Contratos de la Alcaldía de Neiva bajo la lupa de la Contraloría General

Dos contratos suscritos por la Administración Municipal y uno más celebrado por Empresas Públicas de Neiva durante la efervescencia de la pandemia del COVID-19, por un valor superior a los $3.000 millones, están bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

Lucía Sánchez

Temadelía@lanación.com.co

Las investigaciones de los entes de control en medio de la emergencia por el coronavirus no paran, la contralora de Neiva, Elin Marcela Narváez Firigua, reveló ayer tras su informe de rendición de cuentas, que por presuntas irregularidades la Contraloría General de la República asumió la investigación preliminar de dos contratos suscritos por la Administración Municipal y uno más por Empresas Públicas de Neiva, celebrados para la atención de la pandemia.

Es así que el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, decretó la intervención funcional de oficio sobre el contrato 679 por $1.994 millones para la adquisición de 10.000 mercados destinados a población vulnerable de los estratos 1 y 2 en el municipio y el 697 por $750 millones para el suministro de elementos de protección personal como medida de prevención, ambos suscritos por la Alcaldía de Neiva; además, del contrato 173, por $324 millones, firmado por Empresas Públicas de Neiva, para la compra de elementos de seguridad industrial para los funcionarios, laboratorio y archivo central en la ciudad.

De acuerdo con la contralora municipal, las investigaciones de estos contratos que en total suman $3.069.504.860 se iniciaron tras conocerse algunas alertas y denuncias ciudadanas interpuestas ante el ente de control.

Narváez Firigua, además advirtió que, con esta decisión, el nivel central asume las investigaciones de manera directa. Esto implica que la Contraloría General de la República iniciará actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados.

Los contratos 

Lupa en contratación

La contralora de Neiva, Elin Marcela Narváez Firigua, reveló, además, que al 30 de noviembre la Administración Municipal suscribió 247 contratos que en total suman 39.809 millones de pesos. “Venimos haciendo revisión de los contratos suscritos en virtud de la urgencia manifiesta por COVID-19, analizando la relación de causalidad e inmediatez de los objetos contractuales”, explicó.

Respecto al análisis de los contratos celebrados por la Administración Municipal durante la urgencia manifiesta, indicó que se han tenido en cuenta “aspectos que tienen que ver con la justificación de los contratos, la identificación de las características de los bienes y de los servicios contratados en relación a la atención, contención y mitigación de la pandemia, la revisión de los estudios de los precios unitarios asociados al proceso de contratación, identificando evidentemente las variables, lo que tiene que ver con legalización, manipulación, transporte o cualquier otro tratamiento adicional que requiera el bien o servicio contratado; asimismo, la verificación de los argumentos y las evidencias utilizadas por el municipio respecto a la idoneidad de los contratistas y el seguimiento a estos contratos”, precisó Narváez Firigua.

Hallazgos en contratación 

En relación a los hallazgos preliminares en los procesos de contratación de la Alcaldía de Neiva en el marco de la urgencia manifiesta, la contralora municipal informó que el primer análisis que realizó el ente de control correspondió a la remisión de la información al organismo fiscal, encontrando demoras de parte de la Administración Municipal en este proceso.

 “La Contraloría verificó que los contratos estuvieran cargados en el SECOP 1 y SECOP 2, sin embargo, la remisión de la información se ha hecho de manera tardía. Es importante indicar, que los reportes sobre contratación de urgencia manifiesta a este órgano de control no se han realizado de la manera más oportuna e inmediata, de acuerdo al plazo establecido”, señaló.

Otro hallazgo revelado por el órgano de control es que la Administración Municipal “ha desconocido lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto Legislativo 440 de 2020, que instó a las entidades territoriales en el marco del estado de emergencia, a preferir, para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, la compra por catálogo derivado de los Acuerdos o Convenios Marco de Precios en la tienda virtual de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente”.

Explicó Narváez Firigua, que “como la Administración Municipal desatendió esa directriz del Gobierno Nacional, le corresponde a la Contraloría verificar uno a uno los precios con los cuales compraron los bienes y servicios de características técnicas y uniformes durante la urgencia manifiesta; pero si ellos hubieran realizado las compras bajo estos Acuerdos o Convenios Marco de Precios de esa plataforma, la Contraloría no hubiese tenido dificultades en validar la contratación”, aclaró.

Se evidenció, además, según la contralora municipal, “que los contratos de la Administración Municipal fueron realizados bajo la contratación directa con ocasión de la urgencia manifiesta. “Lo que seguirá en adelante, es verificar el nexo causal entre los contratos y la declaratoria de urgencia manifiesta e inmediatez para la suscripción de los mismos. Debemos analizar no solamente la justificación de la contratación sino también el cumplimiento de los requisitos de la inmediatez y la conexidad que existe del bien y servicio que se compra con la urgencia manifiesta”, explicó.

“Todos los contratos los hemos venido auditando y una vez culmine la urgencia manifiesta, en el mes de marzo de 2021 según lo indica la Administración Municipal, tendremos un plazo de dos meses para pronunciarnos de cada uno de los contratos, tras adelantar auditorias, procesos de fiscalización y verificación sobre los mismos”, concluyó.