La región del Catatumbo en Norte de Santander atraviesa una crisis humanitaria. Las acciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han dejado hasta el momento 80 muertos y 5.000 desplazados. Esta es una zona con presencia histórica de actores armados que se han disputado un territorio estratégico para el control del narcotráfico y por su ubicación geográfica (frontera con Venezuela) que les permite libertad de tránsito a los grupos ilegales entre las dos naciones. La arremetida del ELN es contra aquellas personas de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, sus familias y las que consideren aliadas.
A pesar de la voluntad que ha tenido el gobierno actual en cabeza de Gustavo Petro para negociar con los actores que siguen en armas, entre ellos el ELN, en las actuales condiciones de violencia los diálogos son insostenibles. El ejecutivo ha dicho que no sigue el proceso con este grupo. ¿Qué hacer ahora? La línea de los gobiernos frente a escenarios de conflicto armado ha estado más cercana a una de estas dos opciones: la intervención militar para retomar el control territorial o negociar para disminuir los niveles de violencia. La primera, desarrollada durante el gobierno de Álvaro Uribe, dejó una huella imborrable por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado; la segunda opción ha fracasado varias veces y, a pesar de ello, cuando se ha logrado negociar con algún grupo armado son muchas las vidas que se han salvado. El gobierno actual demuestra voluntad de diálogo con los grupos armados y su política de Paz Total es ambiciosa. No obstante, la historia evidencia que las negociaciones de paz deben contar con una ruta clara que permita avances concretos de las partes. El proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC-EP tuvo momentos difíciles en los que parecía romperse, pero la claridad metodológica hizo que saliera adelante; la mayoría de los integrantes de la organización insurgente entregaron las armas y se incorporaron a la vida civil. Muchos de ellos han sido asesinados por la desidia y la poca voluntad de los sectores políticos y económicos para promover la paz y una sociedad más justa e incluyente. La nefasta administración de Iván Duque quiso aniquilar el Acuerdo.
Ahora el gobierno encabezado por Gustavo Petro se encuentra en la encrucijada de tomar medidas de emergencia; es necesario que revise su política de Paz Total teniendo en cuenta que los diálogos deben ir acompañados con medidas en torno a la garantía de derechos fundamentales que permitan romper el círculo vicioso de la violencia.