José Manuel Acevedo M.
Estoy de acuerdo con quienes dicen que la tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema que ordena, entre otras cosas, pedir perdón por los excesos que cometió la fuerza pública el pasado mes de noviembre, es de obligatorio e inmediato cumplimiento.
El contenido de esas disculpas, por polémico que resulte, debe surtirse como lo dispuso la mayoría de esa Sala y dirigirse concretamente a los hechos que dieron lugar al pronunciamiento judicial.
Dicho esto, también concuerdo con quienes advierten un exceso en el uso de la tutela para decidir sobre algunos asuntos y un cierto abuso de los jueces para impartir órdenes a diestra y siniestra y usar expresiones lesivas del orden institucional. Por eso me gusta que sea la Corte Constitucional la que, por la vía de una selección de la tutela, zanje la discusión en el sentido que sea y se permita oír todas las voces y tomar su decisión con ponderación y aplomo.
“Pedir perdón”, en términos jurídicos, implica niveles de responsabilidad que van más allá de las palabras y tiene un impacto que debe considerarse con cuidado. Si se quiere declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma, de un protocolo o de una directiva, quizás la tutela no sea la herramienta para lograrlo. Si, por otro lado, se quiere condenar a la Nación y a sus agentes por hechos negligentes o conductas reprochables, tampoco la tutela es el camino, sino las instancias disciplinarias y contenciosas que, en este caso, no se agotaron.
Pero todavía más, si se quiere plantear un “antagonismo violento entre las fuerzas militares y los manifestantes”, como ha dicho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en discutible auto de medida provisional, no son los jueces sino los opinadores los que pueden eventualmente lanzar semejantes juicios de valor que terminan dando pie a injustas y peligrosas generalizaciones como que “la policía mata” o “todas las fuerzas militares están hechas para oprimir al pueblo”.
Eso le queda bien a Petro pero no a unos honorables magistrados, cuyo nivel de responsabilidad debe ser, a todas luces, superior que el de cualquier otra autoridad.
Así que, por supuesto, que hay que acatar y cumplir las decisiones que toman los jueces pero no pueden quitarnos el derecho a los ciudadanos de cuestionarlas desde estos espacios, ni al gobierno de ventilarlas ante quien corresponde, en este caso la Corte Constitucional.
No por sentirse superior a las otras ramas del poder público o por instituir una “dictadura de jueces”, la judicatura ganará confianza y respaldo ciudadano. Por el contrario, es la correcta y serena aplicación del derecho la que puede llevarnos a una democracia plena.