“Los compromisos de palabra que tenía el gobierno anterior terminaron cuando empezó este nuevo gobierno”. Con esta tajante afirmación, Deicy Martina Cabrera, jefe del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, expresa lo que para algunos sectores del pasado gobierno, comunidades y alcaldes es ya una intención clara del gobierno departamental que preside Carlos Mauricio Iriarte: “borrón y cuenta nueva”; esto es, que muchas de las obras que fueron planteadas por la pasada administración departamental de Cielo González Villa se quedarán sin ejecutar.
La lista de obras era bastante larga. Durante una parte de su mandato, la entonces gobernadora definió junto a comunidades y alcaldes un extenso listado de proyectos que ejecutaría durante su gobierno. Desde un hospital en Pitalito, pasando por un distrito de riego en Palestina y un megacolegio en Saladoblanco, hasta centros recreacionales en Acevedo, Cielo González priorizó un vasto paquete de proyectos en todos los municipios del Huila.
La ilusión y expectativa eran grandes, aunque para algunos resultaba entonces evidente, avanzado ya el año 2012, que la mandataria no finalizaría su período administrativo, como efectivamente ocurrió. No obstante, se confiaba en que los proyectos priorizados podrían ejecutarse.
Tan así fue que el entrante gobernador, Carlos Mauricio Iriarte, habló al comenzar su gobierno que haría “ajustes al Plan de Desarrollo”. A una pregunta de LA NACIÓN sobre cómo iban esos ajustes, a comienzos de mayo pasado, Iriarte contestó que “estamos trabajando rápidamente con todo los equipos de la Gobernación, lo que quiero es hacer cambios sin traumatismos. Estamos comparando qué tenemos en común con el Plan de Desarrollo anterior para integrar rápidamente y poder hacer el proceso que está designado para cuatro meses, pero queremos hacerlo en la mitad del tiempo. Pero vamos a andarle rápido para lograrlo”.
Eso podría implicar el compromiso de ejecutar lo que Cielo González definió en su momento. Pero muy pronto vendría un giro que para muchos resultó inesperado. En junio, el gobernador Iriarte emprendió un camino nuevo. A partir del 15 de ese mes, desarrolló una serie de maratónicas jornadas para “concertar con alcaldes, concejales, diputados y comunidad, lo que serán las bases del plan de desarrollo que regirá su mandato que se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2015”.
Deicy Martina Cabrera, jefa del Departamento Administrativo de Planeación del Huila.
Según lo refirió en ese momento Deicy Martina Cabrera, jefa del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, “el propósito de estas jornadas denominadas ‘Acuerdos para la Competitividad’, es ser un espacio en el que se podrán priorizar las obras, proyectos e iniciativas que se viabilizarán en el presente gobierno”.
Lo que hizo el gobernante fue emprender un proceso nuevo de concertación y de socialización de su propuesta programática, y se priorizaron con alcaldes y comunidades tres proyectos por municipio. Nada de ajustes al Plan de Desarrollo que venía del gobierno anterior. Ni más ni menos, un nuevo Plan de Desarrollo.
Cambios
La nueva hoja de ruta trazada por el actual gobierno proyectó una imagen dinámica, pero también está dejando algunas caras largas. “El gobernador está orientando su propuesta para periodo ordinario, pero desde luego no es un período normal sino uno atípico”, dijo a LA NACIÓN una fuente que pidió reserva para su nombre.
La misma fuente recordó lo ajustado de los plazos para socializar el Plan, aprobarlo en la Asamblea y luego ejecutarlo. “Es un freno crítico a la administración en general”.
Pero desde el interior del gobierno departamental hay otra perspectiva. “Este es un gobierno nuevo, legítimo, que debe cumplir, de acuerdo con la ley 131 de 1994 que reglamenta el voto programático, lo que el gobernador en su programa de gobierno inscribió como candidato ante la Registraduría, y hoy se obliga a cumplir”, explicó la jefe del Departamento Administrativo de Planeación del Huila.
Y aclaró que el gobierno “tiene que seguir con la terminación de obras inconclusas y con los compromisos pactados del gobierno anterior. E igual ocurre con nosotros así el período sea más breve, pero es exactamente igual: seguimos en la terminación de obras inconclusas, seguimos con los compromisos ya pactados con presupuestos y con documentos, que tenemos la responsabilidad de continuar y tenemos un compromiso con la comunidad, que fueron los consignados en el programa de gobierno concertados en las jornadas con los 37 municipios en la concertación del Plan de Desarrollo ‘Huila Competitivo’ ”.
Solo si hay plata
Las afirmaciones son muy precisas, y se llega aquí a un punto excepcionalmente crítico, sobre el cual no todos los involucrados quieren pronunciarse. La realidad es que muchas -la mayoría- de las obras que fueron planteadas durante las correrías de la gobernadora Cielo González por los municipios no se van a ejecutar, porque no tendrían las apropiaciones presupuestales correspondientes.
Para Deicy Martina Cabrera, las obras que se ejecutarán, independientemente de en qué gobierno se iniciaron, son las que efectivamente tienen compromisos presupuestales: la plata asegurada para financiar su terminación, así como otras obras inconclusas. “De las obras grandes, el recinto ferial de Neiva, del que llegamos y tenía un 5% de avance, es nuestro compromiso llevarlo a buen término; la vía Isnos-Paletará-Popayán, que se había apoyado desde el Huila, hay en este momento una adición de cinco mil millones con el Instituto Nacional de Vías, que se está tramitando; el Parque de la Música, que venía en ejecución con recursos del Ministerio pero que tenía una licitación en curso: desafortunadamente se declaró desierta al solo haber un proponente que no cumplía con los requerimientos, y está a punto de salir de nuevo a licitación, por tratarse de una obra muy importante. En ella hay nueve mil millones de pesos del departamento y tres mil 500 millones del Municipio de Neiva en su segunda fase, pues la primera fue toda financiada con recursos del Ministerio de Cultura. Hubo un control de advertencia por parte de la Procuraduría, con base en el cual se están reestructurando los pliegos sin hacer cambios tan grandes, sino atendiendo las observaciones del ministerio público. Todos los procesos que venían financiados, nosotros tenemos el compromiso y se les dará continuidad”.
Lo demás, lo que no tiene plata asegurada, no se ejecutará: “los proyectos que eran compromisos que no tenían recursos pues obviamente vamos a actuar bajo nuestra nueva hoja de ruta que es nuestro Plan de Desarrollo”, señala Cabrera.
Alcaldes en silencio
Se trata de un asunto espinoso, sobre el que los alcaldes, por ejemplo, quienes ponen de manera directa la cara a sus comunidades por compromisos pasados que quedan así pendiendo de un hilo, o incluso sin esperanzas de ejecución, no quieren pronunciarse de manera puntual. “Ese es un tema bien largo”, precisó uno de los mandatarios municipales a quien LA NACIÓN interrogó sobre el asunto, pero su respuesta no fue más allá. Prefirió marginarse.
Otros alcaldes, como Wilson Díaz, de Timaná, toca el tema con pinzas: “Se ha sufrido un poco con el cambio de gobernador”, reseña sin más explicaciones. Pero en otros casos, la discusión ha sido más agria. LA NACIÓN conoció el contenido de crudo intercambio epistolar entre la gobernación del Huila y la alcaldía de Saladoblanco por cuenta de este tema. La gobernación remitió una comunicación (junio 11 de 2013) en la que se discuten los alcances del Convenio Interadministrativo No. 094 de 2013. El Municipio de Saladoblanco fue designado para construir un colegio, pero la gobernación encuentra reparos cuando afirma que el principal aportante de recursos (en 90%) para ese proyecto es el gobierno departamental, y que por esa razón, entre otros argumentos, la obra no debería ser ejecutada por el Municipio, y que este no está en capacidad de adelantar una obra de tal magnitud.
La respuesta, el 20 de junio pasado, del alcalde de Saladoblanco, José Ricardo Villarreal, contenida en una carta de nueve páginas, arranca con los siguientes términos: “Con gran extrañeza recibí su comunicación que sorprende además de su contenido, por los términos descomedidos en los que se refiere a la Administración que presido y a las capacidades del Municipio, la transgresión de la autonomía de la entidad y el desconocimiento de las directrices, procesos, requisitos, metodologías y criterios de funcionamiento del Sistema General de Regalías establecido por el la Comisión Rectora, así como de la normatividad vigente en materia de contratación estatal”.
El hecho es que, de cada diez obras que quedaron pendientes por ejecutar en el pasado gobierno, nueve no se harán, según cuentas del presidente de la Comisión del Plan de la Asamblea del Huila, Andrés Mauricio Muñoz. Y su explicación es diciente: “El Plan de Desarrollo es totalmente nuevo. La ley es clara y lo son los conceptos de Planeación Nacional, de que cuando hay cambio de gobierno por elección popular, no por designación, no se debe continuar con el Plan de Desarrollo anterior, sino hacer un Plan de Desarrollo nuevo conforme a la propuesta de gobierno que ganó en las elecciones”.
La semana que comienza se reunirán diputados y los secretarios del gobierno departamental, para analizar cómo se va a ejecutar el Plan de Desarrollo, qué obras están inconclusas y qué obras se van a terminar.
¿Alcanzan los plazos?
Para Deicy Martina Cabrera, el proceso que sigue no es fácil. “Es atípico desde todo punto de vista. Nosotros llegamos y hoy tenemos tres meses de gobierno, mientras que los alcaldes ya tienen año y medio, y el gobierno nacional está terminando su mandato. Estamos en un punto totalmente atípico. Pero hemos logrado a través de esa atipicidad captar la atención del gobierno nacional y que el presidente Santos mire al Huila con ojos generosos pensando en que la inversión en el departamento ha venido muy rezagada y que se debe hacer algo importante, y pronto”.
Según la funcionaria, se ha avanzado especialmente en el tema de infraestructura y vías. “Sin demeritar el avance que había, hoy tenemos en otra etapa mucho más adelantada la posibilidad de que nuestras vías sean de doble calzada no solo hasta Campoalegre sino hasta Pitalito, en una primera fase que iría hasta Gigante y una segunda a Pitalito. Había doble calzada Girardot-Castilla, y hemos logrado que se incluya Aipe-Neiva dentro del proyecto. Hemos solicitado que se incluya la variante de Timaná, porque se estaban proponiendo variantes de Campoalegre, Hobo y Gigante, pero Timaná no estaba incluida, y creo que nos han escuchado. Incluir el tramo Pitalito-San Agustín dentro de la concesión para que se le haga mantenimiento permanente. Todo esto creo va a generar un desarrollo para el Huila”.
Pero, además, viene la ley de garantías, que sujeta la contratación. Según la jefa del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, “el gobierno se va a preparar sin que vayamos a quedar en desventaja”. Y aún está pendiente el debate en la Asamblea del Plan de Desarrollo. A lo que responde: “Estamos discutiendo en la Asamblea y es que nuestro Plan de Desarrollo incluye lo que pensamos que podemos hacer en estos dos años y medio. No estamos incluyendo obras y acciones que no estén financiadas. Lo que esté incluido en el Plan de Desarrollo es lo que tiene recursos para su financiación”.
Mientras se toman estas decisiones, y sigue la discusión sobre las obras que podrían ser y no serán, y las que han de venir, el tiempo corre en contra. Pero no tanto en contra de gobiernos o sectores políticos, sino del propio departamento del Huila.
Andrés Mauricio Muñoz, presidente de la Comisión del Plan de la Asamblea del Huila.
