Increíble. El fallido estadio de Aipe, quedó ejecutado en un 67,82% y más de la mitad de los recursos desembolsados 3.335 millones de pesos, siguen en poder del contratista, después de seis años de haberlos recibido.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanación.com.co
Por una deficiente planeación y una evidente improvisación, el estadio de Aipe, sigue momificado como un monumento al despilfarro.
Por incomprensibles fallas en los diseños originales, el escenario deportivo, con inversiones calculadas inicialmente en 5.435 millones de pesos sigue sin terminar y actualmente hace parte de la inexplicable colección de elefantes blancos.
Después de seis años, solo se ejecutó a medias, la cancha sintética. El avance de los demás componentes es cero.
El proyecto quedó ejecutado en un 67,82% y más de la mitad de los recursos desembolsados 3.335 millones de pesos, siguen en poder del contratista, después de seis años de haberlos recibido.
El escenario deportivo según el diseño inicial contemplaba cancha sintética, graderías y cubiertas, plazoleta de comidas e iluminación. Sólo se inició la primera. Además, contemplaba la instalación de la red contra incendio y tanque de almacenamiento.
La cancha sintética quedó totalmente ejecutada incluyendo el cerramiento. Las graderías quedaron en veremos y los demás componentes siguen a la deriva.
Abandonado
Según el último informe técnico en poder de LA NACIÓN “la obra se encuentra a nivel de altura de columnas, en el sector sur (tribuna occidental) se armó la formaleta metálica y se instaló parte del refuerzo”.
“Sin embargo, el trabajo no se continuó y la obra en esta parte está expuesta a la intemperie, sin protección, con riesgo a sufrir afectaciones”.
En los demás elementos (sistema eléctricos e iluminación -instalaciones eléctricas, plazoleta de comidas y red contra incendio y tanque de almacenamiento) no hay avance. Sin ejecutar.
Ante el monumental despilfarro de los dineros públicos y la reiterada desidia de sus gobernantes para terminarlo y salvar la inversión, la Contraloría amplió el juicio de responsabilidad fiscal, para encontrar a los culpables.
El proceso fiscal fue abierto el primero de noviembre de 2018 (Auto No. 602 de ese año). El 18 de febrero de 2019, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba lo declaró de impacto nacional (Auto No. 0107 de 2019) y lo asumió como prioritario.
Por esta razón, la investigación la asumió la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías. Ahora, el contralor Delegado Intersectorial. No. 8 Martín Luna Meneses decidió extender el juicio de responsabilidad, según Auto No. 0456 de 2022.
Lo ejecutado, según la Contraloría, no cumple con el objeto determinado en el proyecto, generándose un detrimento patrimonial.
“La infraestructura se encuentra en estado de abandono y tampoco se ha realizado un acto administrativo para la suspensión o ampliación en plazo de la misma, en relación a los ítems contratados”, reportó un informe técnico luego de la última inspección.

La contratación
El proyecto fue gestionado por el ex alcalde Jesús Ernesto Álvarez cuando estaba culminado su gobierno, y su sucesor, no logró la terminación.
El contrato de obra No. 457 de 2015 fue adjudicado a la Unión Temporal PSPORT Aipe por un valor inicial de 5.435 millones de pesos.
La interventoría (Contrato No. 455 de 2015) fue adjudicada al Consorcio Estadio Aipe por un valor de 380 millones. Según el contrato, la obra debía entregarse terminada en un plazo de seis meses partir del inicio del contrato el 30 de diciembre de 2015, un día antes de expirar el mandato.
El contratista recibió cerca de 3.592 millones de pesos. De éstos anticipo por valor de $ 2.174 millones corresponde al anticipo y 1.418, 62 millones por obras ejecutadas contenidas en las dos primeras actas.
Saldos pendientes
Al contratista inicial (contrato de obra pública No. 457 de 2015) se le cancelaron cuatro actas parciales por 3.854 millones de pesos de las cuales se amortizado el anticipo por 1.541.62 millones de pesos. Por lo tanto, según el reporte fiscal, el avance financiero es de 53,61%, y una amortización del anticipo en 53,61%.
En estas condiciones, queda un saldo por ejecutar de 3.334,86 millones de pesos y de amortización del anticipo por 1.334 millones de pesos, recursos que a la fecha se encuentran en poder del contratista. Estos dineros ni se han ejecutado ni se han devuelto a la administración municipal.
El último reporte confirma el estado de abandono: “la obra no se encuentra en funcionamiento, las actividades contempladas para la ejecución del proyecto están inconclusas. Si bien la cancha sintética se encuentra terminada, no cumple con la finalidad del objetivo general del proyecto, por no haberse planeado en debida forma”, precisó el contralor delegado.
El detrimento patrimonial, sin indexar, fue calculado en 3.025,22 millones de pesos.
“Está demostrado que el contrato de obra civil (0457 del 2015) falló en su ejecución, al no cumplir con la totalidad de los ítems acordados, así como quedó demostrado que no cumple ninguna función, se considera que el daño patrimonial estaría por el valor total pagado por su ejecución esto es $3.025.223.377”, concluyó Luna Meneses.
Responsables fiscales
El Contralor Delegado, Martín Luna Meneses decidió vincular a los contratistas, Albeiro Carmona Amariles, gerente de la empresa Darco SAS, principal accionista de la unión temporal con una participación accionaria del 70% y a John Faber Carmona Mejía, representante de la empresa Carmona Carvajal Ingenieros SAS, dueña del 30% restante.
Sonia Patricia Arcila Osorio, representante legal de la empresa Probciviles y Luis Fernando Melo Ossa, representante legal de la Unión Temporal Psport Aipe y a Pedro Daniel Sarmiento López, representante legal de Psport Systems Sas, integrantes del consorcio.
Además, llamó a responder al alcalde de la época, Jesús Ernesto Álvarez López, quien promovió la obra y dirigió el proceso de contratación en la recta final de su periodo.
El mandatario ejerció el cargo entre el primero de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. El contrato quedó legalizado un día antes.

Sin embargo, con posterioridad, el Contralor Delegado Intersectorial No. 8, decidió vincular también a su sucesor José Sevel Castro, quien ocupó el cargo entre el primero de enero 2016 y el 31 de diciembre de 2019, periódico en el cual se adelantó la ejecución del fallido proyecto, aun inconcluso.
“En su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Aipe, era el responsable de velar por la planeación y en la priorización de las obras e inversiones, igualmente el mantenimiento, operación y puesta al servicio de la comunidad beneficiada de las obras ejecutadas”, anotó el Contralor Delegado.
Adicionalmente vinculó a los ex secretarios de Infraestructura Fabián Andrés Tovar Serrano, quien ejerció el cargos entre el primero de noviembre de 2014 al 31 dic 2015 y Ángel Harvey Cabrera Leal, entre el primero enero 2016 y el 31 diciembre 2018.
La aseguradora Liberty Seguros fue vinculada en calidad de tercero civilmente responsable. Todos serán escuchados en versión libre y espontánea para que presentes sus descargos. La diligencia se definirá en los próximos días, según lo confirmaron voceros del organismo fiscalizador.

Fracaso anticipado
Desde el inicio, estaba advertido el fracaso. Era previsible que no cumplía con su objetivo por una inadecuada planeación. El proyecto como lo ha reportado LA NACIÓN fue adjudicado a las carreras, días antes de terminar el gobierno. Incluso, debía comenzar el 30 de diciembre cuando el alcalde estaba preparando maletas.
Las falencias, en criterio de la Contraloría, se originaron por las deficiencias en la planeación, seguimiento y control. El proyectos fue aprobado por el Ocad sin tener un estudio técnico de suelos, sin los recursos suficientes, pero además, sin atender las prioridades y sin examinar hacia el futuro la sostenibilidad.
“En éstas circunstancias el proyecto no se desarrolló con eficacia. Se ha generado un desbalance del contrato. Se dejaron de construir ítems de la obra inicial, se realizaron nuevos ítems y en consecuencia mayores cantidades de obras, lo que finalmente, terminaron afectando el planteamiento financiero del proyecto y el tiempo de entrega de la obra objeto del contrato”, reportó la Contraloría.
En estas condiciones, la administración municipal fue negligente, faltó supervisión y una adecuada interventoría en la etapa contractual, concluyó la Contraloría General.
“Estos hechos configuraron un detrimento patrimonial al Estado con incidencia disciplinaria y fiscal. El daño patrimonial fue establecido inicialmente en 3.025 millones de pesos”, concluyó el organismo de fiscalización.
Esta cifra corresponde al valor ejecutado y pagado (según actas de recibo parcial No.1, por $ 1.001 millones y No. 2 por $ 417 millones, más el valor sin amortizar del anticipo, por la suma de 1.606 millones de pesos.