Francisco Argüello
Hay más de una explicación pendiente. Y tendrá que darla el alcalde Gorky Muñoz, así no haya sido el que armó los listados, pero sí el que seguramente podrían endilgarle omisión los organismos de control si no aclara con detalles lo ocurrido. ¿Por qué dentro del contrato 680/2020 de la Alcaldía de Neiva, cuyo objeto era entregar kit a menos favorecidos por la pandemia, le entregaron un mercado a Pedro Quitín Peda? Él, de cédula 304894, está muerto desde el 5 de abril de 2016, según lo certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Don Luis Enrique Bahamón Ortiz también salió favorecido, pero su cédula 12.104.264 de Neiva, aparece en un acta de defunción. Falleció el 13 de diciembre de 1999. La misma historia ocurrió con Lucila Dusán. Partió a la eternidad desde el 2 de enero de 1998, pero los funcionarios de la Alcaldía la encontraron ‘viva’- según los listados-, en la Carrera 22 A con 1 B de Neiva.
Don Darío Zudiga, otro de los supuestos beneficiarios, está muerto desde el 1 de marzo de 1996, según la Registraduría, pero supuestamente (no entiendo cómo), recibió un kit en su casa en la calle 71.
Por su parte, a Julio César Melgar Prado, le beneficiaron entregándole supuestamente otro mercado en su casa en la Calle 77 N. 1 A-34, pero según la Registraduría, está muerto desde el 4 de abril de 1999.
Y así, sucesivamente, la contralora Elín Marcela Narváez Firigua y su equipo auditor fueron escrutando datos minuciosamente y descubrieron que 88 muertos aparecían en los polémicos listados.
El número de historias similares es evidente, pero empezó a generar sospecha cuando la contralora Narváez Firigua, encontró algunas inconsistencias en los beneficiarios: A Higinio Trujillo Ramírez- por ejemplo-, le entregaron alimentos y en lugar de escribir su dirección aparece: ‘familia Escobar Quimbaya’. La historia se repitió en más de 50 casos, entre ellos, con Luis Alberto Guaraca, José Hilario Hoyos, Arsenio Trujillo, entre otros. No les aparece dirección, sí “casa de la familia …”, o lote 74, pero no se indica el barrio o invasión. ¿Por qué no especificaron la dirección de domicilio? ¿Negligencia o no querían que les ubicaran?
La Contraloría- a raíz de la sospecha- empezó a indagar. Se apoyó en la Registraduría y, oh sorpresa: no solo los muertos recibieron kit, también los presos. Internos de la Cárcel de Neiva se beneficiaron. Sin embargo, el Inpec, aunque certificó que eran reclusos y estaban bajo su responsabilidad, no especificó- según me cuenta una fuente-, si durante esos días les otorgaron casa por cárcel (pudo ocurrir).
El tema no es de poca monta y tendrá que ser Gorky Muñoz quien, de la mano de sus funcionarios, aclare lo ocurrido. Y determinar, casa a casa, si los engañaron pasándoles cédulas de muertos. O, si por el contrario, es algo más de fondo que deben examinar los organismos de control porque una cosa son 10 muertos entre 5.000 beneficiarios, pero 88 no parece equivocación. O, en su defecto, que aparezcan si están vivos y refuten la información a la Registraduría.