La Nación
COLUMNISTAS

Curadores urbanos (tercera entrega)

Existen fallas en la prestación del servicio público de las Curadurías Urbanas, hay que reconocerlo. La primera razón de esta falla tiene su origen en la paquidérmica reacción de los gobiernos municipales, así como del Ministerio de Vivienda, frente a los procesos de selección y nombramiento para designar Curadores Urbanos. En varias ciudades del país se cuenta con Curadores Urbanos nombrados en provisionalidad y no a partir de un concurso de méritos, lo que conlleva desconocimiento de elementos mínimos exigidos a nivel de formación y experiencia, para quien asume tamaña responsabilidad.
 
En otros casos, y aún a partir de procesos de selección por méritos, sobreviene falta de calidad en los equipos interdisciplinarios de cada Curaduría, ausencia de rigor en los procedimientos administrativos y lentitud en la función pública, hecho que solo se supera con la implementación de presupuestos mínimos con los cuales deben contar las Curadurías Urbanas para ser eficientes, y en especial, con la verificación periódica de tales presupuestos, de forma tal que las debilidades y fallas no estén condicionadas a la revisión de las licencias expedidas, sino a una vigilancia a nivel de logística administrativa.
 
En segundo lugar, es clara la necesidad de ampliar el número de Curadurías Urbanas en no menos de quince ciudades principales del país. A la fecha en un alto número de capitales departamentales solo se cuenta con dos Curadurías Urbanas, circunstancia que se traduce en ineficiencia de labores y lo que es más grave aún, en la imposibilidad de forzar a un mejoramiento continuo de estas entidades, por cuenta del oligopolio en la prestación del servicio público, dado que no existe una presión social ni una consecuencia legal efectiva, que censure la falta de calidad técnica, jurídica y administrativa.
 
Ni qué decir de ciudades en las cuales solo se cuenta con un solo Curador Urbano, o de municipios con más de cien mil habitantes -condición que por ley los obliga a contar con al menos dos Curadurías Urbanas-, que continúan sometidos al poder burocrático de las Secretarías de Planeación y no a perfiles técnicos idóneos e independientes de interese políticos, que como está probado, pueden encontrarse en innumerables personas con la formación y capacidad de servir como Curadores Urbanos.
 
De otra parte, es reprochable e inadmisible que algunas Curadurías Urbanas dispongan de trámites y requisitos adicionales internos, ajenos a los procedimientos administrativos reglamentarios de orden nacional, que solo contribuyen a dilatar sin justificación alguna el pronunciamiento sobre las licencias y demás actuaciones que les corresponde. Es necesario garantizar calidad a través de equipos interdisciplinarios de primer nivel, con responsabilidades públicas personales, no solo circunscritas al Curador Urbano sino a los arquitectos, abogados, ingenieros y demás profesionales vinculados.