Jorge Andrés Géchem
Es preocupante situación financiera actual de las Empresas Sociales del Estado (ESE) en el Huila y Colombia. Principalmente las municipales que son las de primer orden o bajo nivel de complejidad. Llamo la atención especialmente sobre aquellas categorizadas bajo riesgo financiero por parte del Ministerio de Salud.
Todas las ESE en general tienen una difícil realidad. Enfrentan los no pagos oportunos por parte de las EPS, el no pago aún de la vacunación y por pruebas Covid. Sobreviven escasamente de los traslados por la respectiva administración municipal o departamental. En el Huila, recientemente mediante resolución 2588 de 2021 la Secretaría de Salud realizó una transferencia directa a 18 ESE municipales, por un monto de $50 millones, exceptuando a Tesalia y Pital que fue por valor de $41.605.282, con el objetivo de garantizar prestación de servicios a raíz de la pandemia. Un esfuerzo presupuestal importante pero insuficiente.
En cuanto a la categorización en riesgo financiero, que es pública, debe servir como campanazo de alerta y obliga a una especial atención, seguimiento y medidas a corto, mediano y largo plazo. No podemos permitir se repita la historia en el Huila de la liquidación de la ESE de Altamira y posterior fusión con la ESE de Guadalupe.
En riesgo financiero están las ESE de Hobo, Íquira, Nátaga, Paicol, Pital y Tello según la resolución 1342 de 2019 del MINSALUD. Adicionalmente, venían en riesgo las ESE de Rivera, Villavieja, Yaguará y Tesalia, las cuales se encuentran en ejecución de su plan de saneamiento fiscal y financiero.
La Ley 1438 de 2011 en su artículo 81 señala que las empresas sociales del estado categorizadas en riesgo medio o alto deben someterse a un programa de saneamiento fiscal y financiero que requiere aprobación del Ministerio de Hacienda. El incumplimiento a dicho plan acarrea responsabilidades disciplinarias y fiscales, intervención por parte de la Superintendencia de Salud y liquidación o supresión, o fusión de la entidad.
Si se hubiera realizado categorización en el 2021 seguramente el panorama sería muy crítico. Es necesario dimensionar el riesgo financiero y entender las causas, realizar estricto seguimiento al cumplimiento de los planes de saneamiento y generar estrategias encaminadas a evitar que a futuro éstas 10 ESE y las demás en el Huila recaigan en riesgo.
Las ESE del Pital e Íquira necesitan que el MINHACIENDA les apruebe por fin su plan de saneamiento. Las ESE de Villavieja, Yaguará y Tesalia reclaman una mano urgente por parte del Gobierno Departamental con unos recursos este año para completar sus planes de saneamiento. Es necesario mayor inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud a las EPS y el compromiso de las EPS para los pagos oportunos a las ESE. Por la pandemia, la próxima categorización no debe ser antes del 2023 y sería bueno evaluar la posibilidad, en casos puntuales, de ampliar o prorrogar los plazos para los planes de saneamiento por 2 años más. Finalmente, hay que revisar el Documento de Red Departamental y lograr una mayor concertación.
Este no es un tema solo de números sino de profundo sentido social. No reducir servicios como urgencias. Pensemos alternativas. Debemos lograr eficiencia administrativa y financiera de las ESE, sin politiquería ni corrupción, y a la vez, garantizar el servicio público esencial de salud con inmediatez a los ciudadanos, que significa la protección al derecho fundamental a la salud y la vida.