La reciente prohibición del colorante rojo No. 03 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) reabre el debate sobre las falencias regulatorias en torno al uso de colorantes y químicos cancerígenos por parte de la industria de alimentos. En el caso del colorante rojo No. 03, su prohibición es el producto de años de batallas legales presionando a la FDA para que procediera en este sentido. Esto, con sustento en estudios de hace cincuenta años, en los que el uso de este colorante en la alimentación de ratas, estuvo asociado al desarrollo de tumores.
Lo sorprendente del asunto, es que el argumento común que utilizan las agencias regulatorias para permitir el uso de este colorante, es la “ausencia” de evidencia científica que muestre el vínculo entre el colorante y el cáncer. En el caso colombiano, el INVIMA anunció el inicio de una revisión sistemática, con el fin de determinar la postura a adoptar al respecto. En mi opinión, considero que es una completa irresponsabilidad regulatoria hacer primar el interés de la industria sobre la salud y el bienestar de los colombianos. Especialmente, si tenemos en cuenta que se está hablando de un colorante que es fácilmente remplazable por otro. Sumado a esto, contamos con el principio de precaución, el cual nos dice que, ante la falta de evidencia científica sobre los efectos negativos que podría tomar una medida, se debe dar prevalencia a las decisiones que favorezcan y protejan a la mayoría. En resumen, lo responsable en el caso colombiano sería proceder con una suspensión temporal de la licencia del colorante rojo No. 03, mientras el INVIMA lleva a cabo las investigaciones y estudio que estime pertinentes.
Ahora bien, solo estamos hablando de colorantes, los cuales son en sí mismo, un universo regulatorio que plantea serias amenazas a la salud pública por su potencial vínculo con el cáncer y otras condiciones médicas. Digo esto, porque siento que es el momento de aprovechar la coyuntura, para que en Colombia se abra el debate sobre lo relativo al uso de empaques, conservantes y aditivos que también han sido identificados como potenciales agentes cancerígenos, de cara a su futura prohibición.