Muchas dudas e interrogantes despierta el caso de la bodega con archivos de la Procuraduría y la Registraduría que fue desvalijada en el sur de Neiva y cuyos hechos fueron denunciados la semana pasada a través de LA NACIÓN.
Y no son archivos sin ningún significado. Estamos hablando que desaparecieron los archivos electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil con los guarismos impugnados por fraude electoral. También se perdieron los expedientes de la Procuraduría General de la Nación con todos los procesos adelantados en los últimos treinta años contra los servidores públicos.
Los archivos fueron extraídos por sujetos desconocidos, de la noche a la mañana, de un edificio adecuado como bodega, localizado en el barrio Bogotá. El inmueble, en total abandono, está ubicado en la calle 7 sur con carrera 22 con una extensión de 1.451 metros cuadrados.
Adicionalmente, ha trascendido que en esta bodega también estaban los archivos de las denuncias de violaciones de derechos humanos en la región. Increíblemente, además de los archivos documentales, se llevaron puertas y ventanas, muebles y tubería.
Lo más grave del asunto es que la Administración Municipal había requerido tanto a la Registraduría como a la Procuraduría General de la Nación para que retiraran ese material, ya que la bodega iba a ser intervenida. Sin embargo, no atendieron las solicitudes.
¿Es posible que en Neiva no haya vigilancia para la protección de documentos que son bienes de uso público? ¿Por qué a la Registraduría y a la Procuraduría no les importó la conservación de los documentos? ¿Quiénes fueron los autores del robo de esta documentación? ¿A alguien le importa la conservación de la memoria del conflicto armado en el Huila? ¿Ya hay investigaciones en marcha por este asunto?
“¿Es posible que en Neiva no haya vigilancia para la protección de documentos que son bienes de uso público? ¿Quiénes fueron los autores del robo de esta documentación?”