Gabriel Calderón Molina
Mientras los directores de las Corporaciones Autónomas regionales – CAR tengan como jefes a los alcaldes y a los representantes de los gremios de producción, no podrán tomar decisiones propias. Lo anterior lo comprueba los pobres resultados que se están presentando en el país con la contaminación del aire, de los ríos y del suelo.
Cuando se sustentó el proyecto de la Ley 99 de 1992, que dio vida al Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental, se dejó en la exposición de motivos una utopía que dice textualmente: “la reestructuración del sector ambiental y de recursos naturales es de fundamental importancia y debe efectuarse con la seriedad científica y honestidad política”. Esto originó el gran conflicto de intereses que han tenido las CAR, al involucrar a los sectores políticos y gremios en el nombramiento de directores y en la aprobación de los presupuestos.
En una labor técnica, como es el seguimiento y control ambiental del territorio, lo correcto es que se produzca un cambio en la ley desde los mismos principios. Ante todo, el rigor científico debe primar sobre otros conceptos. Dejar a la ciencia y a la academia arrinconada en este escenario, ha dejado una estela de depredación de los recursos naturales. Es la ciencia la llamada a encontrar soluciones, a efectuar muestreos, analizar resultados, proponer alternativas, realizar modelaciones y buscar cómo se previene el colapso ambiental.
Las corporaciones autónomas deben ser instituciones en las cuales se construyan laboratorios ambientales y se apropien recursos para estudios avanzados, para que a través de ellas se genere una nueva cultura ambiental en los ciudadanos con la cual se fortalezca el sentido de pertenencia hacia la defensa de la naturaleza para evitar que avance del cambio climático que anuncian los expertos, sino no se toman medidas de inmediato.
El problema no es la gestión que están realizando las corporaciones. El problema proviene de su concepción equivocada, por lo cual es prioritario que se modifique su objeto y se reestructuren sus funciones dotándolas de herramientas efectivas para que cumplan una labor que les permita controlar los abusos que se cometen contra la naturaleza. Corresponde al gobierno nacional presentar una propuesta coherente con la necesidad de proteger el medio ambiente, sobre todo en un país que se enorgullece de tener la mayor biodiversidad del planeta. De lo contrario las CAR seguirán siendo un foco de burocracia al servicio de los políticos.