Cooperativas, ‘al límite’ por acecho de disidencias de las Farc

Por no ceder ante las pretensiones de los grupos armados de manera ilegal, el sector del cooperativismo en el Huila sigue padeciendo repercusiones. A los ataques con artefactos explosivos se suma la disminución en los recaudos de cartera, dado que los asociados prefieren pagar las ‘vacunas’ y no las cuotas de crédito, lo que llevó a que la Supersolidaria les llamara la atención. Eso afecta a las cerca de 180 entidades que agrupan aproximadamente 450 mil asociados en el Huila.

Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co

En una mesa de seguridad que se desarrolló con el fin de escuchar a los líderes de los diversos sectores de la región, quedó expuesta la odisea que vive el cooperativismo en el Huila. Su decisión de mantenerse firme ante los acechos de las disidencias de las Farc les ha traído consecuencias.

Lo anterior se ratifica con el último ataque que vivió la sede de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel (Coofisam) en Gigante, centro del Huila. A esto se suma el registrado en Hobo durante el mes de diciembre contra otra sede de la misma entidad.

Israel Silva Guarnizo, director ejecutivo de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Asocooph), señaló que todas estas acciones terroristas orquestadas por las disidencias de las Farc afectan la economía y el tejido social en el departamento. También perjudican la dinámica de cumplimiento del recaudo de cartera.

Después de las cooperativas de ahorro y crédito, las de agricultura son las más acosadas, seguidas por las de transporte y salud. “Casi a todas las han venido asediando. A las cooperativas les vienen exigiendo y presionando para asistir a ciertos sitios para definir el pago de las ‘vacunas’. Al no acceder a las pretensiones, se dan los atentados”, mencionó el líder gremial, quien agregó que eso se dio a conocer en el encuentro que se tuvo con el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, parte de su equipo de trabajo, altos mandos militares y de policía, además de las entidades encargadas de investigar y velar por los derechos humanos de la ciudadanía.

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El ‘jalón de orejas’ de la Supersolidaria

Ante ese panorama, la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), ente encargado de vigilar el sector, al analizar los indicadores, les llamó la atención por el bajo recaudo. Sin embargo, las cooperativas explicaron que esa disminución en las finanzas obedece a que los asociados, al ser obligados a pagar ‘vacunas’, incumplen con el pago de cuotas pactadas para responder por los créditos, generando cada vez un mayor deterioro en la cartera.

“El impacto es negativo. Pero eso no es todo, pues adicionalmente algunas cooperativas que tienen promotores comunitarios que van a las zonas rurales a ofrecer sus programas de afiliación se están viendo afectadas porque muchos de esos funcionarios se abstienen de ir por los riesgos que eso implica. De manera que la afectación es mayor porque parte de nuestra dinámica económica se da en esos sectores de mayor vulnerabilidad y exclusión”, sostuvo Silva Guarnizo.

Detalló además que la situación se refleja en “buena parte” de los municipios en donde las cooperativas hacen presencia, en especial en aquellas cuyos asociados son de zonas rurales. Es por eso que, en aras de mostrarle la realidad, están adelantando gestiones para que María José Navarro Muñoz, superintendente de la Economía Solidaria, visite el Huila.

Siguen ‘firmes’ en no pagar ‘vacunas’

Por el momento y, aunque algunos, por temor, piensan en ‘arrodillarse’, Silva Guarnizo considera que debe mantenerse esa posición porque si se muestra debilidad se alimentará una situación de guerra y violencia.

“El sector cooperativo y empresas de economía solidaria, en buena medida son financiadas por los asociados; nuestro capital está constituido por pequeños aportes que poco a poco se han ido aumentando producto de la buena gestión. Entonces no consideramos la posibilidad de pagar estas extorsiones porque lo que sí tenemos claro es que en este país se debe avanzar hacia un diálogo sólido para que haya paz, que debe liderar el Gobierno Nacional, apoyado por los departamentos y municipios. Creemos que las estrategias e iniciativas de ‘Paz Total’ deben darse. Ahora, si hay dificultades que no permiten avanzar, deberían desarrollarse acciones para preservar la vida de la sociedad civil”, insistió el director ejecutivo de Asocooph.

“No pensamos salir de ningún territorio”

A pesar del crítico momento, de manera enfática precisó que no se tiene contemplada esa opción. En contraste, reclaman la solidaridad y apoyo de la ciudadanía para que respalden la acción cooperativa, protegiendo las empresas que “nos pertenecen a todos los ciudadanos” porque son las que han ayudado a resolver muchas necesidades de función social y económica.

Bajo esa lógica, añadió que, “en vista de como dice el lema de las cooperativas, ‘ayudan a construir un mundo mejor’, no pueden salir de los municipios donde cumplen un papel muy importante. No estamos dispuestos a salir de ningún territorio. Tenemos que reclamar de parte de los alcaldes, el Gobernador, las autoridades civiles, militares y de policía, la protección y seguridad. Antes que pensar en salir de los municipios, tenemos que exigir que nos protejan y cumplan el mandato constitucional”.

El llamado a Villalba Mosquera

Aprovecharon para solicitarle al Departamento y al Gobierno Nacional, específicamente al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, que asista a la región para que explique las dinámicas de diálogo que vienen teniendo con grupos insurgentes. Al gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, le pidieron que movilice, en conjunto, a la población y las organizaciones sociales, en aras de buscar interlocución con los grupos armados que están ‘ensañados’ con el sector y desarrollar un diálogo regional.

“Esperamos que las autoridades civiles y militares puedan seguir cerrando filas frente a estas acciones de los grupos armados. Queremos invitar a los actores subversivos a que respeten a la población civil y los empresarios, y no los incluyan en las acciones armadas”, puntualizó.

Fenómeno que afecta a la sociedad

El secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios, Juan Carlos Casallas Rivas, se pronunció frente a la denuncia y detalló que las extorsiones que ‘asfixian’ no solo a las cooperativas, sino a sus asociados, son un fenómeno que afecta la economía, el empleo y la sociedad en general.

Recordó una vez más que las acciones que se vienen desarrollando están dirigidas a la desarticulación y neutralización de los grupos violentos que son los responsables de estos hechos delictivos en la región. Aunado a ello, continúan pidiéndole al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, que lo concerniente a las extorsiones, reclutamiento infantil, secuestro y atentados terroristas se ponga sobre la mesa en las negociaciones que se adelantan.

“No podemos permitir que se siga dialogando con unos grupos que claramente no muestran voluntad de paz. Lo que ha expresado el Gobernador del Huila es nuestro total respaldo a las negociaciones, pero con los grupos que tengan una real voluntad de paz. Sin embargo, lo que observamos con gran preocupación es que en muchos casos esos espacios han permitido que estos grupos se sigan fortaleciendo económica y militarmente, pero además que sigan presionando, hostigando e instrumentalizando a la población civil”, anotó Casallas Rivas.

La solicitud a la fuerza pública es intensificar las acciones de vigilancia y control para prevenir que estos hechos se repitan en otras sedes de cooperativas en el departamento.

Esclarecimiento del 95%

En medio de todo, el jefe de la cartera informó que, gracias a la oportuna reacción y capacidad investigativa que hoy tienen los organismos de seguridad del Estado, cerca del 95% de los casos en los que se han detonado artefactos explosivos para presionar el pago de extorsiones, han sido esclarecidos.

Incluso hay capturados que están en manos de la justicia. Reconoció, sin embargo, que esos sujetos son simplemente redes de apoyo de esas estructuras y la manera de evitar que estos hechos sigan ocurriendo es capturar a los actores intelectuales que están dando las órdenes.

El secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios expresó que, “el llamado es intensificar los controles, aunque resulta complicado evitarlos dado que el modo en que operan es con dos personas a bordo de una motocicleta. Cuando el lugar está prácticamente sin vigilancia y están las condiciones, simplemente arrojan el artefacto explosivo, causando el efecto que ellos buscan”.

Una odisea que arrancó hace 10 meses

Según el diputado Omar Alexis Díaz Cuéllar, quien asistió a la mesa de seguridad, desde hace aproximadamente 10 meses las cooperativas vienen padeciendo esta incertidumbre. Esto genera impotencia habida cuenta que desde todos los escalafones se está priorizando el pago de ‘vacunas’ por temor, descuidando en este caso el pago de créditos.

“La realidad es que aún no existe un remedio para esta problemática. Lo alarmante es que ellos venían en un repunte significativo en materia presupuestal y desafortunadamente, a la hora de rendir los informes financieros, se ve que el panorama ha cambiado y ahora el recaudo es bajo”, contó Díaz Cuéllar.

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Efecto dominó

A pesar de ser uno de los sectores con mayor contundencia frente a sus posiciones, la incertidumbre se arrecia con cada acto violento ejecutado. El diputado indicó que “este tipo de hecho podría hacer que ellos cedan ante las pretensiones de los grupos armados organizados”.

Lo anterior genera un efecto dominó porque estas son pérdidas que se le suman a todos los recortes presupuestales existentes y que perjudican las finanzas del departamento.

Sedes de Hobo y Gigante, las últimas damnificadas

El último hecho registrado y el primero del 2025 fue en Gigante, Huila, el viernes 17 de enero. El atentado habría sido perpetrado por uno de los tres frentes del bloque comandante ‘Jorge Suárez Briceño’, liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdova’, que se encuentra en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ataque, al parecer, fue cometido por dos hombres a bordo de una motocicleta desde donde lanzaron el petardo. La onda explosiva causó daños materiales en la sede financiera Coofisam.

Un mes antes, más exactamente el 10 de diciembre, el grupo disidente también arremetió contra la misma entidad, pero en la sede de Hobo. “En la madrugada fue lanzado, al parecer, un artefacto explosivo improvisado contra las instalaciones”, manifestó ese día el coronel Carlos Téllez Betancourt, comandante del Departamento de Policía Huila.

Las sedes del Banco Agrario y Su Chance también sufrieron ataques durante la vigencia inmediatamente anterior en Algeciras y Gigante.

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