La Corte Constitucional convocó para el 28 de abril una audiencia pública para tratar el tema de los líderes sociales en el país. De acuerdo con Indepaz, entre enero y marzo del presente año se han presentado 48 asesinatos.
Para el próximo 28 de abril, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para discutir sobre un tema preocupante en el país y es la inseguridad y constantes amenazas en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Esta audiencia se llevará a cabo en el marco del estudio de nueve tutelas que fueron presentadas por diferentes líderes sociales y organizacionales de derechos humanos. Los temas más denunciados fueron violaciones a su integridad personal, libertad de asociación, participación política y el derecho a defender los derechos humanos.
De igual forma, los líderes le comunicaron a la Corte Constitucional que el Gobierno Nacional tiene la obligación de protegerlos con esquemas de seguridad, pues “las amenazas y los atentados no disminuyen y los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial”.
Por otro lado, en las tutelas presentadas a la Corte, también denunciaron la falta de compromiso de la Fiscalía para esclarecer los hechos “por amenazas contra defensores de derechos humanos”, igualmente indicaron que algunos líderes sociales no cuentan con protección de la UNP; y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
“Las audiencias públicas constituyen un instrumento idóneo y eficaz para lograr mayor ilustración sobre las cuestiones que puedan tener incidencia en la resolución de los asuntos que debe decidir”, dijo la Corte.
Cifras
De acuerdo con Indepaz, entre enero y marzo del año 2022, 48 líderes sociales han sido asesinados, mientras que en el mismo periodo del año pasado, 42 fueron las víctimas. Los departamentos de Arauca y Cauca han sido los más afectados por esta problemática que no parece tener fin.
Ejes
De acuerdo con la Corte, el debate se dividirá en cuatro ejes: en el primero la Corte citó a organizaciones como Dejusticia, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección para que expongan la situación actual de protección a la vida y la integridad de los líderes sociales.
El segundo eje se centrará en las medidas adoptadas por el Estado para proteger a esa población; para esto están citados los ministerios de Interior y Hacienda, la Procuraduría y otras organizaciones.
La Federación Colombiana de Municipios, Gobernación del departamento del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades deberán explicarle a la Corte la efectividad de las rutas de protección y medidas para proteger la vida de los líderes sociales en el tercer eje.
Mientras que en el cuarto y último eje, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Human Rights Watch están citados para exponerle a la Corte todo lo relacionado con la garantía de protección a la vida y a la integridad de los líderes sociales acorde con el Acuerdo Final para la Paz.
En este aparatado, el Gobierno y la Misión de la ONU deberán explicar las acciones que se deben implicar y las que en efecto se han adoptado, según el acuerdo de paz, para proteger la vida de esta población. Este caso está en manos del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.