo, Carlos Augusto Cruz Ayala y Luz Beatriz González Jarro, quienes suscribieron los contratos adicionales y modificaciones al contrato original.

También responderán en este procesos fiscal los supervisores del contrato de interventoría, Manuel Alexander Tovar Ríos, Héctor Rodolfo Acevedo Strauch, Yineth Esperanza Guarnizo Rojas y Oscar Andrés Rosas Páez, quienes tenían la competencia y les asistía la obligación de exigir al contratista el pleno y adecuado cumplimiento del objeto contractual y no lo hicieron.

En el mismo proceso tendrán que responder los empleados del antiguo Incoder, Carlos José González Hernández y Carlos Adolfo Arenas Campos, quienes avalaron sin observaciones las actas de recibo parcial.

Después de 12 años de ejecución el proyecto sigue paralizado. Desde su inicio se han invertido 223.994 millones de pesos y sigue paralizado. La Agencia Nacional de Desarrollo, la responsable de su terminación, contrató un nuevo estudio de valoración para determinar las obras que hacen falta y definir la ruta final.

Contraloría devela sobrecostos en distrito Tesalia - Paicol 11 21 septiembre, 2021