Dos alcaldes, un diputado y 14 concejales del Huila, los primeros blancos de acciones judiciales que buscan invalidar sus elecciones. Los medios de control electoral se abren paso en momentos en que los elegidos apenas estrenan sus curules.
RICARDO AREIZA
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Como era de esperarse, las demandas electorales abrieron el año judicial. Dos alcaldes, un diputado y otros 14 concejales se convirtieron en los primeros blancos de sus adversarios o veedores ciudadanos por violaciones al régimen de inhabilidades y a la transparencia electoral.
La primera demanda, como lo registró LA NACIÓN fue instaurada por la ex diputada Clara Inés Vega para recuperar la curul que le ganó en las urnas su copartidario Rodrigo Amaya Culma, según ella, porque hubo falsedad y fraude electoral.
Luego se radicó otra acción judicial en contra del electo y no posesionado alcalde de El Agrado, Carlos Alberto Murcia por supuesta corrupción electoral. Las dos ya fueron admitidas por el Tribunal Administrativo del Huila.
Sin embargo, la ola de acciones judiciales, como era previsible, siguió creciendo. Hasta ayer la corporación judicial tramitaba ocho medios de control electoral, notificadas en la primera semana de actividades de la Rama Judicial.
“En la primera semana del año judicial se han radicado numerosas demandas que están surtiendo los trámites iniciales. Por ahora, ocho ya fueron admitidas y se ordenó su trámite”, explicó un funcionario de la corporación judicial.
“Además, se advierten numerosas demandas contra la elección de personeros, duramente cuestionada por los mismos concursantes, por supuesta manipulación de los procesos”, aseguró un vocero de la Procuraduría.
Segundo alcalde
Después de El Agrado, la segunda acción de nulidad fue dirigida en contra del alcalde de La Argentina, Javier Hernán Rincón Silva.
El medio de control fue instaurado por Miguel Ángel Calderón Perdomo argumentando que el alcalde recién posesionado estaba inhabilitado. Las mismas razones se esbozaron durante la campaña. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral avaló su inscripción.
El ingeniero conservador obtuvo 3.879 votos superando al candidato liberal John Faver Sánchez (2.368 votos) y Fredy Cruz de Cambio Radical (1.178).
Adicionalmente, como medida cautelar solicitó la suspensión provisional del acto administrativo. Aseguró que Rincón Silva fue inscrito y elegido con violación de la inhabilidad consagrada en la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000.
La norma contempla que no puede ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.
En este caso, su hermano, el ingeniero Jesús Eduardo Rincón Silva, ejerce el cargo de director territorial Huila del Instituto Nacional de Vías (Invías).
La razón
Según el demandante, los directores territoriales fungen como autoridades administrativas y en ejercicio de sus funciones pueden elaborar y suscribir estudios para adelantar procesos contractuales; ordenar el gasto y contratar hasta la menor cuantía, en su respectiva territorial; suscribir adiciones, prórrogas y demás modificaciones a los contratos de mínima, menor cuantía y mantenimientos rutinarios de las vías de la red vial nacional, entre otras actividades.
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo. Sin embargo, negó la medida cautelar de suspensión y anticipó un probable sentido de lo que podría ser el fallo.
El magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, afirmó que el cargo de director territorial Huila del Invías no hace parte de la administración central ni descentralizada del municipio de La Argentina, sino de las entidades del sector descentralizado del nivel nacional.
En estas condiciones, “claramente se puede colegir que el señor Jesús Eduardo Rincón Silva no ejerció en la circunscripción municipal la autoridad administrativa que ostenta y por lo mismo no se avista que la causal de inhabilidad invocada se haya configurado, lo que da lugar a que la medida cautelar sea negada”, precisó. No obstante, admitió la demanda y ordenó su trámite.
Concejales en vilo
La segunda demanda de mayor impacto fue presentada contra todos los once concejales del municipio de Iquira.
La acción de nulidad fue instaurada por el ex concejal Jesús Durán Pineda, del Polo Democrático, estimando que se registraron supuestas irregularidades en los escrutinios.
En consecuencia pidió la anulación de los formularios E-24 y E-26 y las actas generales de escrutinios, proferidos el 29 de octubre de 2019 por la Comisión Escrutadora Municipal de Iquira.
Igualmente la nulidad de la elección de los concejales electos, John Silvio García Vargas, Olga Lucía Toro Trujillo, Eduardo Quintero Chila, Erminso Montealegre Riaño, Javier Covaleda Campos, Leandro Ladino Muñoz, Leonardo Oca Dindicue, Yinlander Díaz Cardozo, Jaime Humberto Toro Vallejo, Diego Armando Córdoba González y Javier Velásquez Andrade.
Jaime Toro, presidente de la corporación, confirmó que ya fueron notificados de la demanda y vienen preparando la defensa. En su criterio, la demanda no tiene fundamento.
Duran Pineda obtuvo 283 votos que resultaron insuficientes para revalidar su curul.
Renuncia anticipada
Finalmente en Hobo, Raúl Andrés Herrera demandó la elección de la concejal Ingrid Julieth Ortíz Trujillo, quien fue avalada por el movimiento Aico.
Según el demandante, la servidora pública incurrió en una inhabilidad al haber firmado y ejecutado un contrato con la ESE del Municipio de Hobo.
La joven concejal ejercía un cargo en el hospital local durante tres meses, entre el 3 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019, es decir, dentro de los doce meses antes de las elecciones del 27 de octubre de 2017. Obtuvo el primer lugar en su lista.
Al confirmar la demanda por una supuesta inhabilidad la concejal de Hobo, Ingrid Yulieth Ortiz Trujillo decidió renunciar al cargo, antes de posesionarse. Sin embargo, la acción judicial seguirá su curso.
Doble militancia
Saín Aguirre Montealegre promueve demanda Aurora Ramírez Cumbe”, por haber incurrido en doble militancia y en consecuencia se cancele su credencial. Actualmente el ‘transfugismo es una causal de nulidad, pero tendrá que demostrarse.
Según la reforma política, los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura. Si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.
Otras demandas
En Neiva, José Camilo Lizcano Triviño promovió otra demanda solicitando la nulidad de la elección del concejal Néstor Iván Rodríguez Andrade del Partido de la U. El concejal actualmente en ejercicio obtuvo 3.181 votos, la más alta votación en su lista.
En Garzón, el ex candidato a la Alcaldía, avalado por la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA) José Gabriel Calderón España, demandó la credencial del concejal Armando Muñoz Ramírez de Cambio Radical argumentando que se encuentra incurso en inhabilidad para desempeñar el cargo, al haber fungido dentro de los doce meses anteriores a la elección, como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Brisas de esa localidad.