Yilber Leandro Saavedra
En meros discursos de campaña han quedado los propósitos de acabar de raíz la corrupción en Colombia, o al menos de tener algunos avances significativos en desmontar parte de su estructura.
Según el último informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, nuestro país no ha logrado avances para combatir de manera efectiva el principal problema que tiene.
El informe destaca que Colombia hace parte del grupo de países que muestran signos de estancamiento o de retroceso en sus esfuerzos anticorrupción. Con una calificación de 37 puntos en promedio, sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción.
En esta medición, Colombia se ubica en el puesto 96 entre los 180 países evaluados. A pesar de mejorar tres puestos en comparación con el año anterior, la verdad es que por ahora no se logra una variación significativa del puntaje que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100 desde el año 2012.
La forma sistemática como funciona la corrupción y sus poderosos protectores, ha convertido esta lucha en un discurso utópico y comercial.
En regiones como el Huila, es pan de cada día encontrar políticos proclives a la corrupción, la existencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el ejecutivo, la falta de sanciones efectivas, la cooptación política a los entes de control, el abuso del poder en sector judicial, policía y militares, entre otros aspectos. Todos bajo el conocimiento, repudio o complicidad de los actores de la sociedad. También hacen parte del nuestra oferta regional y nacional los conflictos de interés, las “puertas giratorias”, y la actividades de lobby para obtener privilegios en la administración pública.
Desde la Red Nacional de Observatorios, que hace seguimiento a las acciones de los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, hemos apoyado la propuesta de la Corporación Transparencia por Colombia sobre la necesidad de avanzar en una reforma política de fondo que incluya medidas más efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas y partidos; las propuestas han sido comunicadas al gobierno en la Conversación Nacional abierta y generada producto de las manifestaciones sociales.
Los resultados nos muestran que el país tiene la misma foto de hace ocho años; con diferentes actores políticos (al menos en representación) pero conservando las mismas prácticas corruptas, que pasan de generación en generación, como la peor de las herencias.