El acuerdo donde el Concejo de Florencia autorizó a la alcaldesa Susana Portela El acuerdo donde el Concejo de Florencia autorizó a la alcaldesa Susana Portela para que incremente el cobro en las tarifas del alumbrado público, ha causado controversia en el sector de los comerciantes. LA NACIÓN, FLORENCIA Gran controversia ha generado el acuerdo municipal que incrementa el cobro en la tarifa de alumbrado público en el sector comercial e industrial de la ciudad, razón por la cual un grupo de ciudadanos lideran una campaña de recolección de firmas para que la administración no sancione la resolución. Esta iniciativa que sería sancionada por la administración municipal tendrá un fuerte impacto sobre los costos de los sectores comerciales, industriales y oficiales de Florencia, demostrado en las proyecciones efectuadas por la Cámara de Comercio y el empresario Jorge Alberto Guzmán, basados en los últimos registros de la Electrificadora del Caquetá. El acuerdo de incremento en el alumbrado público fue aprobado por 15 de los 17 concejales, y entraría en vigencia en 2013. Este establece siete rangos de consumo con tarifas que van desde 10.000 pesos por registros menores a 100 kilovatios, hasta un millón de pesos para mayores a 7.000 kilovatios. Beneficiados La medida favorece a 1.045 comerciantes de bajo consumo de energía, que pasarían de pagar 28.300 a 10.000 pesos mensuales, pero afecta a la vez a unos 1.372 mercaderes que deberán pagar tarifas que van desde 45.000 pesos hasta 1’000.000 de pesos, como lo expresa el empresario Jorge Alberto Guzmán. “Este acuerdo lesiona los ingresos y los recursos de los comerciantes que consumen más de 250 kilovatios, lo que resulta inequitativo porque algunos usuarios deberán pagar además del servicio de energía consumida cerca de un 47 por ciento por concepto de alumbrado público, mientras que otros usuarios pagarán por este mismo concepto sólo un 11 por ciento”, explica Guzmán. Igualmente el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia, Eduardo Moya Contreras, expresó que, “las nuevas tarifas para los comerciantes e industriales le generarán más de 206 millones de pesos mensuales a la administración municipal, un 129,68 por ciento más de lo que se paga actualmente, que asciende a los 89 millones de pesos. El alza de este servicio aumentaría los costos fijos de los empresarios y por ende éstos se trasladarían a los consumidores de bienes o servicios directamente”. Los entes oficiales tendrán que asumir gastos de alumbrado público mensual por un costo de 43’412.000 pesos, lo que representa un aumento del 384 por ciento, frente a los gastos actuales que es de 8’960.000 pesos. Entretanto, el reajuste para el sector residencial será de un 14,78 por ciento, al pasar de 91’816.753 pesos mensuales a 105’392.580 pesos. “El incremento a este sector es equiparable con la inflación de los años anteriores, mientras que el aumento a los sectores comercial e industrial y oficial resulta desproporcionado, ya que ligar el valor del impuesto a un rango de consumo representa entre el 11 y 47 por ciento de lo pagado por el consumo de energía”, expresó Eduardo Moya. El concejal del Polo Democrático, Felipe Andrés Pérez, quien fue uno de los que votó en contra de este acuerdo, explicó sus razones: “El sector residencial se ve afectado en los estratos uno, dos, tres y cuatro con un incremento del 15 por ciento y los afecta, porque nosotros sabemos que el salario mínimo no tiene un incremento del 15 por ciento, con este acuerdo se está afectando el poder adquisitivo de la población de menos recursos de la ciudad”. Agregó que este proyecto no presentó un estudio técnico, ni de mercadeo al sector comercial. “Este acuerdo permitirá que empresas grandes que tienen un alto consumo por más de 12 o 20 millones de pesos, paguen tan sólo un millón de pesos, mientras que un comerciante con menor consumo tiene un incremento de cerca del 47 por ciento”, afirmó Pérez. En resumen, la administración busca recaudar por mes 354’899.580 pesos, un 86,29 por ciento más de lo que recibe actualmente que es 190’507.753 pesos. Ciudadanos inconformes Debido al gran malestar que este acuerdo municipal ha despertado, un grupo de ciudadanos, comerciantes y miembros de organizaciones con el apoyo del concejal Andrés Felipe Pérez, han iniciado una maratónica recolección de firmas para que la administración no sancione esta resolución que afecta significativamente el bolsillo de los florencianos. Por su parte la alcaldesa de Florencia, María Susana Portela, expresó que el tema está siendo analizado para posteriormente en un Consejo Comunitario comentarles a los comerciantes las decisiones. “Efectivamente estamos analizando ese tema con las personas indicadas, y ya próximamente en un Consejo Comunitario tomaremos una decisión. Pedí al secretario de Hacienda, a la jefe de alumbrado público y su equipo de trabajo, que me hicieran diagnóstico en valores absolutos y posteriormente haremos el consejo para contarles a los comerciantes qué ha pasado al respecto”, puntualizó la mandataria. María Susana Portela, alcaldesa de Florencia. Eduardo Moya contreras, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florencia.