La cuestionada Fundación para el Buen Gobierno incumplió la construcción de dos colegios rurales en Aipe. Las obras que se adjudicaron hace más de dos años La cuestionada Fundación para el Buen Gobierno incumplió la construcción de dos colegios rurales en Aipe. Las obras que se adjudicaron hace más de dos años por un convenio interadministrativo se encuentran totalmente paralizadas. 450 estudiantes resultaron afectados. GINNA TATIANA PIRAGAUTA G. LA NACIÓN, NEIVA La construcción de seis modernas estructuras educativas en la zona rural de Aipe, norte del Huila, quedaron a medias.
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Paralizadas se encuentran las obras en las lejanas veredas de Santa Rita y Santa Helena, con avances del 45 por ciento y el 70 por ciento respectivamente. Los retrasos afectaron a 450 estudiantes que tienen que recibir sus clases en cafeterías, casas de familia, tiendas y discotecas de la localidad. Las obras que fueron adjudicadas a la cuestionada Fundación para el Buen Gobierno por el ex alcalde Luis Felipe Conde Lasso, fueron incumplidas por los contratistas de origen antioqueño. El Convenio Interadministrativo 232 de 2010, celebrado directamente por la administración local, ascendió a 5.540 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 4.317 millones de pesos. Los antiguos colegios de las veredas fueron derrumbados para edificar allí las nuevas instalaciones que tenían que entregarse terminadas en diciembre de 2010. Sin embargo, los trabajos se extendieron durante todo el año pasado. Ante la inconformidad de la comunidad, el interventor de la obra, Néstor Arce Vanegas, aseguró que la fundación cumpliría con lo pactado, pero esto nunca sucedió. Proceso legal 
Luego de la suspensión del Luis Felipe Conde Lasso por parte de la Contraloría, la alcaldesa encargada de Aipe Inés Elvira Durán liquidó unilateralmente el contrato. “La Alcaldía no podía permitir que transcurriera un tercer año sin que concluyeran las obras y el proceso para hacer efectiva las pólizas de cumplimiento inició desde el pasado 28 de diciembre”, dijo el alcalde electo Jesús Ernesto Álvarez. El nuevo mandatario aseguró que el proceso está en manos de la oficina jurídica del Municipio, pero que el trámite legal de la liquidación puede extenderse entre ocho y 10 meses. Sólo hasta que quede en firme la determinación, la Alcaldía puede intervenir las obras inconclusas porque de lo contrario incurriría en una falta administrativa. “Eso es lo que nos tiene limitados. No aceptamos las explicaciones dadas por el contratista y ya se está corriendo el tiempo para que la póliza se haga efectiva. Esperamos declararlo definitivamente liquidado, utilizar los recursos destinados para la terminación de la obra y realizar una nueva licitación”, dijo Jesús Ernesto Álvarez. Problemáticas 
Mientras las obras continúan paralizadas, los estudiantes realizan su proceso educativo en difíciles condiciones. La Alcaldía, la Secretaría de Educación Departamental y la comunidad, determinaron como alternativa que los alumnos de Santa Rita y Santa Helena recibieran sus clases en casas de familia, cafeterías, tiendas y hasta discotecas. Hacinados, estrechos, con pésima ventilación e iluminación, estudian los niños y jóvenes de Santa Rita. Frecuentemente tienen que rotar de salones y los estudiantes pasan mucho tiempo en las calles. Los pagos de los arriendos aún no se han girado y los profesores manifestaron su preocupación por no poder concentrar a todos los estudiantes y protegerlos, ya que la pequeña población cafetera está ubicada en una zona de difícil orden público. “Afortunadamente no tenemos grandes problemas de indisciplina, pero los niños corren peligro en las calles porque esta es una zona roja. Logramos desocupar el polideportivo con la ayuda de los profesores y la comunidad, para que los estudiantes tuvieran un espacio para la recreación y el deporte en la hora de descanso”, aseguró Gloria Eugenia León Delgado, rectora de la Institución Educativa de Santa Rita. Soluciones “Contemplamos realizar construcciones rápidas, pero esto nos tomaría mucho tiempo y consideramos más efectivo arrendar locales para no retrasar a los 450 niños, aunque sabemos que las condiciones no son las más optimas”, dijo el Alcalde. La ausencia de baterías sanitarias agrava la situación, ya que los baños de las casas locales no dan a basto para las necesidades fisiológicas de los alumnos. El mandatario local aseguró que tramitan con la Secretaría de Educación Departamental el suministro de baños portátiles como una medida de solución. Frente a las deficiencias en la iluminación que se presentan en los improvisados salones, Álvarez dijo que el Municipio acondicionará los locales adecuadamente para no afectar la salud visual de los niños. Ante el retraso en el pago de los arriendos de los locales, el Alcalde dijo que el trámite administrativo estará listo en el transcurso de un mes y que el Municipio le transferirá los recursos directamente al colegio para que realice los pagos. Pólizas de cumplimiento La Alcaldía de Aipe espera que la Fundación para el Buen Gobierno devuelva al Municipio 1.500 millones de pesos, correspondientes a la liquidación de las obras de Santa Rita y Santa Helena. Actualmente la administración local realiza una completa evaluación de todos los trabajos que se ejecutan en el municipio. “Estamos evaluando, supervisando, revisando informes de las interventorías y efectuando los análisis jurídicos de todos los contratos. El informe de Santa Rita es que a pesar que la interventoría aseguró que se ejecutó el 65 por ciento, las obras sólo avanzaron en un 45 por ciento y se les entregó en dinero el 75 por ciento. El contrato de Santa Helena se ejecutó en un 70 por ciento”, dijo el alcalde Jesús Ernesto Álvarez. Antecedentes de la Fundación La Fundación Para el Buen Gobierno cambió el año pasado su nombre al de Fundación para el Bienestar Global. La entidad sin ánimo de lucro fue demandada por el Presidente de la República por plagio, ya que Juan Manuel Santos creó en el año de 1994 la Fundación Buen Gobierno. El 19 de noviembre de 2008 se conoció que la entidad tenía entre sus principales clientes a la Contraloría de Antioquia, la Secretaría de Infraestructura Departamental y los municipios de San Francisco y Urrao. A través de la fundación se adjudicaron millonarios contratos para la ejecución de programas gubernamentales, especialmente de infraestructura. La Auditoría General de la República halló contratos con la Contraloría de Antioquia por 1.276 millones de pesos, el 23 por ciento del total de la contratación celebrada en ese periodo. Según la Auditoría, en el Contrato No. 70 de 2009, se evidenció que dicha fundación tercerizó los servicios que prestó. El ex congresista Ramón Elejalde denunció ante la Procuraduría, la Contraloría General y la Fiscalía, presuntas irregularidades que tenían como objetivo evitar el proceso de licitación de algunos contratos, “para adjudicárselos a los amigos y violar así la Ley de Contratación Administrativa”.
