Increíble. Recursos por 987.98 millones de pesos ejecutados en el resguardo indígena Paez-Baché en Palermo (Huila) se perdieron en la maleza. La CGR, sorpresivamente, exoneró a Hugo Mario Zuluaga, el cuestionado contratista, involucrado en ´múltiples escándalos por malversación de fondos públicos.
RICARDO AREIZA
unidad investigativa@lanación.com.co
Aunque parezca insólito, el centro de salud construido hace diez años en el resguardo indígena Páez de Baché, ubicado en Palermo (Huila), seguirá como otro monumento al despilfarro de los dineros públicos.
El proyecto concertado con las comunidades para desarrollar actividades de salud y educación ancestral demandó una inversión ejecutada de 987.98 millones de pesos, sepultados en la maraña, como sus cimientos.
Y para rematar, la cuestionada Fundación para el Bienestar Global (hoy Fundacubo), comprometida en números escándalos en el país, responsable de la ejecución, quedó exonerada de toda responsabilidad. También el interventor.
Aunque se probó que la obra física, registró serias deficiencias administrativas, sorpresivamente, la Contraloría General de la Nación, decidió darle cristiana sepultura.
El proyecto
La obra fue concertada hace diez años por una orden judicial sustentada por directivos de la organización étnica, con recursos de regalías petroleras dejados de ejecutar en esas comunidades ancestrales.
El proyecto fue contratado por el alcalde de la época Elber Yesid Pinzón, actual diputado con la fundación paisa, involucrada en numerosos escándalos en el país.
El contrato fue uno de los siete que la Alcaldía de Palermo le adjudicó sin licitación pública a la encartada fundación paisa de nombre y su razón social en cada escándalo.
Los siete contratos alcanzaron un monto de 11.019 millones de pesos.
La interventoría fue ejercida por John Marlio Saavedra Vargas, en virtud del contrato de interventoría No. 532 del 14 de julio de 2011, y la supervisión por Robinson Leonardo Fonseca, en su calidad de Secretario de Planeación del Municipio.
El contrato
El contrato fue suscrito el 18 de mayo de 2011 con la Fundación para el Bienestar Global rebautizada como Fundación Cubo Fundacubo, representada por Hugo Mario Zuluaga Urrea, a través del contrato interadministrativo No. 23 de 2011 para el diseño y construcción del puesto de salud en el resguardo indígena Páez de Baché del Municipio de Palermo.
La inversión ejecutada ascendió a 987.98 millones de pesos. El plazo de ejecución fue de seis meses. El contrato fue adicionado en plazo en una sola oportunidad por dos meses más.
El contrato fue liquidado en acta del 15 de marzo de 2013, sin que la obra estuviera terminada y lista para ponerse en funcionamiento.
En el abandono
Aunque inconclusa y con evidentes fallas constructivas, la obra fue entregada por el contratista y recibida a satisfacción por la Alcaldía de Palermo. La entrega quedó consignada en el acta firmada el 16 de noviembre de 2012 por el contratista, Hugo Zuluaga Urrea; el interventor John Marlio Saavedra Vargas y por el supervisor Robinson Leonardo Fonseca, en su calidad de Secretario de Planeación. Incluso el gobernador del cabildo, Salomón Trujillo, estuvo presente.
Sin embargo, otra cosa encontraron los peritos de la Contraloría.
El centro de salud está actualmente abandonado, no tiene servicios públicos, carece de dotación y se está desmoronando por la humedad y la falta de uso. El pequeño puesto de salud está enrejado y bajo llave sin que haya podido ser utilizado por la comunidad.
El resguardo, levantado entre los ríos el Yaya y Baché, alberga a unas veinte familias vulnerables que viven en precarias condiciones. No sólo carecen de las condiciones de bienestar, sino en medio de un alto grado de marginalidad y altos niveles de pobreza.
Diagnóstico
Dos informes técnicos presentados por el ingeniero eléctrico José Alfredo Amado Gómez, y la ingeniera civil María Eugenia Cadena Patiño, funcionarios de apoyo de la Contraloría evidenciaron deficiencias constructivas.
“El Centro de Salud del Resguardo indígena “Páez de Baché” no cuenta con el servicio de energía eléctrica; las obras continúan sin ser intervenidas, sin prestar el beneficio a la comunicad para lo cual se proyectó y construyó, y con el agravante que están expuestas al deterioro por el pasar del tiempo sin ser utilizadas”, confirmaron expertos de la Contraloría luego de una inspección ocular.
“La obra a pesar de haber sido recibida en acta por el ente territorial, no se ha entregado a la comunidad y se encuentra inconclusa”, confirmó el ingeniero José Alfredo Gómez.
El experto confirmó que cinco años después, esas obras no han sido recibidas por parte de la empresa de energía (Electrohuila) debido a que hace falta la Certificación del Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones). Por esa razón no han sido legalizadas.
Detrimento
Inicialmente se estableció un detrimento de 82, 8 millones de pesos. De éstos, 71,86 millones corresponden a la parte eléctrica y 10,96 millones a la parte estructural. Sin embargo, con la inesperada reversión, quedó en el aire.
El puesto de salud no ha sido puesto en funcionamiento, es decir no está prestando un servicio a la comunidad, para lo cual fue construido, lo que significa que la inversión ejecutada de 987.98 millones de pesos, se perdió.
Fallas constructivas
Pero no solo quedó cojo y sin servicio de energía. La ingeniera civil María Eugenia Cadena Patiño confirmó que la estructura registraba algunas grietas y desagües con filtración que aceleran el deterioro de la infraestructura, invadida por la maleza.
“En general, la estructura construida presenta fisuras y grietas en mampostería (en toda la construcción), levantamiento de pisos en dos sectores específicos; humedad en el salón destinado para fusionar medicina tradicional con medicina occidental y en un sector de la placa del pasillo que conduce a las baterías sanitarias se evidencia desprendimiento de guarda-escobas en tres sectores específicos”, reportó la experta.
“Los desprendimientos de piso y guarda-escobas al igual que las fisuras y grietas obedecen a fallas en los procesos constructivos que pueden afectar la estructura de la construcción”, señaló la experta.
“La zona exterior-dijo- está invadida por la maleza afectando los andenes y los bordillos”.
“Los daños encontrados en la estructura obedecen a la falta de uso, de mantenimiento como es el caso de la invasión de maleza y de la falta de aseo de la planta física”, concluyó.
El peritaje recomendó un estudio de vulnerabilidad de la estructura o un estudio de patología para determinar con mayor exactitud las causas que generaron los daños, evidenciados y cuantificados por parte del apoyo técnico.
La edificación, según el análisis técnico realizado por la Contraloría, presenta lesiones en varios elementos ocasionados por deficiencias en el proceso constructivo (fisuras en muros a nivel de pañete).
“Se evidencia en las fotografías, fisuras por posible humedad ascendente del terreno. Lo anterior vislumbra la no implementación de materiales o detalles constructivos acordes con las características higrométricas del terreno y del ambiente. Asimismo, se evidencia mal detallado constructivo en la abertura de muros para el desarrollo de ventanearías”.
No obstante, el contratista y el interventor, desatendieron las solicitudes de los alcaldes para que corrigieran las fallas detectadas. Según el expediente el ex alcalde Víctor Ernesto Polanía, les hizo cuatro requerimientos, que nunca fueron atendidos.
Adicionalmente, el contrato con la fundación paisa no fue objeto de póliza que ampararan la estabilidad de la obra, razón por la cual tampoco hubo lugar a iniciar proceso administrativo para hacerlas efectivas.
Réplicas
El interventor John Marlio Saavedra Vargas confirmó que el proyecto quedó inconcluso por falta de recursos.
“Como no alcanzo el presupuesto para terminar, contratista e interventoría solicitaron a la administración municipal, un adicional para terminar dicha obra, ellos no quisieron y decidieron que liquidara de una vez la obra y terminarla”, explicó.
“Las obras ejecutadas hasta ese momento -agregó- se recibieron en un buen estado y recibido a satisfacción por parte de la veeduría del resguardo indígena”.
Asimismo reconoció que los trámites ante Electrohuila estaban contemplados “pero al liquidar no se pagó”.
En su criterio, “la obra se terminó completamente y solo faltó la certificación del Retie y el trámite correspondiente para la instalación de la energía”.
Finalmente, insistió en que no hubo fallas constructivas y que las averías se presentaron por el deterioro de la obra abandonada.
El representante legal de la Fundación para el Bienestar Global (Hoy Fundacubo), Hugo Mario Zuluaga Urrea, no puso la cara como ha ocurrido en las escandalosas contrataciones realizadas en el Huila y en otras regiones del país.
Aun así, la Gerencia Colegiada del Huila, sorpresivamente, lo exoneró de la responsabilidad.
Reversazo
Las inversiones no cumplieron el objetivo, según el primer dictamen fiscal de la Contraloría General de la República. Por esa razón le imputó responsabilidad a los últimos cuatro alcaldes por permitir un detrimento al patrimonio público. Diez años después la obra sigue abandonada y sorpresivamente, el mismo órgano de control eximió al contratista y al interventor, argumentando, que pese a los esfuerzos de los alcaldes de turno para terminar la obra no fue posible concertar con la comunidad la inversión de los recursos adicionales que se requerían.
“En ese orden de ideas, para esta colegiada no puede endilgarse como daño imputable al contratista e interventor, la no puesta en funcionamiento de las obras eléctricas por la falta de la certificación Retie y aval de las obras eléctricas de la construcción del puesto de salud”.
Exonerados
“Es evidente que la obra no fue terminada (no se gestionó para habilitar el servicio de energía eléctrica), no fue puesta en funcionamiento, no ha sido objeto de mantenimiento y se dejó en completo abandono, situaciones que de manera directa incidieron en el deterioro progresivo de la construcción, y que no pueden ser imputables al contratista e interventor, quienes ejecutaron la obra y fue entregada al Municipio de Palermo a satisfacción y posteriormente al resguardo indígena”, precisó la agencia fiscalizadora.
En ese orden de ideas, no se puede establecer con certeza que el deterioro de la obra obedezca de manera exclusiva a errores constructivos.
Por lo tanto dispuso el archivo del proceso de responsabilidad argumentando que “los hechos no son constitutivos de detrimento patrimonial”.
La inesperada decisión fue remitida en grado de consulta ante la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría que podrá ser confirmada o revocada.
Aunque no lo crea, la obra que costó 987,98 millones de pesos se encuentra hoy totalmente abandonada, en un alarmante deterioro, en medio de la maraña, como otro símbolo del despilfarro de los recursos públicos.