Según la Fiscalía, el alcalde Gorky Muñoz Calderón tenía un marcado e indebido interés para pagar favores políticos de su campaña. Sus colaboradores intervinieron en beneficiar indebidamente a los particulares. Alcalde no se allanó a cargos. Todos irán a juicio.
RICARDO AREIZA
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El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón; su primer secretario de Educación, Giovanni Córdoba, dos de sus asesores externos y los tres comerciantes de El Chaco (Nariño) quedaron formalmente vinculados a un proceso penal por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Como estaba advertido la Fiscalía General de la Nación les imputó tres delitos: indebida celebración de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. El peculado por apropiación anunciado inicialmente fue descartado.
Todos fueron imputados como coautores por esas conductas, cometidas en circunstancias de mayor agravación por tratarse de dineros públicos destinados para la alimentación escolar para sectores altamente vulnerables.
Las conductas se habrían cometido, en concurso homogéneo y sucesivo, con dolo, en coparticipación criminal, pero además, en circunstancias de mayor punibilidad para “atentar contra la administración pública”.
Ninguno de los imputados se allanó a cargos. “No acepto ninguno de los cargos, me declaro totalmente inocente”, afirmó Muñoz Calderón.
“En este escenario, todos en calidad de imputados, quedan formalmente vinculados al proceso y deberán concurrir a juicio”, advirtió la Juez Séptima Penal Municipal con funciones de control de garantías.
Las pruebas
Los dos contratos fueron adjudicados sin consultar los precios del mercado, sin verificar los antecedentes y la trayectoria de las empresas, ubicadas a 745 kilómetros de Neiva y a 16 horas de distancia, lo que resultaba inaudito.
Los dos contratos de suministro e interventoría fueron adjudicados a dedo en medio de la crisis sanitaria, soportados en la figura de la “urgencia manifiesta” decretada para contener la propagación de la pandemia. Esta circunstancia, según abogados de la defensa, los eximía de los estudios previos.
El fiscal Séptimo Seccional de Neiva Juan Carlos Durán Cujar, quien adelantó la investigación preliminar sobre la escandalosa contratación advirtió que las conductas fueron cometidas con dolo, pero además, violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
“La fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba para inferir la posible participación o intervención de todos ustedes en algunas conductas que el interés protegido de la administración pública”, afirmó.
Entre las pruebas técnicas, legalmente obtenidas, figuran numerosas interceptaciones telefónicas, que permitirán abrir otras líneas de investigación para instruir nuevos procesos.
Aportantes
Los contratistas fueron escogidos a dedo en un proceso de contratación amañado para favorecer a los contratistas foráneos, aportantes de su campaña.
Amparado en un decreto de calamidad pública expedido por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el alcalde Gorky Muñoz Calderón ordenó agilizar la contratación directa para favorecer a las empresas de Tumaco, “Muñoz Calderón tenía un claro y marcado interés en direccionar el contrato”, anotó.
Finalmente fue escogida a dedo la Asociación de Estudiantes Arfrodescendientes de Nariño (Asoformando) como operadora de este contrato.
El contrato de suministro fue suscrito con Carmen Rosaída Castillo Arboleda. (Ordenes No. 010 de 2020) y ese mismo día la Orden de servicios de interventoría No. 011 de fecha 6 de abril de 2020 adjudicada a la fundación Colombia Florece, representada legalmente por Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, miembro principal de la junta directiva de Asoformando, la entidad encargada de suministrar las raciones escolares para preparar en casa, lo que generaba de hecho, una expresa inhabilidad.
La misma figura se utilizó para la celebración de otros dos contratos para el suministro de 4.500 mercados adultos mayores, que no son objeto de la imputación.
Los contratos fueron firmados por el alcalde de Neiva Gorki Muñoz Calderón, por su secretario de Educación, Giovanny Córdoba y refrendado por los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho, quienes realizaron los estudios previos y proyectaron las minutas utilizadas a la carrera para beneficiar a las empresas aportantes a la campaña.
“Todos intervinieron de manera indebida en el trámite, gestión y celebración de los contratos, en coparticipación criminal para atentar contra la administración pública y ponerla al servicio de un particular, Otoniel Vergara, colaborador de la campaña política de Gorky”, aseguró el fiscal.
Según la Fiscalía, en ese afán por agilizar la contratación, repitieron hasta los errores ortográficos en la elaboración de las minutas. Incluso-dijo- errores de localización geográfica a ubicar a Tumaco en jurisdicción del Huila.
Beneficiario
Según la Fiscalía, el ex concejal de Tumaco (2016-2019), Haiden Otoniel Vergara Quiñones aparece como el principal beneficiario. El dirigente político de Cambio Radical figuraba como el revisor fiscal de Corsocial y Colombia Florece, y socio fundador de Asoformando, operador e interventor.
“Los contratos fueron direccionado para pagar favores políticos”, subrayó el fiscal.
Vergara Quiñones es investigado en otro proceso por irregularidades en la contratación del PAE en el distrito de Tumaco en agosto de 2015.
Conflicto de interés
Lo mismo ocurrió con Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, responsable de la interventoría, siendo directivo de la empresa operadora. Sin embargo, esa doble calidad, no fue advertida por los asesores jurídicos externos, encargados de revisar la documentación,
Los comerciantes foráneos hacían parte de una malla empresarial orquestada desde Neiva para manejar la contratación.
Contumacia
Carmen Rosaida Castillo Arboleda, ejecutora del contrato fue imputada en ausencia y fue declarada en contumacia (en rebeldía) al no concurrir a la audiencia de imputación, convocada desde el 16 de marzo.
La solicitud fue hecha por el fiscal del caso, ante la no concurrencia a pesar de haber sido notificada con tiempo, incluso por la defensoría pública. En este caso, al declararse la contumacia podrá ser detenida para concurra a la diligencia.
Según su apoderado Erick Ramos, la imputada argumentaba problemas de conexión.
Interés indebido
El alcalde Gorky, según la imputación, mucho antes de la iniciación del proceso tenía interés indebido en esa contratación.
Primero reasumió, sin justificación, ni acto administrativo que lo soportara, funciones delegadas y desconcentradas, que estaban en cabeza exclusiva de la Secretaría de Educación.
En segundo lugar, participó en el trámite, en el direccionamiento y en la celebración del contrato.
El contrato fue direccionado para devolverle los recursos que aportó a la campaña, en diferentes momentos y montos por el concejal de Cambio Radical.
Aportes
Aunque el fiscal no dio cifras en concreto, anticipó que hubo en diferentes cuantías y en diferentes momentos que exhibirá más adelante. “La Fiscalía cuenta con las pruebas técnicas para establecer esa inferencia. Existen elementos materiales y evidencia física legalmente recaudada, entre ellas varis interceptaciones telefónicas que así lo sugieren”, afirmó el fiscal.
Las interceptaciones estuvieron a cargo de dos fiscalías, la tercera especializada de San Juan de Pasto (Nariño) y la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva.
“Existen varios audios de interés que permiten inferir razonablemente la entrega de dinero para contribuir con la campaña, que serán objetos de otra línea de investigación, y, de otros procesos”, anticipó.
En concreto, el fiscal estimó que mucho antes de iniciarse el proceso de contratación, previamente el alcalde Gorky Muñoz habría contemplado devolverle los aportes a través de contratos como una contraprestación.
Para la época de la contratación, el asociado o tenía la calidad de socio, los elementos probatorios dan cuenta que para la época, Miguel Alfonso Banguera, ostentaba la calidad de asociado y hacía parte a su vez de la junta directiva, extractada de los certificado de existencia y representación legal, expedidos por la Cámara de Comercio.
Embargo
Durante la diligencia el fiscal solicitó la suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, que se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución.
Al haber sido imputado la juez dispuso el embargo provisional de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal por un término de seis meses para todos los imputados.
La juez de garantías, definirá a partir de hoy, si acoge o no las medidas de aseguramiento que sustentará la Fiscalía. En principio habrá medidas cautelares con detención efectiva para algunos de los imputados. Sin embargo, la decisión tardará varios días.
